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Desde Santiago del Estero

Uno de los médicos de Casa de Gobierno escuchó dos años atrás el nombre de Néstor Carlos Ick durante una consulta: “Ya no sé qué hacer”, decía su paciente. “Creo que tiene más poder que yo en la provincia.” El paciente era Carlos Juárez. Y Néstor Ick no es el caudillo, no es Musa Azar, no es Nina Aragonés, pero funciona como socio de todos. Su nombre es uno de los ticks repetidos en las calles desde el comienzo de la cobertura de los crímenes de La Dársena. No ocupa ningún ministerio, aunque se lo han ofrecido. No tiene carrera de legislador, aunque tiene relaciones con la Legislatura. No es juez ni parte del Tribunal Supremo, pero es administrador de justicia. No es el autor de los crímenes, pero su canal de televisión tiene la capacidad de construir y deconstruir la historia de todos los crímenes de la provincia. No es la sombra ni el testaferro del poder, es un poder en sí mismo. Yabrán está muerto, pero Santiago ha construido su réplica.
Hace un mes, los crímenes de La Dársena se convirtieron en tema de la agenda política nacional. Por aquellos días, la causa judicial incorporaba a un nuevo testigo, alguien que aparecía sin nombre y con las garantías de los testigos protegidos. Aquella persona instaló en la causa una hipótesis que hasta incluía un supuesto acto de canibalismo en la fiesta donde habría muerto Leyla Bshier Nazar. Ahora, otras declaraciones dieron vuelta la causa y derrumbaron esa historia y al testigo protegido. Pero el principio de la antropofagia en la provincia todavía no cayó: porque la lógica del “cómanse los unos a los otros” estructura el gobierno de los Juárez.
Néstor Ick creció alimentado bajo esa lógica. “Para entender quién es –explica uno de sus coterráneos– hay que empezar diciendo esto: para cuando Juárez retomó el poder, en el ’95, Ick tenía cuatro empresas, ahora tiene 29.” Controla total o parcialmente las siguientes empresas: Canal 7 de televisión; TVC, el primer canal de UHF de la Argentina, más tarde convertido en TIC; la FM Panorama; el cementerio Parque de La Paz; parte del Banco de Santiago del Estero SA, la compañía de seguros Hamburgo, los hoteles Carlos V y Coventry, los Códigos de Descuentos de los servicios públicos del Estado provincial y del Instituto Provincial de la Vivienda. Correos; Edesa, la compañía de energía, y Aguas de Santiago; la tarjeta de débito Sol, el casino local, el bingo, la Colonia Mackinlay. Y hay más. Cada una de las empresas respondió a una lógica y a una década: los 90.
Como Yabrán, Ick no aparece en cámara, no sale en fotos, no concede entrevistas. Hay una excepción: sucedió una vez, hace dos años, en un programa grabado y editado, conducido por sus dos empleados, Rogelio Llapur y Xavier Ferrara Peña, vocero gubernamental hasta la oleada de despidos del efecto La Dársena. En la entrevista habló de los 90, la década de las privatizaciones nacionales de las empresas del Estado: “Los santiagueños –dijo entonces– teníamos que participar y no (dejar) que los de afuera vinieran a comprar todas las empresas que existían aquí”. Y entonces él las fue comprando. En ese mismo programa, poco más tarde, decía: “Por desgracia, en los últimos 50 años los santiagueños han vivido fundamentalmente alrededor de la actividad del Estado (...) Y entendí que tratando de participar con otra gente, los santiagueños debíamos hacernos cargo y no que vengan los de afuera, compren todo y esto se convierta en una sucursal”.
Basta retomar dos datos de ese discurso para entender de quién hablan los santiagueños cuando nombran “al dueño de Santiago”. Durante 50 años, decía Ick, los santiagueños vivieron alrededor del Estado. Luego, en el marco de la ola privatizadora, se pusieron en venta las compañías de ese Estado. Quien controlara las empresas del Estado comenzaría a controlar los bolsillos, cuanto menos, de los santiagueños. Eso fue centralmente lo que pasó con Ick. Sentó las bases de su imperio, un imperio sólido puertas adentro de la provincia, garantizado por la estructura política del juarismo.
Hasta el ’96, Ick era el resultado de dos historias: la primera de abogado, dueño de un estudio jurídico, con experiencia agropecuaria, exportación de frutas, producción lechera y yesería. Desde el ‘76, su historia cambió. Se interesó por los medios de comunicación, el aparato que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en órgano oficial de los Juárez. En aquel momento, Antonio Castiglione, el dueño del principal diario de Santiago, lo buscó para ofrecerle una sociedad en CasTV, la televisión abierta. Y sin saber, con ese gesto activaría nuevamente la lógica antropofágica: “Este canal tenía una pérdida tremenda y estaba en cesación de pagos”, contaba tiempo después el propio Ick durante el programa. “Y lo compré –explicó– por el valor de 25 autos Fairlane, los más caros de la época.”
Desde la televisión hizo el resto y fue desplazando poco a poco a los Castiglione. Comenzó a construir el cementerio Parque de La Paz, armó las empresas de cable, mantuvo e intentó sociedades en medios con inversores extraprovinciales, hasta el quinto mandato de Carlos Juárez, cuando creó Hamburgo Compañía de Seguros, una suerte de llave hacia la caja del Estado. Por el decreto 54/96, la provincia le transfirió los seguros colectivos de vida de los empleados de la administración pública. El traspaso fue denunciado penalmente porque terminó convertido en una adjudicación directa fundamentada en la “urgencia” para que los empleados tuvieran su seguro.
Poco después, cuando supuestamente había pasado la urgencia, un nuevo decreto renovaba los plazos de la adjudicación y ampliaba las funciones de Hamburgo: al seguro colectivo de vida obligatorio se agregó el seguro colectivo facultativo de vida y sepelio para el personal de la administración pública provincial y el seguro automotor de vehículos oficiales con cobertura de responsabilidad civil hacia terceros.
La historia de Hamburgo es sólo una de las de Ick, pero contiene algunos puntos claves. Cuando aquí se habla de seguros de empleados provinciales se dicen dos cosas. Una es la cantidad: de la administración pública de Santiago dependen unas 38.900 personas. Y lo segundo es el tipo de cobro: los empleados públicos son obligados compulsivamente a pagar sus alícuotas de seguros con el sistema de códigos de descuentos (descuentos directos del recibo de sueldo), pero además ahora también los préstamos personales al banco provincial y hasta las boletas de luz.
Este es uno de los casos que ahora está bajo la lupa. Ick fue denunciado por este tema, en una presentación que pone énfasis en otro dato: el tráfico de influencias. Néstor Ick tuvo como empleados de su pool a funcionarios de la provincia mientras cumplían su mandato. De esa forma, quien firmaba los decretos cumplía las funciones de asesor en alguna de sus compañías. A propósito de la denuncia, Ick hizo un descargo en el que niega que el funcionario en cuestión –un ex ministro de Economía de Juárez llamado Walter Noe Tagliavini– fuese funcionario al mismo tiempo que empleado suyo. En su defensa, Ick dijo dos cosas: que Tagliavini “jamás ha estado vinculado bajo relación de dependencia” en sus empresas, pero agregó que en algunas de ellas se contrató sus servicios independientes como auditor y asesor impositivo en períodos anteriores a su designación como ministro. Tal fue el caso de Hamburgo Compañía de Seguros, donde certificó y auditó el balance del ejercicio cerrado al 30 de junio del ’98. En diciembre del ’99, Tagliavini asumía en el Ministerio de Economía, donde permanecería durante dos años. En ese período, Hamburgo obtuvo la prórroga de diez años del contrato con la Contaduría General de la provincia.
Quien ahora trabaja como asesor legal del Obispado de Santiago del Estero, Juan Carlos Storniolo, patrocina en este momento a Diego Rodríguez, uno de los periodistas locales que ha difundido una serie de denuncias contra el Estado provincial y contra Néstor Ick. Rodríguez fue golpeado y en este momento está amenazado. Es el autor de la denuncia penal donde aparece aquel descargo de Ick. En las primeras páginas del descargo, Ick traza una pintura del paisaje santiagueño. Cuando habla de las denuncias, descarga su furia contra los “autores ideológicos” financiados “económicamente por los opositores de los actuales funcionarios a cargo del gobierno de la provincia”. En el universo Ick, entre esos opositores está la familia Curi, vieja socia del Estado en el negocio de la construcción y ahora casi exiliada.
Y sin querer, todo este apartado vuelve a enlazarse con las historias de los crímenes de La Dársena. La última noche de Leyla, según una de las hipótesis del crimen, comienza en un hotel, que no es el Carlos V de Ick sino el Palace, de los Curi. Todavía no se sabe ni dónde ni de qué modo murieron las chicas y ni siquiera si hubo esa supuesta fiesta. De todos modos, el nombre del Palace vino gravitando en torno del crimen desde el principio como uno de los últimos lugares donde alternaba Leyla.
La Verdad es una publicación difundida por las Madres del Dolor de Santiago, la organización que presentó las 250 denuncias por abusos a los derechos humanos en la provincia. Una de las ediciones estuvo dedicada a Néstor Ick. Y así empezaba: “Riesgo país 4001 puntos a la hora del almuerzo. Se nos cae la casa a pedacitos (...) en un noticiero me informan que se mueren por segundo no sé cuántos niños argentinos. Ese escenario nacional trasladado a las salinas santiagueñas es un umbral de penurias que no quisiera ver: tengo suerte, nunca sabré la realidad gracias a las pócimas mágicas de Canal 7, una señal de televisión que sabe decirme exactamente cómo pensar y cómo quedarme piola”.