[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“Los trabajadores somos la verdadera industria nacional: nunca nos vamos a ir del país”, dice Daniel Flores en el frigorífico Yaguané. Y señala las cámaras de frío donde los operarios hacen la faena. Es una imagen rara la que muestra, de sólo dos colores: el blanco de las paredes y la ropa, y el rojo de la sangre. Subidos a andamios mecánicos, los que trabajan son elevados hasta quedar frente a las vacas que circulan colgadas de un riel en el techo. Ellos cortan, separan el cuero de la carne, usan sierras donde haya que partir. En pocos minutos la media res está lista para la venta. En Yaguané trabajan 470 personas. Fue la primera industria recuperada de la Argentina, ocupada y puesta a producir por sus trabajadores después de que el empresario y asesor presidencial Alfredo Samid la dejara en la quiebra. Pero ahora está en una situación paradójica.
Expropiada hace dos años, el plazo para que el gobierno provincial pagara la confiscación venció sin que esto se concretara. El síndico a cargo de la quiebra inició entonces el juicio de expropiación inversa. Le reclama al Estado que pague diez veces más de lo que valía cuando Samid la abandonó. Al parecer, incluye en el nuevo precio las mejoras que llevó a cabo la cooperativa obrera. Si no hay acuerdo, la planta va a remate. Es el primer proceso de expropiación inversa en la provincia de una fábrica recuperada, y lo que pase con ella, seguramente, va a marcar lo que puede pasar con las demás.
El frigorífico es uno de los más grandes de Sudamérica. Construido a fines de la década del 70, fue diseñado con capacidad para faenar 25 mil animales por mes. Recorrerlo impacta: tiene un terreno total de 23 mil metros cuadrados y una superficie cubierta de 12 mil.
Sin embargo, antes de la recuperación, valía menos que nada. Samid llevó a cabo en el lugar una serie de maniobras de vaciamiento. En 1996 intentó despedir a la mitad del plantel, pero lo frenaron con paros. Hizo más tarde firmar un pagaré en perjuicio de la empresa por 700 mil pesos en favor de una segunda firma controlada por él. Así, un día los trabajadores se encontraron con que a la mañana siguiente las máquinas irían a subasta. Lo frenaron con una manifestación en la puerta, que impidió la entrada del martillero y los posibles compradores.
En ese clima nació la cooperativa, luego de una discusión en la que el empresario insistió con despedir a 200 personas. Samid decía que de otra manera el frigorífico era inviable, y amenazaba con quebrarlo si se mantenía la oposición.
–Lo quiebro, lo cierro, espero tres meses y lo reabro con otro nombre –le dijo a los delegados gremiales–. Lo reabro con la gente que se me canta y ustedes se quedan mirando desde afuera.
“Así armamos la cooperativa –cuenta Flores–, con la idea de tener una figura legal con que impedir un eventual cierre.”
En 1997 Samid se fue y un socio minoritario quedó al frente del frigorífico un tiempo más. Cuando este último cerró, la cooperativa ocupó la planta. Estuvieron siete meses adentro, sin mucho más que hacer que una asamblea cada dos minutos. Esperaban conseguir un nuevo dueño o interesar al gobierno en una estatización, cosa que no ocurrió. La mayoría de los ocupantes eran mayores de 50 años.
El abogado Facundo Orqueira, de la Unidad Ejecutora de Recuperación de Empresas en Crisis del Inaes, recuerda que en ese momento el Banco Nación tasó al frigorífico en tres millones 250 mil pesos. “Pero el síndico pidió ahora 38 millones”, apunta.
¿Vale tanto?, preguntó Página/12, y repitió por separado la consulta a Daniel Flores. La respuesta fue que no, aunque también que vale mucho más que en 1997. Los integrantes de la cooperativa dicen que en los últimosdos años invirtieron en ella más de un millón de pesos para dejarla a nuevo, y pusieron en mano de obra, trabajo de albañilería y pintura otro monto similar. Lo hicieron para poder exportar a la Comunidad Económica Europea con una participación en la cuota Hilton, en un camino que tuvo sus complicaciones (ver aparte).
Consultado por este diario, el síndico Domingo Rodríguez, que impulsa la expropiación inversa, no quiso opinar. Fuentes vinculadas al Gobierno dijeron que el estado provincial estaría dispuesto a pagar la expropiación, aunque con una oferta menor, no de 38 millones sino de cinco, a los que sumaría otros seis por compensación de deudas fiscales de la antigua administración.
El caso tramita en los tribunales de La Plata, donde ya estaría formulada la oferta. La provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de empresas expropiadas del país. Todas en la situación previa a la que ahora transita Yaguané.