Ni Claudio Cirigliano ni su hermano Mario, dueños del Grupo Plaza, aceptaron prestar declaración indagatoria ante el juez Claudio Bonadío en la causa por la tragedia de Once. Tampoco quisieron declarar Carlo Ferrari, presidente de TBA, ni lo hicieron el titular de la empresa Claudio Calderón, el abogado Carlos Lluch y otro de los directivos, Guillermo D’Abenigno. Habían sido citados como consecuencia de los resultados de una pericia contable de la que surgía que parte de los fondos públicos recibidos por la ex concesionaria del tren Sarmiento fueron desviados de su finalidad hacia empresas del mismo grupo.

TBA recibió cerca de 3500 millones de pesos en los últimos doce años. La pericia del Cuerpo de Contadores de la Corte que alimentó sospechas del juzgado tiene dos puntos críticos: un contrato de asesoramiento de Cometrans (presidida por Claudio Cirigliano) a TBA por 127 millones de pesos, entre 2004 y 2009; y préstamos de TBA a Cometrans por 40 millones de pesos en 2004. Es decir, los fondos circulaban entre empresas vinculadas entre sí. También se investigan presuntas compras personales y de artículos de lujo por parte de Claudio Cirigliano, con fondos de la propia TBA.

Así como Bonadío enfocó parte del expediente en las razones directas que produjeron el accidente (que dejó 51 muertos y 700 heridos) también apunta a lo que el fiscal Federico Delgado llama “el afuera”, o las condiciones que llevaron a que la tragedia tuviera lugar, entre ellas el uso de los subsidios en mantenimiento y condiciones de seguridad en general de las formaciones del Sarmiento. Lo que les imputó a los ejecutivos es “la toma de una serie de decisiones ilegales e ilícitas a sabiendas que su cumplimiento afectará severamente los programas de mantenimiento de la infraestructura”.

Los abogados de los imputados que debían prestar ayer declaración indagatoria señalaron que en buena medida no lo hicieron porque varios de ellos recusaron a Bonadío por supuesta parcialidad y todavía no está resuelta su situación al frente de la causa. Hubo la semana pasada una audiencia en la Sala II de la Cámara Federal, que debe resolver. Ayer también Mario Cirigliano sumó una recusación, lo que genera nuevas audiencias y demoras. Los padres de Lucas Menghini Rey, la última víctima hallada, pidieron una audiencia en la Cámara donde plantearon su preocupación. “Con la recusación a Bonadío buscan demorar la resolución de la causa”, advirtieron.