EL PAíS › PANORAMA POLíTICO

Altanerías

 Por J. M. Pasquini Durán

Con soberbia de raíz oligárquica, los dirigentes de la Sociedad Rural y sus aliados decidieron prolongar la protesta, dejar los piquetes en las rutas, mantener interrumpido el comercio de granos y convocar a un acto nacional en el Monumento a la Bandera en Rosario para el 25 de mayo. A fin de justificar la continuidad de la medida de fuerza, los caciques ruralistas extendieron cada vez más el pliego de reivindicaciones, de manera que si mañana el Gobierno decidiera anular la Resolución 125 (retenciones móviles), causa original y última hace sesenta días, hoy sería insuficiente, un vaso de agua en el océano de demandas que han sido incluidas en la agenda de urgencias. La exigencia de la urgente sanción de políticas públicas para las diversas economías regionales, el mercado interno y el comercio exterior, busca sobre todo que el Gobierno abdique de su autoridad y derecho, cediendo la capacidad de decisión a instituciones privadas, sectoriales y minoritarias. Con ese mismo criterio, podrían pedir igual trato los laboratorios, las corporaciones industriales, los bancos y cualquier actividad económica, negándole toda intervención al Estado para regresar al dominio absoluto del mercado, como en los años ’90. En ese contexto, el simultáneo pedido de audiencia a la Presidenta de la Nación, subordinada a la exigencia de recibir previos anticipos oficiales sobre sus demandas, antes del próximo miércoles, pretextando que los productores han perdido credibilidad en la palabra presidencial, es una hipócrita simulación de vocación dialoguista. ¿Desde cuándo la extorsión es un método válido de negociación sectorial con la máxima autoridad institucional, elegida por una contundente mayoría electoral en octubre pasado, hace apenas siete meses?

Hay todavía otro agravante: este conjunto de decisiones del jueves es la réplica al discurso del miércoles de la presidenta Cristina en el acto de asunción de las nuevas autoridades del Partido Justicialista (PJ). Para sorpresa de muchos, que esperaban mensajes del “doble comando” presidencial con una firme ratificación de autoridad en confrontación con la movilización agropecuaria, Néstor Kirchner, flamante titular del PJ, cedió la palabra a Cristina, quien cerró la lista de oradores. Con ese gesto, Néstor reconoció la verticalidad del mando y la Presidenta, por su parte, dedicó su mensaje a insistir en las ideas de la concertación plural, de la recíproca tolerancia entre argentinos y de su disposición al diálogo. Las razones del mensaje cada uno puede atribuirlas a la razón que mejor le venga, pero aunque no las mencionó, las entidades rurales eran obligadas destinatarias de la exhortación, que fijó la única metodología lógica en la democracia: los intereses en pugna se resuelven en la negociación constante y paciente, con un rol activo del Estado para proteger el bienestar general. La necesidad de volver a la mesa del diálogo fue también la médula de la posición de los gobernadores que recibieron a los ruralistas, sobre todo de Schiaretti (Córdoba) y Binner (Santa Fe). En lo formal, los jefes ruralistas se dieron por notificados, pero mantuvieron a pie firme la sustancia de su conducta de los últimos dos meses. Tal vez tenga razón Aldo Ferrer, economista de larga experiencia política, cuando afirma que la cultura del diálogo es muy inmadura en el país como consecuencia de su historia en más de la mitad del siglo XX, cuajada de antinomias irreductibles y de inestabilidad político-institucional.

Ferrer adhiere a la gestión de gobierno, tanto de Néstor como de Cristina, pero Natalio Botana de ninguna manera. Aun así, explicó: “Especulan con la crisis quienes quieren valerse de ella para desalojar a las autoridades mediante golpes de opinión” y en el mismo texto señaló que “el método del recambio de gobernantes mediante el vendaval de la crisis (...) tal vez sea el peor legado de los años 2001-2002: el poder de la calle, el ruido de las cacerolas amplificado por la televisión, la creencia de que la soberanía del pueblo es expropiable en cualquier circunstancia por grupos espontáneos u organizados” (“Sumisos y rebeldes”, en La Nación, 15/05/08). La soberanía del pueblo que quiere ser expropiada con golpes de mano en esta ocasión es, nada menos, que el pronunciamiento de las urnas en octubre de 2007. Si alguien puede corregirlo es la propia ciudadanía en el cuarto oscuro, y si los ruralistas quieren formar un partido del Granero y presentar candidaturas, tendrán la oportunidad de desalojar a los gobernantes con el apoyo popular que hoy invocan para su tan rentable causa. Mientras tanto, los ciudadanos deberán cuidarse de caer en la trampa de falsas polarizaciones y de reconocer como adecuadas algunas sugerencias de mediación. Los mediadores son válidos cuando se trata de acercar posiciones entre pares, pero éste no es el caso: no hay forma de equiparar la investidura presidencial con la representación sectorial de una minoría económico-social, por muy poderosos que sean sus negocios.

Con buen criterio, el Estado se negó a ejercer la violencia, aunque el derecho de protesta a veces se excede hasta asumir la autoridad de tránsito en rutas nacionales e internacionales. Esa inacción disciplinaria se debe a la voluntad de sus administradores, pese a contar con la misma capacidad represiva de gobiernos anteriores, y a su compromiso político y ético con el respeto más amplio a los derechos humanos. Sin embargo, las fuerzas que respaldan la voluntad de diálogo expresada por la Presidenta y que rechazan la expropiación de la soberanía popular están en su derecho de manifestar opiniones discrepantes con los ruralistas y abrir el debate de ideas en todo el país y en todos los escalones del Estado. Una digresión al paso: en el mitin del PJ volvieron a enfrentarse las barras bravas de camioneros y albañiles. Sería reconfortante para el Gobierno, el PJ y la ciudadanía, peronista o no, que los jefes de ambos sindicatos dieran excusas públicas por el bochornoso espectáculo y anunciaran el compromiso mutuo de sancionar a los afiliados que estén comprometidos en situaciones de semejante violencia. ¿O dejarán que los mitines políticos se degraden como las tribunas del fútbol?

Los legisladores, intendentes y gobernadores tienen la responsabilidad de esclarecer posiciones en sus respectivas jurisdicciones, aun con los cálculos que cualquier político hace cuando los votos están en juego. Vale para oficialistas y opositores por igual, pese a que hasta el momento la oposición aprovechó mejor la ocasión ya que, por fin, encontraron un tren donde subirse para atacar al Gobierno con profusa repercusión mediática. Nadie puede obligarlos a desperdiciar sus posibilidades electorales, pero si escuchan el rumor de la calle no tardarán en advertir que el deseo mayoritario es que el conflicto se resuelva. Hoy en día, está cada vez más claro que el Gobierno no es el que pone palos en la rueda y que la altanería está en “el campo”. Si los gobernantes tienen la inteligencia de mantener su actitud dialoguista, habrán dado muestras de mayor integridad y fortaleza y terminarán revirtiendo los porcentajes en los sondeos de opinión. Tampoco es cuestión de obsesionarse con el tema en litigio, sin desmerecer su importancia, porque el punto de vista cerrado puede producir el efecto Gualeguaychú, donde de un día para otro, desde hace dos meses, la papelera Botnia parece que dejó de contaminar el medio ambiente y los intransigentes bloqueadores de los puentes al Uruguay han desaparecido, ya que no aparecieron al lado del caudillo mediático ni De Angeli los mencionó jamás, con ese espíritu solidario que lo caracteriza.

Por los antecedentes, es evidente que el Gobierno prefiere tomar decisiones en círculos tan cerrados que más de una vez paraliza las fuerzas que están a su disposición porque todos esperan la voz de orden. Algo anotaron los centenares de intelectuales de primer nivel que dieron a conocer una “Carta Abierta” sobre la situación actual, en la que demandan la “creación de un espacio político plural de debate que nos reúna y nos permita actuar colectivamente”. El texto puntualiza: “La relación entre la realidad política y el mundo intelectual no ha sido especialmente alentada desde el gobierno nacional y las políticas estatales no han considerado la importancia, complejidad y carácter político que tiene la producción cultural” (en Página/12, 15/05/08). El mismo documento refiere el proceso de “sociedades cuya complejidad política y cultural exige, en la defensa de posturas, creencias y proyectos democráticos y populares, una decisiva intervención intelectual, comunicacional, informativa y estética en el plano de los imaginarios sociales. Esta problemática es decisiva no sólo en nuestro país, sino en el actual Brasil de Lula, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de Chávez, en el Chile de Bachelet, donde abundan documentos, estudios y evidencias sobre el papel determinante que asume la contienda cultural y comunicativa”.

A estas horas, la presidenta Cristina habrá tenido la oportunidad de comunicar a sus colegas de América latina, Caribe y Unión Europea, en particular a Merkel, de Alemania, y Rodríguez Zapatero, de España, su propia visión de los conflictos en el país, para que la última palabra no la tengan sólo las cadenas internacionales de noticias. Es un momento más que adecuado para que la jefa del Estado renueve su visión internacional y verifique las enormes dificultades que enfrenta la región en su conjunto y algunos gobiernos amigos en particular para salir del atraso y la injusticia. “La política –señaló el líder del Partido Democrático, Walter Veltroni, en la campaña italiana en la que venció Silvio Berlusconi– debe volver a ser entendida no como guerra de posiciones entre facciones opuestas, sino como instrumento del cambio de la realidad en la que vivimos (...) El fin último de la política no puede ser la conquista y conservación de un poder para sí mismo, sino la búsqueda del consenso en nombre de un proyecto y de un programa de cambio. Esto, para mí, es el reformismo.”

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Imagen: Guadalupe Lombardo
 
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