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En tiempos en los que saludablemente en la Argentina se han comenzado a discutir cuestiones centrales sobre las que el debate público había sido clausurado –por decisión política o normativa– es bueno no perder de vista que el derecho a una información veraz, que tome en cuenta todas las opiniones y ofrezca elementos para que los ciudadanos puedan adoptar sus propias decisiones, es parte esencial de la construcción de la misma democracia. No hay democracia política sin comunicación democrática. Y viceversa: la comunicación democrática necesita apoyarse en la democracia política. En nuestro país hay todavía muchas asignaturas pendientes en esta materia. La primera es que la sociedad en su conjunto no se ha dado un debate que transparente y ponga en evidencia posiciones, puntos de vista y permita discutir sobre alternativas. En lo normativo, lo más grave es la ausencia de una ley de radiodifusión que legisle sobre criterios de equidad. Estos temas, por supuesto, entre otros de una larga agenda que necesita la comunicación y entre los que no debe dejarse de lado la discusión sobre las radios y canales de televisión comunitarios, y tampoco un diálogo franco y constructivo sobre la necesaria auditoria ciudadana que requieren los medios como servicio público y como resguardo del derecho a la comunicación. Pero mientras aguardamos que también en este campo se abran rutas para avanzar hacia mejores puertos es saludable observar lo que ocurre en otros países. En España, el 23 de julio la Audiencia Nacional condenó a la Televisión Española (televisión del Estado) por entender que vulneró los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical al no difundir información veraz sobre una huelga general del 20 de junio de 2002, señalando también que quedó suficientemente probada la responsabilidad de la TVE por no haber contemplado criterios objetivos de distribución de tiempos, criterios y contenidos de la información atendiendo a los diferentes actores. La denuncia contra la TVE había sido presentada por el sindicato comunista “Comisiones Obreras” acusando a la emisora estatal de presunta manipulación informativa. La sentencia abrió en España un importante debate sobre el derecho a la información, la manipulación informativa por parte de los responsables de la información y sobre el papel de los medios de comunicación. Sucede en España y es saludable para ellos. La manipulación informativa también existe entre nosotros y sería muy útil y sano para la sociedad y para la democracia que el tema se transformara aquí en centro de preocupación no sólo de los comunicadores sino de los políticos y la ciudadanía en general. Ya es hora.