EL PAíS

El procurador del Tesoro de la Nación era el defensor de Sasiaiñ

Carlos Alberto Sánchez Herrera tuvo que renunciar a la defensa del represor Juan Bautista Sasiaiñ, en la causa por robo de bebés, para jurar como el procurador del Tesoro designado por Néstor Kirchner.

 Por Adriana Meyer

Sigue trabajando en la zona de Retiro, ahora más bien en Barrio Norte. El flamante procurador del Tesoro de la Nación ya no frecuentará los Tribunales Federales de Comodoro Py. El abogado Carlos Alberto Sánchez Herrera ahora ocupa el despacho principal del coqueto edificio de la calle Posadas, tiene chofer y más secretarias que antes. Pero tuvo que renunciar a la defensa del general retirado Juan Bautista Sasiaiñ, procesado y con arresto domiciliario en la causa que investiga la apropiación sistemática de menores durante la dictadura. Este ex jefe militar está acusado como autor mediato del robo de bebés, recientemente la Justicia amplió su procesamiento por más casos y va camino al juicio oral, ya sin la asistencia de Sánchez Herrera. “En la forma en que está planteado no estuvo involucrado”, respondió el funcionario ante Página/12 sobre la situación de su ex cliente. Este abogado representó a la provincia de Santa Cruz en el juicio contra el Estado por las regalías petroleras y allí comenzó su relación con el presidente Néstor Kirchner, que acaba de nombrarlo como jefe de todos los abogados del Estado.
En noviembre de 1992, la Nación le dio la razón a la provincia de Santa Cruz en un juicio por regalías petroleras. Sánchez Herrera había intervenido durante 14 años en las causas de Neuquén, lo convocaron para actuar en el último tramo de ese proceso y hoy recuerda que salió “perfecto”. Aunque les reconocieron el 50 por ciento del reclamo, eso representó para la provincia 630 millones que cobraron en títulos y bonos. El entonces gobernador Kirchner los transformó en dólares y los depositó en una cuenta en el exterior. “Era mejor así, como una forma de autolimitación, para evitar que se transformara en botín de guerra para otros gobiernos”, explicó a este diario el recientemente designado procurador del Tesoro. Así nació una relación que lo llevó a ocuparse durante 12 años de los asuntos judiciales de la provincia y del gobernador Kirchner.
Sánchez Herrera es un abogado “de la matrícula” que nunca ocupó cargos públicos. Tiene su estudio en Buenos Aires con otros siete socios y está especializado en derecho comercial y administrativo. Explicó que su función es técnica, que no tiene militancia ni hizo campaña, pero reconoce que lo une una relación de confianza con el Presidente. Considera que la Procuración del Tesoro es “el estudio más grande, con el cliente más importante”. De hecho, además de ser el jefe de todos los abogados que defienden los intereses del Estado, según la ley 24.667 es el principal asesor jurídico del Presidente. Llegó con el proyecto de convertir a la Procuración en un ministerio que “dependa directamente de la unidad presidencia”, para que sea el propio Presidente el que maneje el presupuesto del organismo, según describió. En la actualidad ese aspecto y las designaciones de empleados están a cargo del Ministerio de Justicia.
El 4 de junio a la tarde juró en su nuevo rol de funcionario. La semana anterior tuvo que renunciar como abogado en varias causas, y también a la representación legal de uno de los once ex jefes militares procesados en la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal
Nº 7 sobre la apropiación sistemática de menores, en su mayoría hijos de desaparecidos. Esa causa se inició en 1996 por una denuncia de las Abuelas de Plaza de Mayo, y desde el comienzo Sánchez Herrera ejerció su parte de defensor presentando las apelaciones necesarias para tratar de obstaculizar el avance de la acusación contra su cliente. “No me cabe duda de que la apropiación de bebés existió, y en lo personal creo que los responsables deben ser juzgados, pero hay que ver quién la hizo y cómo, qué límite tiene la responsabilidad de comando que tenía Sasiaiñ”, expresó Sánchez Herrera. En diálogo con Página/12, admitió que “es un tema espinoso” pero opinó que “si los abogados dejan de lado esos asuntos habría muchos parias que no tendrían quién los defienda, como si un médico se negara a atendera un paciente con cadena perpetua”. Según su visión, el abogado es “un hombre de derecho que se rige por la ley y no está consustanciado con su cliente”.
El general Juan Bautista Sasiaiñ fue comandante de la Brigada de Infantería Mecanizada a cargo de la zona 11 bajo cuya jurisdicción estuvieron los centros clandestinos Pozo de Banfield, comisaría 5a. de La Plata, La Perla y La Cacha, entre otros. Estuvo procesado por delitos de lesa humanidad, pero la Corte Suprema de Córdoba lo desprocesó en mayo de 1988, en aplicación de la Ley de Obediencia Debida.
Ana María di Salvo sobrevivió tras pasar por el centro El Vesubio. Allí vio a María Teresa Trotta, que estaba embarazada. “En abril de 1977 los guardias trajeron trapos y pedazos de tela para que las detenidas hicieran ropa para el bebé”, relató en la causa. Esta psicóloga aseguró haber visto allí al general Sasiaiñ. “El testimonio determinante fue el de Di Salvo, en cuanto sostuvo que, en ocasión de encontrarse secuestrada en El Vesubio y mientras estaba realizando un informe que le había encomendado el jefe de ese centro, observó la presencia de Juan Bautista Sasiaiñ en una visita que realizó a ese centro ilegal de detención, aclarando que se encontraba vestido de civil, sin perjuicio de lo cual logró identificarlo por haberlo visto en fotografías en los periódicos”, describe el expediente.
En la reciente ampliación de su procesamiento, la Justicia determinó que no pudo haber desconocido los nacimientos clandestinos, como esgrimió en su defensa, por el cargo que tenía al momento de los hechos. Sasiaiñ cumplía funciones de altísima relevancia en la cadena de mandos liderada por Carlos “Pajarito” Suárez Mason, ex comandante de zona 1. “No sólo toleró la situación que imperaba en los centros clandestinos de detención que estaban bajo su jurisdicción, sino que la misma no podría haber prosperado sin su aval”, escribió el juez federal Jorge Urso en la resolución por la cual acusó al represor por otros ocho casos, que se suman a los seis por los que ya estaba procesado. Cuando estaba a cargo del caso, el ex juez Adolfo Bagnasco le concedió el beneficio del arresto domiciliario. En aquel momento, Sasiaiñ tenía 73 años, padecía de embolia ocular y estaba haciendo rehabilitación vascular.

Compartir: 

Twitter

El general retirado Juan Bautista Sasiaiñ está en prisión domiciliaria por robo de bebés.
 
EL PAíS
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.