EL PAIS › ENTREVISTA CON EL HISTORIADOR JOSE CARLOS CHIARAMONTE

“Hace falta una reforma política”

Para el director del Instituto Ravignani (UBA), el Estado y el sistema político atraviesan desde hace décadas una crisis que condiciona el futuro del país y que acaba de manifestarse en el conflicto agrario.

 Por Javier Lorca

“El conflicto con el ‘campo’ es una pequeñez al lado de la situación en que ha quedado el país por la vieja crisis de su sistema político –observa el historiador José Carlos Chiaramonte–. Para decirlo con alguna exageración: por más impresionante que haya parecido este conflicto, es nada más que una manifestación de un largo proceso que viene atravesando la Argentina y que condiciona las perspectivas futuras del país.” En esta entrevista, el director del Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Ravignani (UBA) analiza la forma en que la crisis del Estado y de las instituciones políticas afloró en la disputa por la renta de la tierra.

–¿Cómo ha incidido la crisis estatal y política en el reciente conflicto?

–El principal problema argentino más que económico es político. Faltan condiciones para controlar el poder, de manera de contribuir a lograr legitimidad en sus decisiones y evitar la sensación de que el Estado es el enemigo que siempre actúa mal y que los ciudadanos somos siempre las víctimas. Se suele decir que la democracia representativa es el menos malo de los regímenes políticos de gobierno. Pero, para corregir sus males, debe cumplir con requisitos como el equilibrio de los poderes, destinados a controlar los posibles excesos de alguno de ellos. Una de las principales manifestaciones de estos problemas, no la única, es el gobierno por decretos de necesidad y urgencia, más los superpoderes otorgados por ley, que no es exagerado decir que son prácticas dictatoriales legalizadas.

–¿Qué expresan esas formas de gobernar?

–Es la expresión de una paulatina pérdida de la capacidad soberana por parte del Estado argentino. La Presidenta dijo que no ha firmado ningún decreto de necesidad y urgencia, pero el Parlamento ha funcionado muy poco estos años, salvo los últimos días: se dice “mejor tarde que nunca”, pero no está claro que sea un indicio de que se va a producir una reforma política. Lo que la Argentina vivió en 2001/02 fue trágico, con una enorme carencia de legitimidad de los gobiernos. Los ciudadanos creían que el país se había acabado, pedían que se vayan todos. Alguien puede pensar que son historias viejas, pero son parte de la conciencia popular, una conciencia que piensa que no es posible confiar en esta clase de gobiernos. Kirchner llegó débil al poder y durante los meses de debilidad tomó medidas muy encomiables, como en el caso de la Corte Suprema y de los derechos humanos. Pero una vez que se encontró con el enorme poder que le daban las riquezas que ingresaban al país, da la sensación de que se olvidó de la reforma política y sostuvo un estilo de gobierno que nos llevó a la reciente crisis. Una crisis por la toma de decisiones no legitimadas que sirvió de argumento para quienes se sentían afectados y para muchos otros, por razones diversas: desde el disgusto de quienes se oponen a la actual política de derechos humanos hasta el de sectores que protestaron por prácticas prepotentes del Gobierno.

–¿A qué factores se debe la pérdida de poder estatal?

–A la falta de posibilidades reales de ejercicio de la soberanía en cuestiones vitales para la salud política del país y los intereses de la ciudadanía. Con la llamada globalización, muchos países han recortado por propia decisión el ejercicio de ciertas atribuciones de su soberanía. Pero ni las grandes potencias ni muchos otros países han resignado la calidad soberana de su Estado, contrariamente a lo que hace algunos años escuchábamos sobre la total desaparición de las soberanías nacionales. En países como Argentina, por razones que vienen de lejos, no fue posible ejercer con independencia uno de los principales atributos de la soberanía, el manejo de la política económica, entre otras razones por el peso de la deuda externa. Pese a los esfuerzos realizados, la distribución de los ingresos nacionales está sometida a limitaciones que provienen de la relativa situación de dependencia económica del país, que hace que los gobiernos se deslegitimen por no poder satisfacer las necesidades de sus habitantes.

–¿Cómo se manifestó esa falta de legitimidad en la toma de decisiones, en el reciente conflicto?

–Quiero aclarar que el desempeño de las dos partes en pugna en el conflicto me mereció muy poca simpatía. Aunque el argumento pueda sonar exagerado, afortunadamente no tenemos un ejército en condiciones de intervenir, porque varios de los actores políticos parecían querer crear un clima muy parecido al que precedió algún golpe de Estado. Estamos ante un gobierno constitucional y sus defectos deben contabilizarse en el momento de la próxima elección. Por una parte, los enormes beneficios provenientes del cultivo de la soja han creado una apetencia de mayores ingresos que se podría caracterizar como codicia, la codicia de quienes sienten que tienen –digamos– un enorme lucro cesante. De este lado hubo un exceso en el ejercicio de la protesta, que repercutió en el conjunto de la población, en un momento en que el costo de los productos primarios hace que los alimentos se encarezcan en todo el mundo. Pero, por la otra parte, el problema es que no se deberían aplicar impuestos sin la anuencia de quienes deben pagarlos. Es un viejo principio de origen medieval que se incorporó como norma en casi todos los países con régimen representativo: no se pueden establecer tributos sin la aprobación, directa o por medio de sus representantes, de aquellos que deberán pagarlos. El hecho de que haya leyes que facultan al Poder Ejecutivo a manejar aranceles aduaneros –con un origen poco defendible en los gobiernos militares– no implica la anormalidad de tomar decisiones tan serias como las tributarias sin un adecuado funcionamiento de los mecanismos constitucionales.

–Pero ese principio de anuencia, ¿no es un principio conservador que impediría cualquier modificación progresista de la estructura tributaria?

–Aclaro que las retenciones a las exportaciones son útiles. Pero también hay derecho a preguntarle al Estado cómo las usa. Una parte del uso que se ha hecho es muy útil: por ejemplo, si se quitaran en forma súbita los subsidios al transporte u otros servicios, tendríamos una situación caótica. La cuestión aquí es la magnitud de las retenciones y la forma, que debió preverse, de graduarlas según la dimensión de las unidades productoras; aunque soy más bien escéptico cuando escucho hablar de “pequeños” productores con 200 hectáreas... El principio del consentimiento es un principio básico de la política contemporánea. No es solamente económico: nadie puede obligarme a mí a entrar en una sociedad política sin mi consentimiento. Según su enunciado latino, este principio significa “lo que compete a todos debe ser aprobado por todos”. En la independencia norteamericana jugó un rol importante: cuando el Parlamento inglés quiso aplicar los impuestos del té y otros, estalló la revolución en los Estados angloamericanos; sus ciudadanos rechazaban los tributos porque no estaban representados en el Parlamento de Inglaterra. ¿Quién compone el pueblo argentino? Desde los grandes propietarios hasta un trabajador no calificado, nos guste o no. Según la Constitución, que marca las reglas de juego, los productores de soja tienen una serie de derechos. O los respetamos o creamos situaciones que pueden derivar en conflictos sociales. El problema es la metodología política y la necesidad de persuadir. Todo lo que no provenga de un factor de persuasión termina en la prepotencia. Debemos lograr una mejor distribución de la riqueza, porque el pueblo argentino también tiene derechos que hay que respetar, pero no podemos romper las reglas de juego con el argumento de beneficiar al pueblo, porque después viene la reacción. Lo que hace falta es comenzar una reforma política. No es fácil, no es simplemente electoral, no es sólo las listas sábana... Y más que del Gobierno, debería provenir de la ciudadanía, mediante un proceso de presión social sobre los poderes públicos para que se ajusten más a las reglas de juego y, a partir de ahí, convencer a las mayorías para producir cambios.

–¿Qué relaciones de continuidad halla en la historia argentina con esta disputa por la renta rural?

–Conflictos por la disputa de la renta, agraria o no agraria, ha habido muchos a lo largo de toda la historia. Pero éste fue un conflicto muy peculiar. Hay algo brillante que ha dicho recientemente Tulio Halperin: desde antes de que la Argentina fuera Argentina, la gente del campo ha querido presentarse como los verdaderos creadores de riqueza, por las divisas que le aportan al país, y todavía hoy pretenden actuar en la misma forma, como si el resto de la población no creara riqueza. De alguna manera, estamos en una situación similar a la época de las grandes exportaciones ganaderas, con una coyuntura internacional que ha llevado hacia arriba los precios de los productos primarios. La pregunta es la misma que se hacían en 1860/70: ¿qué pasará cuando desaparezca o decrezca la demanda o si el clima arruina una cosecha? Hoy todo el mundo dice que los precios de los productos primarios van a seguir creciendo por mucho tiempo, pero ¿podemos, simplemente, supeditarnos a la prosperidad creada por el precio de la soja? ¿Hay alguna otra política en marcha?

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Imagen: Arnaldo Pampillon
 
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