“El veto impuesto por Mauricio Macri contra la ley de aborto no punible se rebela contra la Corte Suprema, desacata el Código Penal, se opone a la Legislatura y desconoce lo expresado por muy diversos sectores de la sociedad”, afirmó una representante de la entidad Católicas por el Derecho a Decidir. Por su parte, la titular de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer afirmó que la reglamentación dispuesta por el Ejecutivo porteño “demuestra desinterés y desprecio por el derecho de las mujeres y, si a alguien procura proteger, es al médico”. Una representante del Foro por los Derechos Reproductivos advirtió que la prohibición – establecida por la reglamentación macrista– de que las adolescentes acudan solas a demandar el aborto no punible “dada la frecuencia de violaciones intrafamiliares puede implicar que la niña deba pedir autorización al mismo autor del abuso”.

Marta Alanis –integrante de Católicas por el Derecho a Decidir– sostuvo que “el veto de Macri es antipopular y antidemocrático. Contra el veto se habían pronunciado distintas fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos. No es un veto cualquiera: es desconocer una ley que había sido debatida profundamente y es rebelarse contra un fallo de la Corte Suprema, que es a su vez la interpretación del artículo 86 del Código Penal: el veto desacata el Código Penal. Entonces, esto va más allá del tema del aborto, para connotar que todo gobernador o jefe de Gobierno puede negar un fallo de la Corte.

Según destacó Mabel Bianco –titular de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)–, “la Corte Suprema reconoció que el aborto no punible, en tanto derecho de las mujeres violadas, debe efectuarse a partir de la simple declaración jurada de la mujer: la disposición de Macri, en cambio, requiere que el médico consigne en la historia clínica todas las posibilidades de intervención y precise por qué lo interrumpe, es decir, medicaliza el ejercicio de un derecho. Exige advertirle a la mujer que puede continuar con el embarazo y dar el bebé en adopción, y pensarlo todavía durante cinco días y volver: todo esto desconoce el hecho de que la mujer ya sabe eso y que si decidió el aborto es porque no quiere continuar ese embarazo que todo el tiempo le recuerda la violación”.

“La disposición del gobierno de Macri –continuó Bianco– permite también que la objeción de conciencia de los médicos se plantee ante cada caso: pero el médico, o es objetor o no lo es. Y es importante que en el establecimiento donde trabaja eso se sepa: supongamos que en un servicio, ante un aborto no punible en particular resulta que son todos objetores: ¿qué se hace entonces?”

“Además –subrayó la dirigente de FEIM–, la resolución requiere que el embarazo no supere las 12 semanas y pide constatar esto mediante una ecografía que, además, debe ser examinada por el director del hospital. Macri demuestra desinterés y desprecio por el derecho de las mujeres y que, si a alguien procura proteger, es al médico.”

“En cuanto al anuncio de Macri sobre que tendrá lugar el primer aborto no punible en la ciudad, no es así: los abortos no punibles ya se vienen haciendo sin que el médico pida permiso ni pase por todo ese procedimiento. Para peor, el jefe de Gobierno mencionó el caso dando todas las indicaciones que permiten averiguar el nombre de la mujer: y se trata de un caso vinculado con la trata y que, por eso, tuvo que pasar por la Justicia, que es precisamente lo que el fallo de la Corte procura impedir en casos de violación”, finalizó Bianco.

Marta Rosenberg –representante del Foro por los Derechos Reproductivos– subrayó que “mientras el Gobierno de la Ciudad sostiene que veta la ley porque su contenido excede el fallo de la Corte, es al revés: lo que excede el fallo de la Corte es la reglamentación que dictó Macri. La ley sancionada por la Legislatura había sido discutida durante meses; más aún, desde hacía cinco años se presentaban, y se cajoneaban, proyectos de aborto no punible. Y el proyecto finalmente aprobado admitía que, a partir de los 14 años, una adolescente violada pudiera demandar el aborto no punible. Esto está en línea con la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que permite a adolescentes desde los 14 años pedir asistencia, sin necesidad de que las acompañe un adulto. Y en las violaciones esto es particularmente importante, porque hay un alto porcentaje donde el abuso se produjo en el medio familiar: entonces, si la niña debe ir acompañada, puede incluso suceder que deba pedirle autorización al propio autor de la violación. Es muy importante garantizar el derecho de las niñas a solicitar un aborto y, si hay conflicto con el criterio del representante legal, la menor tiene derecho a ser defendida por un abogado propio. Pero el tema de fondo, en la reglamentación impuesta por Macri y ahora en el veto, es la búsqueda de ponerle impedimentos al aborto: no están de acuerdo con el aborto en ningún caso y a ninguna edad y entonces, donde pueden, ponen obstáculos”.