La causa penal en la que se investiga la venta de Papel Prensa a La Nación, Clarín y La Razón durante la última dictadura, podría pasar a manos de un juez federal porteño. Así lo pidió el juez de La Plata, Arnaldo Corazza, quien estaba a cargo del expediente, pero resolvió declararse incompetente en función de un planteo de la Unidad Fiscal que integran Hernán Schapiro y Marcelo Molina. En su dictamen, los fiscales señalaron que la transferencia accionaria de la empresa que manejaba el Grupo Graiver fue “compulsiva”, se hizo “con la directa intervención de la Junta Militar en colusión con los civiles” dueños de los diarios, y los hechos que la rodearon se deben analizar como “delitos de lesa humanidad”. Lo que sucede, explicaron, es que las “amenazas”, “presiones”, “maniobras extorsivas” y reuniones ocurrieron en el ámbito de Capital Federal, y ahí debería tramitar el caso.

Los fiscales iniciaron su investigación hace un año, a partir de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Concluyeron que la operación de venta forzosa de Papel Prensa se hizo “en el marco de una persecución por motivos políticos, económicos y religiosos, desatada desde el aparato terrorista estatal, que tuvo entre sus víctimas a los miembros del Grupo Graiver”, que incluso tras el despojo de la empresa fueron secuestrados y torturados, y luego sometidos a un “inconstitucional Consejo de Guerra”.

Las privaciones ilegales de la libertad y el asesinato de Jorge Rubinstein, mano derecha de David Graiver, son juzgados en La Plata en las causas sobre los centros clandestinos del llamado “circuito Camps”. Lo que atañe a Papel Prensa, dijeron los fiscales y ahora respalda Corazza, no es ajeno a todo eso: incluso sería crimen de lesa humanidad, pero es un hecho diferenciado. “La transferencia presuntamente compulsiva” se reflejaría en “acciones pergeñadas y ejecutadas en su casi totalidad en la Ciudad de Buenos Aires”: reuniones, aprietes, asambleas, intimidaciones varias “impregnadas por espurios intereses económicos”.

La lógica, sostuvieron, es que la causa pase al juez federal porteño Daniel Rafecas, quien había intervenido a raíz de una denuncia de un juez comercial que tuvo en sus manos los testimonios que habían dado Lidia Papaleo (viuda de Graiver) y Rafael Ianover, testaferro, ante la Secretaría de Comercio. Pero Rafecas también se declaró incompetente en su momento y mandó las actuaciones a La Plata. A su vez, los diarios ya anunciaron que apelarán la decisión de Corazza de desprenderse de la pesquisa, lo que los ayudaría a estirar los tiempos. La decisión sobre la competencia la tendrá la Cámara Federal platense.

“Cualquiera sea el juez que intervenga, es evidente que tendrá que llamar a indagatoria enseguida a los imputados, porque ya hay suficientes pruebas”, dijo a Página/12 Luis Alén, jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos. “Me refiero –precisó– a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, los Peralta Ramos, a (Jorge Rafael) Videla, (José Alfredo) Martínez de Hoz y Raimundo Podestá, que actuaron en sociedad, para desapoderar a los Graiver y quedarse con Papel Prensa.”