EL PAíS › COMIENZA LA RONDA DE INDAGATORIAS A FUNCIONARIOS POR LOS SUPERAUTOS

Un desfile en cuatro por cuatro

Desde el martes están citadas a indagatoria las seis personas acusadas de haber integrado una asociación ilícita para importar irregularmente autos de lujo. El cronograma armado por el juez Oyarbide prevé que primero declaren quienes tenían menor jerarquía.

La causa sobre la importación irregular de autos diplomáticos de lujo volverá sobre el tapete esta semana, ya que desde el martes están citadas a indagatoria las seis personas acusadas de haber integrado una asociación ilícita, entre ellas dos funcionarios de la Cancillería. El cronograma de citaciones previsto por el juez Norberto Oyarbide comienza con quienes tenían menor jerarquía en el ministerio hasta llegar a los que tenían poder de decisión. También está citado como sospechoso uno de los gestores que armaba el negocio de traer los autos a través de contactos con embajadas o consultados extranjeros y venderlos en el mercado interno.

La composición de la presunta asociación ilícita surgió de un sumario interno que realizó la propia Cancillería. Allí se determinó que Jorge Matas, el ex director del Departamento de Franquicias, había dado la autorización para buena parte de las 92 franquicias diplomáticas cuestionadas que permitieron el ingreso al país de vehículos que no cumplían con las reglas del régimen de franquicias. Por ejemplo, los coches deportivos, como los Porsche o Lamborghini, no están permitidos para uso diplomático; pero, además, en unos cuantos casos se incumplió con el período “ventana” de al menos nueve meses previo a la nacionalización de los autos, que es el paso que permite venderlos. Resultado: la venta a particulares, evidentemente acordada de antemano, en un tiempo record.

Aquella auditoría, que abarcó lo sucedido entre 2004 y 2007, estableció que Matas no actuaba solo. Dentro del área de Franquicias lo hacía, al parecer, con su secretaria María Cristina Santander Rodríguez –una mujer que lleva 30 años en la Cancillería–, la hija de ella, Marisol Rodríguez, y un empleado de la mesa de entradas, Roberto Zárate Barrios. Al ser interrogadas para la investigación interna, madre e hija admitieron, además, tener un parentesco con Pablo Rodríguez, uno de los intermediarios que –según las pruebas recolectadas– importaba autos con franquicias de miembros de las embajadas de Rusia, Bielorrusia y Cuba. Más aún: según las descripciones de otros empleados que dieron su testimonio ante el juez en los últimos días, Pablo Rodríguez era un habitué del Departamento de Franquicias, donde se reunía con toda confianza con Matas.

El desfile de indagatorias empezará después de Semana Santa con Barrios y con las Rodríguez, el 26 y 27. Seguirá el viernes 28 con el ex jefe de Ceremonial de la Cancillería Marcelo Pujó, que era el superior directo de Matas, y, se supone, conocía lo que hacía su subordinado. El lunes 31 tendrá que presentarse ante Oyarbide el gestor Rodríguez, quien entre los vehículos que habría importado a través de la embajada rusa incluyó un Audi A4 que apareció en poder de la esposa de Matas. A este funcionario, finalmente, le llegará el turno el 1º de abril. En rigor, ya debió haber declarado pero pidió una postergación que le fue concedida hasta ese día. En una etapa posterior, se supone, se establecerán las responsabilidades de los embajadores, cónsules y otros diplomáticos implicados.

El delito de asociación ilícita pertenece al grupo de los considerados graves. Como prevé de 3 a 10 años de prisión, puede no ser excarcelable, pero depende del criterio del juez. Si cree que no hay peligro de fuga de los acusados o de que obstaculicen el trabajo de la Justicia, podría dejarlos en libertad hasta el juicio oral. Oyarbide eligió esa calificación para su investigación en momentos en que comenzaba a crecer otra por los mismos hechos en el fuero penal económico, a cargo de Jorge Brugo. Este juez investiga la maniobra como “contrabando” agravado por comprender la participación de funcionarios. Es una figura aún más grave, ya que la pena mínima es de cuatro años y las posibilidades de excarcelación, bastante menores. Brugo, además de apuntar a los funcionarios e intermediarios, tiene la lupa puesta sobre los compradores particulares.

El juez penal económico intentó quedarse con ambas causas, pero Oyarbide se negó. Así que mientras avanzan las primeras indagatorias la Cámara en lo Penal Económico analizaría si deben seguir los dos expedientes en forma paralela o juntarse todo en uno.

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A partir del martes, el juez Norberto Oyarbide comenzará la ronda de declaraciones indagatorias.
Imagen: Rolando Andrade
 
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