El Estado presentó ayer ante la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, un escrito con el que fija su postura sobre las impugnaciones a la elección popular en el Consejo de la Magistratura.

La semana pasada, la jueza admitió una serie de acciones de amparo que cuestionaban la reforma del órgano que elige y remueve a los jueces y dio al Gobierno cinco días para opinar. Ayer se conocieron tres nuevos fallos vinculados con el tema: dos del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico –que ratificó la suspensión de las elecciones de consejeros y la inconstitucionalidad parcial de la norma que limita las cautelares contra el Estado– y uno del juez federal de Necochea Bernardo Baniel Bibel, quien se declaró incompetente y señaló que es Servini de Cubría la magistrada que debe resolver el tema.

Los amparos a los que hizo lugar Lavié Pico fueron presentados por el secretario general nacional del partido Coalición Cívica-ARI, Pablo Javkin, y el abogado Denis Pitté Fletcher.

En tanto, Bernardo Bibel se declaró incompetente para actuar en un planteo realizado por el Colegio de Abogados de Necochea. El magistrado dijo que correspondía que interviniera la Justicia Nacional Electoral porque “el Consejo de la Magistratura es un órgano público de naturaleza constitucional, de modo que los consejeros ocupan cargos públicos electivos. La fuente del mandato electivo de los consejeros, de acuerdo con la entelequia de la ley aquí cuestionada se interpreta como un cuerpo electoral, conforme el carácter del que inviste –a los consejeros– nuestra Constitución nacional; al respecto, huelga decir que técnicamente suele interpretarse la expresión ‘cuerpo electoral’ aludiendo al padrón nacional de electores”. Además, citó a la Corte Suprema para agregar que “lo inadmisible, lo que la Constitución repudia, es el intento de privar a un juez de su jurisdicción en un caso concreto y determinado, para conferírsele a otro juez que no la tiene, en forma tal que por esta vía indirecta se llegue a constituir una verdadera comisión especial disimulada bajo la calidad de juez permanente de que se pretende investir a un magistrado de ocasión”.

Algo similar opinó el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien también señaló en un fallo que se conoció esta semana que debía ser Servini de Cubría quien aglutinara todas las presentaciones que impugnaban la elección popular de los consejeros y consideró que las entidades de abogados y jueces habían pergeñado una maniobra similar al forum shopping (elegir al magistrado que actúa en una causa), pero que consistía en “ir de pesca”, al presentar cientos de demandas en todo el país.

Hasta el momento son más de diez las cautelares que ordenaron suspender la elección para el Consejo de la Magistratura. Una de ellas había generado confusión, ya que, según su parte resolutiva, podía interpretarse que se habían suspendido también las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), pero ayer el juez Pablo Cayssials aclaró que su resolución se limitaba a la elección popular de los representantes del órgano que remueve y selecciona a los jueces.

Lavié Pico, en cambio, al hacer lugar a los amparos, sostuvo que hay “indicios serios y graves con relación a la ilegitimidad de la norma cuestionada, atento que de su examen provisorio se desprende que en principio se vulnerarían las condiciones de ‘equilibrio’ y ‘representación’ previstas en el artículo 114 de la Constitución nacional”.

Servini de Cubría, en tanto, dio trámite a las demandas pero por el momento no ordenó suspender las elecciones. El lunes estaría en condiciones de resolver. Y hay que ver si pide las causas que están diseminadas en todo el país.