EL PAIS › EL PODER EJECUTIVO ACEPTO LA RENUNCIA DE ANA MARIA CAPOLUPO

Bisordi todavía no logró zafar

El Consejo de la Magistratura analiza la posibilidad de iniciarle un jury a Alfredo Bisordi, el camarista de Casación cuestionado por trabar los procesos contra represores. La Presidenta ratificó la dimisión de la camarista, pero no se pronunció sobre su colega.

 Por Laura Vales

El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de la jueza Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, una de los integrantes de la Cámara de Casación acusados de demorar las causas contra represores por violaciones a los derechos humanos. La renuncia, que le garantizó una salida con perfil bajo frente a los pedidos de juicio político, fue aceptada por Cristina Kirchner en el decreto 588/2088. En cambio, la Presidenta siguió demorando la aceptación de la renuncia presentada por Alfredo Bisordi. El juez tendrá que esperar a que el Consejo de la Magistratura defina si debe ser llevado a un jury para su destitución.

Capolupo y Bisordi integran la lista de jueces cuestionados por 61 sobrevivientes de la dictadura y familiares de desaparecidos por las demoras en doscientos recursos relacionados con los juicios sobre el terrorismo de Estado. Ese pedido de remoción abarcó a cuatro magistrados: además de los mencionados Capolupo y Bisordi, incluyó también a Gustavo Hornos y Eduardo Riggi. Como se sumaron más denuncias, el Consejo de la Magistratura abrió un expediente por separado para cada juez.

Bisordi, con sus votos y sus declaraciones, se había convertido en un emblema de los jueces vinculados con la dictadura militar. Cuando se reabrieron las causas contra los represores tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los organismos de derechos humanos lo recusaron. El contestó aquel escrito calificando a Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA, como “delincuente terrorista”. Por esas declaraciones tuvo un pedido de destitución, que el Consejo de la Magistratura convirtió en una simple falta disciplinaria.

Luego tuvo una pelea a través de los medios con Néstor Kirchner: en su discurso del 24 de marzo de 2007, el entonces presidente se quejó por la demora en los procesos contra los represores y pidió al Consejo de la Magistratura que actuara en el tema. Bisordi acusó al ex mandatario de buscar “la suma del poder público” y sostuvo que en cuarenta años –incluida la dictadura– nunca había visto “una intromisión en la labor de los tribunales” como la de Kirchner.

La confrontación con la Casa Rosada le dio mucha prensa, aunque terminó de deteriorar las relaciones con sus colegas de Casación, que le reprocharon que se expusiera de esa forma. En septiembre, Bisordi renunció a la presidencia del tribunal después de que sus pares le quitaran su apoyo para promover a su mujer y a su sobrina, que trabajaban en la misma Cámara. “Se ha generado en mí un profundo sentimiento de aversión respecto de la mayoría de los miembros del tribunal”, dijo el juez al apartarse de la titularidad del organismo.

Mientras tanto, las denuncias en el Consejo de la Magistratura se demoraban. El lento avance de la investigación dio tiempo para que tramitara su jubilación y presentara su alejamiento al cargo. Lo elevó el 29 de febrero, con la intención de retirarse el 31 de marzo. Pero el Gobierno no le ha dado desde entonces el aval para que se vaya, como sí se lo otorgó ayer a Capolupo.

El juicio político contra Bisordi no es una cuestión segura. En la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, el expediente contra Bisordi quedó a cargo del consejero Luis Cabral, quien se inclinó por imputarle a Bisordi sólo faltas disciplinarias. Ante ese panorama, la semana pasada la diputada kirchnerista Diana Conti presentó un proyecto de dictamen que recomendó un jury por mal desempeño. Conti propuso que se cite al juez a una suerte de declaración indagatoria en la que debería responder sobre una decena de cargos, el paso previo al inicio de un juicio de destitución. El proyecto de dictamen, sin apoyo garantizado, iba a ser discutido ayer, pero el debate se postergó una semana –hasta la próxima reunión de la comisión– a pedido del consejero Cabral. El argumento que consiguió el apoyo de la comisión es que los cargos eran muchos y el tiempo no había sido suficiente para estudiarlos. Así, todo indica que el debate sobre Bisordi va a reflotarse en los próximos días. Además las denuncias por su actuación en las causas de derechos humanos, el juez es cuestionado por sus fallos en casos de gatillo fácil (ver pág. 17).

En cuanto a Capolupo, ahora completará los trámites para la jubilación. La viuda del ex diputado ucedeísta Francisco de Durañona y Vedia fue la tercera integrante de Casación que decidió irse desde que el Consejo de la Magistratura inició la investigación. Al dimitir, argumentó razones de salud y la intención de jubilarse. Dijo que su alejamiento “no tiene que ver” con el juicio político: “Yo ya me defendí el año pasado y tengo la conciencia tranquila, porque si hubo una demora en todo caso es atribuible a otra sala”. Sin embargo, como ha publicado este diario, ante sus pares había formulado otros reproches, como el no saber en qué podía terminar el juicio político en el que –se quejó– ninguno había hecho nada por ayudarla. Capolupo había entrado a la Cámara por impulso de Carlos Menem.

Cuatro jueces están nominados

El Consejo de la Magistratura nominó ayer a cuatro jueces para cubrir dos vacantes existentes en las Salas I y II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, encargada de casos de narcotráfico y de investigar la actuación de funcionarios públicos: el actual camarista subrogante de ese tribunal, Eduardo Guillermo Farah; el juez federal Jorge Ballestero, el del fuero penal económico, Javier López Biscayart, y el subrogante del fuero criminal de instrucción, Domingo Montanaro. La decisión fue aprobada en el marco de un plenario realizado por el cuerpo. Las vacantes en la sala I se produjeron a raíz de la renuncia de Horacio Vigliani, el 1º de octubre de 2006. El cargo a cubrir en la sala II es el que dejó Eduardo Luraschi el 17 de septiembre del año pasado. Tras esta decisión, la elección de los dos postulantes correrá por cuenta del Poder Ejecutivo y luego se pedirá el acuerdo del Senado, antes de la nominación definitiva. Por otro lado, el Consejo aprobó la terna para cubrir la titularidad del juzgado federal de primera Instancia de Río Cuarto. La integran Carlos Ochoa, María José Fauda y Daniel Alonso.

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El renunciante camarista de Casación, Alfredo Bisordi.
 
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