EL PAIS › VARIOS FUNCIONARIOS PRESENTARON SU RENUNCIA AL GOBERNADOR PERALTA, EN DESACUERDO CON LA LEY DE EMERGENCIA ECONOMICA

Santa Cruz quedó envuelta en una crisis

El gobernador buscaba que aprobaran proyectos que aumentan la edad de las jubilaciones y suspenden las paritarias. Pero las protestas y la represión policial hicieron fracasar la sesión. La Cámpora le quitó el respaldo a Peralta.

 Por Nicolás Lantos

Los manifestantes encendieron neumáticos y basura frente al edificio de la Legislatura de Santa Cruz.
Imagen: DyN.

La provincia de Santa Cruz vuelve a verse envuelta en conflictos políticos, sociales y sindicales que le complican el panorama al gobernador Daniel Peralta. Al menos tres ministros además del jefe de la Policía, más un puñado de otros funcionarios de segunda línea, habrían renunciado anoche, en rechazo a una ley de emergencia económica y previsional que el mandatario intentó hacer aprobar en la última sesión del año en la Legislatura local, y a la represión que se abatió sobre los sindicatos estatales que se manifestaron en contra del proyecto, dejando al menos veinte heridos. Así, menos de un mes después de asumir su segundo mandato, Peralta parece haber perdido el sostén de buena parte de esa intrincada telaraña que conforma el kirchnerismo santacruceño. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que postergó hasta hoy el viaje que pensaba hacer ayer a El Calafate para pasar Año Nuevo, no hizo declaraciones al respecto.

El panorama al cierre de esta edición era confuso: mientras el gobernador permanecía encerrado en su residencia, en las calles continuaban los disturbios y los manifestantes llegaron a quemar un patrullero en pleno centro de Río Gallegos. Desde el Ejecutivo local buscaban enfriar los ánimos: el ministro de Economía, Ariel Ivovich, anunció a última hora que hoy se depositarán 500 millones de pesos para hacer frente a los aguinaldos que aún se adeudaban a los empleados públicos; también anunciaron una reunión para esta tarde con la Presidenta en El Calafate, aunque desde la Casa Rosada no confirmaron esa información.

Al menos nueve funcionarios de primera y segunda línea habrían abandonado ayer el gabinete del gobernador, entre ellos el ministro secretario, Francisco Anglesio; el de Producción, Jaime Alvarez, y el de Salud, Hernán Martínez Crespo, quien hasta el 10 de diciembre de este mes fuera el vicegobernador de Peralta. También dieron un paso al costado el jefe de policía de la provincia, Jorge Hassan, y el director de Canal 9 de Santa Cruz, la televisión pública provincial, Martín Hernández. El único que confirmó oficialmente este paso fue Alvarez, aunque en Río Gallegos daban por sentados los otros alejamientos.

Algunas de esas renuncias están relacionadas con el distanciamiento formal de La Cámpora respecto del gobierno. “Los compañeros de La Cámpora que estamos en la gestión provincial hemos decidido retirarnos del gobierno provincial”, había anunciado ayer el legislador Matías Bezi, uno de los referentes de ese espacio, que argumentó estar en desacuerdo “con las condiciones en las cuales se prevé que seguirá la situación”, en que “existe un esquema de un espacio político” en el que no se sienten incluidos y, principalmente, en que el gobierno de Peralta “claramente no está alineado con la Casa Rosada”. Aunque no se confirmó, un grupo de siete u ocho legisladores cercanos a la agrupación podrían abandonar la bancada oficialista y hacer un bloque aparte.

La ley de la discordia

“Superación de la situación económica y reordenamiento del Estado” es el nombre que lleva el proyecto que ayer intentó tratar el Poder Legislativo santacruceño por iniciativa del gobernador Peralta y que ahora se encuentra “suspendido indefinidamente”, según fuentes oficiales de Río Gallegos. Allí proponen la declaración de emergencia económica, lo que abre la puerta a una reforma previsional que eleva la edad jubilatoria, altera el 82 por ciento móvil que rige en esa provincia y elimina la mayoría de los privilegios que la destacaban respecto de la legislación nacional. También se suspenden las negociaciones paritarias y se establece el pago a proveedores con bonos a cuatro años.

La medida había sido anunciada por Peralta el martes, en una cadena provincial. En esa ocasión, el mandatario había adjudicado los problemas en las arcas provinciales a los paros del sector petrolero que sufrió en los últimos años. El sindicalismo reaccionó tanto a la medida de fondo como a estas acusaciones: así, la CTA de Santa Cruz, a través de su secretario general, Alejandro Garzón, advirtió que van a “pedir la renuncia” de los funcionarios involucrados en el ajuste y la represión, y le recriminó al gobernador por “echarles la culpa siempre a los trabajadores” ante los problemas financieros.

Bezi, de La Cámpora, atacó en cambio tanto a Peralta como a los gremios estatales: “Lo que sucede hoy en la provincia es producto de la gestión sindical que impuso este gobernador, que no encuentra la salida porque no puede sostener un nivel salarial de determinados sectores que no permiten un financiamiento para que la provincia pueda realizar inversiones. Es el responsable de este descalabro”, señaló.

Hoy llegará a la provincia la Presidenta, que pasará el fin de año en El Calafate rodeada de su familia. Fuentes de la gobernación santacruceña confirmaron que Peralta le pedirá una reunión para decidir su futuro. “Lo que haga depende de si ella le da su apoyo o se lo retira: sin su respaldo no tiene mucho sentido que siga en su cargo”, afirman en el entorno del gobernador. En la Casa Rosada no confirmaron ni desmintieron que se realice la reunión. Además de la posibilidad de que asuma el vice o el diputado Mauricio Gómez Bull, quien lo sigue en la línea sucesoria, anoche comenzó a sonar otra posibilidad: que el ministro de Defensa y ex gobernador de Santa Cruz, Arturo Puricelli, encabece una intervención hasta que se regularice la situación.

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