Los grandes empresarios de Guatemala buscan más seguridad para sus negocios. Por eso apoyaron en las elecciones de ayer a los dos partidos más cercanos al establishment. Tanto el militar retirado Otto Pérez Molina, candidato del Partido Patriota (PP), como Alvaro Colom, un empresario textil de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), prometen terminar con la desigualdad, la inseguridad y el narcotráfico, pero sin cuestionar los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la impunidad del Estado. Mientras Guatemala es la economía más fuerte de Centroamérica, más de la mitad de la población vive todavía en la pobreza.

“Todos los partidos tienen un empresario en sus filas como candidato. No se animan a decirlo, pero al ver sus gastos uno se da cuenta”, denunció Miguel Angel Sandoval, el candidato presidencial de la Unión Nacional Revolucionaria de Guatemala (UNRG), un partido de izquierda proveniente del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), que en 1999 llevó a Colom como candidato. Según la prensa local, los partidos mejor posicionados en las elecciones tienen vicepresidentes vinculados con el empresariado. “El candidato a vicepresidente del PP, Ricardo Castillo, es parte de una de las familias más adineradas que posee cervecerías y varias empresas, mientras que José Rafael Espada, el segundo en la lista de UNE, es hermano de Carlos Vielman, empresario, dueño de fincas y ex ministro de la gobernación del actual gobierno”, informaron fuentes consultadas por este diario.

La semana pasada, la cúpula empresarial instó a la población a acudir a las urnas y anunció su apoyo al gobierno que resultara electo, después de meses de altos índices de abstención electoral en las intenciones de voto. “Vamos a apoyar al nuevo gobierno, quede quien quede, siempre y cuando adopte medidas que sean en beneficio de la población”, dijo Carlos Zaiga, presidente del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), cuando las encuestas ya marcaban que UNE y PP irían a segunda vuelta. Partidos y empresarios en Guatemala parecen tener las mismas preocupaciones. “Las empresas estamos haciendo esfuerzos enormes para que haya más inversión, pero sin seguridad es difícil que logremos hacerlo”, afirmó el líder de Cacif.

Es por esa comunidad de intereses que los proyectos de gobierno de los partidos favoritos proponen Tratados de Libre Comercio (TLC) y mano dura, advierte Sandoval. No obstante, de acuerdo con la prensa local, la UNE promete aumentar el salario real de los trabajadores, la reducción de la pobreza y crear 703 mil puestos de trabajo. “Pero en ninguno de los 17 ejes de la propuesta explica cómo se generará este número de puestos laborales”, informó la semana pasada el diario guatemalteco Siglo XXI. Asimismo, el partido de Colom asegura “brindar mayor flexibilidad al trabajador” en un país donde la tasa de informalidad es del 75 por ciento y la pobreza es del 56 por ciento, la más alta de Centroamérica, según el diario El Periodista de Guatemala.

En tanto, el PP, ante la “ineficiencia” del gasto público, busca recuperar los niveles de recaudación fiscal mediante el “incremento del impuesto al Valor Agregado”, indica su programa. Según el líder de la UNRG, hoy los principales ingresos fiscales del Estado provienen de impuestos directos regresivos que afectan al consumo.

Además de incentivar la apertura económica, los patriotas, cuyo logo es un puño cerrado y su consigna la mano dura, creen que la economía depende de la seguridad en un país donde la mitad de las cerca de 100 mil empresas de seguridad privada son ilegales y muchas son manejadas por militares retirados, sospechados de vínculos con el narcotráfico. “Crear un entorno de seguridad ciudadana y de la propiedad que asegure un ambiente propicio para los negocios”, dice la plataforma que lleva al ex militar de candidato que en los años ‘90 ocupó unidades del ejército acusadas de haber ordenado torturas, secuestros y asesinatos durante la guerra civil. “Acá lo que hay es impunidad del ejército y la policía. El ejército se niega a admitir los crímenes de guerra y la policía, su vinculación con el crimen organizado”, advierte el líder de la UNRG. Pese a la dudosa legitimidad de las fuerzas de seguridad, el PP propone aplicar el estado de excepción en zonas peligrosas, la pena de muerte y una ley para penalizar a menores por delitos, informó El Periodista. En cambio, la UNE es más suave en su discurso. “Queremos dejarles un país más solidario, más ordenado y disciplinado, de paz, desarrollo y vida”, dijo Colom días atrás. Sin embargo, el partido del ex empresario está acusado, al igual que otros, de tener narcos en sus filas y en 2003 se descubrió que recibió dinero del Estado para financiar su campaña electoral, de parte del ex titular de Contralor General de Cuentas, Marco Tulio Abadio, que permanece en prisión.

Informe: Juan Manuel Barca.