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El estallido social llegó a Perú y Alan García opta por la mano dura

Las demandas contra las políticas neoliberales del gobierno se recrudecen. Ayer, el sector campesino se sumó a la huelga indefinida de los docentes y un dirigente fue baleado por la policía.

 Por Carlos Noriega
desde Lima

Las protestas contra el gobierno de Alan García no cesan, a pesar de la dura represión. Cerca de 300 detenidos, cuatro muertos y decenas de heridos es el saldo de casi dos semanas de protestas antigubernamentales en prácticamente todo el país. A los maestros en huelga hace doce días –en rechazo a una nueva ley que los somete a evaluaciones para conservar el puesto y que ellos aseguran pretende despedir maestros para reemplazarlos por otros afines al gobierno– se ha sumado un paro agrario que ha paralizado buena parte del interior del país. Ayer, un dirigente campesino, ex alcalde de un poblado de la zona, murió de un balazo en el pecho cuando la policía atacó a un grupo de huelguistas que bloqueaban una ruta en la provincia de Andahuaylas, de la sureña región andina de Apurímac, una de las más pobres del país.

Los choques entre campesinos y policías dejaron ayer más de una veintena de heridos, dos de ellos de gravedad. Los campesinos exigen un mayor apoyo al agro y rechazan el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que permitirá el ingreso de productos agrícolas norteamericanos subsidiados. De otro lado, la región Arequipa, ubicada a unos mil kilómetros al sur de Lima y la segunda más importante del país, se encuentra paralizada por una huelga indefinida que ya lleva seis días, exigiendo, entre otras cosas, que se eliminen las recientes alzas del precio de los combustibles. Las demandas son diversas, pero el punto común es el rechazo a la política económica neoliberal.

La huelga del sindicato de maestros, que agrupa a cerca de 300 mil profesores de colegios públicos, se siente en todo el país, mientras las protestas agrarias y por reivindicaciones regionales se han dado con más fuerza en las zonas andinas y del sur, las más pobres y donde, según una reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, el 80 por ciento de la población desaprueba la gestión de García. Ocho de los 25 gobiernos regionales del país han desafiado al gobierno central, declarando legal la huelga magisterial y negándose a despedir maestros y a descontar a los huelguistas los días no trabajados.

El gobierno ha reaccionado amenazando a los presidentes regionales que han tomado esta decisión con denunciarlos penalmente por negarse a acatar la decisión del gobierno de declarar ilegal la huelga de maestros. Aunque los huelguistas y el gobierno aseguran estar dispuestos a dialogar, la situación está entrampada: los diversos sectores en huelga dicen que están dispuestos a levantar su protesta si el gobierno abre el diálogo y una negociación para tratar sus demandas; pero el gobierno se niega exigiendo, a su vez, que primero se levanten las huelgas para recién entonces abrir un diálogo.

Ayer, mientras proseguían la represión policial y las detenciones, el primer ministro, Jorge del Castillo, acusó a los huelguistas de tener vínculos con Sendero Luminoso, el grupo armado de inspiración maoísta que entre 1980 y 2000 desató una sangrienta guerra interna, aunque ahora está aislado y prácticamente extinguido. “(Quienes protestan contra el gobierno) son parientes ideológicos de Sendero Luminoso”, acusó Del Castillo, subiendo aun más el tono a la escalada verbal desatada por el gobierno contra los huelguistas.

A pesar de la masiva convocatoria que han tenido las protestas, y del evidente descontento popular expresado en las calles y en las últimas encuestas, el gobierno insiste en repetir su argumento de que las manifestaciones antigubernamentales se limitan a “pequeños grupos radicales de izquierda” y que no existen razones para un descontento porque el país crece económicamente.

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