La jueza Lilia Funes Montes suspendió la disposición 40 del gobierno porteño, que pretendía que los estatales pidieran autorización para realizar asambleas. La restricción, que en los hechos el macrismo no había podido poner en práctica porque los trabajadores la desconocieron, había sido dictada para todas las oficinas públicas de la Ciudad, así como para los hospitales. Fue impugnada por la Asociación de Trabajadores del Estado, sindicato al que la jueza dio la razón con el dictado de una cautelar.

“La disposición 40 establecía que los trabajadores tenían que pedir permiso para hacer una asamblea con 72 horas de anticipación, y el empleador podía decir que sí, que no, en qué lugar y en qué horario. Era una cosa totalmente contraria a lo que establece la ley de asociaciones sindicales y la Organización Internacional del Trabajo”, explicó José Luis Matassa, secretario general de ATE Capital.

La cautelar no implica una decisión de fondo y puede ser apelada, pero su efecto es que suspende de manera inmediata la implementación de estas limitaciones.

La disposición había sido publicada el 6 de agosto en el Boletín Oficial. En sus considerandos, el macrismo citó medidas similares tomadas en las provincias de Córdoba y Tierra del Fuego y aseguró que “regular” las asambleas “no” implicaba “prohibirlas”.

“Debe tenerse presente que el derecho de los empleados a deliberar y tomar decisiones en sede laboral admite limitaciones con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz de la administración”, planteó el texto firmado por el director de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales de la Ciudad, Carlos Lelio. El director agregaba que el dictado de la disposición obedecía a los pedidos recibidos de las autoridades de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad.

“Era una medida fascista y de corte neoliberal porque se está pensando el achique del Estado, y para esto en que los trabajadores no tengan representación alguna”, sostuvo el secretario Progremial de ATE Capital, Alejandro Gianni, aludiendo a los recortes que el macrismo viene realizando en hospitales, escuelas públicas y programas en el área de desarrollo social, que encuentran en los gremios la principal resistencia. Ayer, por ejemplo, ATE denunció que el gobierno porteño quiere rescindir más contratos del Programa Buenos Aires Presente (BAP), dirigido a la atención de personas que están en situación de calle.

La restricción ya había generado reacciones en la Legislatura, donde los trabajadores estatales habían planteado el tema e incluso, después de una reunión de dirigentes de unas 20 juntas internas con los integrantes de la Comisión de Trabajo, habían conseguido que los legisladores de la oposición se comprometieran a impulsar un dictamen por la suspensión de la medida.

En ese debate, los representantes gremiales advirtieron que la disposición 40 iba de la mano con otras decisiones del macrismo, como las de “no permitir juntas internas y tratar de prohibir las que ya funcionan”. Alejandro Gianni recordó que el gobierno porteño impugnó en lo que va del año 22 juntas de ATE y que el objetivo es disminuir al mínimo el número de delegados en los lugares de trabajo.