EL PAIS › LA CORTE REGLAMENTO EL INGRESO IGUALITARIO

El freno a la familia judicial

El ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial fue establecido por la Ley 26.861, votada por el Congreso en junio del 2013, que fue reglamentada por la Corte Suprema de Justicia, que fijó su puesta en marcha en marzo próximo.

El máximo tribunal lo estableció en su acordada 49/2013, que fue firmada por sus siete miembros el pasado 20 de diciembre, pero difundida recién ayer. La norma de la Corte reglamenta los formularios de inscripción para los nuevos postulantes a cargos de “letrados”, “empleados” y de “personal obrero y de maestranza”, que en marzo de cada año deberán presentar quienes deseen ingresar al Poder Judicial.

Para el cargo de “maestranza y oficios” los requisitos son ser mayor de edad, poseer estudios primarios completos, tener idoneidad y aptitud psicotécnica para dicho cargo, mientras que para el cargo de “empleado” se deberá contar con estudios secundarios, así como “con aptitud psicotécnica”.

Para los cargos de “letrados”, que incluyen a secretarios y prosecretarios, los requisitos incluyen el de “ser argentino o residente permanente en el país, mayor de edad y abogado graduado en universidad nacional pública o privada”.

También debe “tener la idoneidad requerida para el ejercicio de las funciones, verificada a través de concurso público de antecedentes y oposición, así como aptitud psicotécnica para su desempeño”.

A partir de marzo de este año las Cámaras nacionales y federales en las jurisdicciones donde las personas deseen inscribirse deberán recibir los formularios de inscripción y extender una constancia.

La Corte aclaró que hasta que se ponga en funcionamiento este sistema, se mantendrá la actual “designación y promoción de empleados” tal y como se realiza hasta ahora.

El ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial es una de las leyes de Reforma Judicial que fueron aprobadas el año pasado. En particular, esta propuesta fue impulsada por los integrantes del colectivo Justicia Legítima. El objetivo fue cortar con los mecanismos corporativos de la “familia judicial” por los que comenzaban a trabajar en tribunales parientes o conocidos de magistrados.

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