EL PAIS › DURANTE LA DICTADURA, AL MENOS 102 SACERDOTES ACTUARON EN UNIDADES MILITARES DONDE HABIA CENTROS CLANDESTINOS

Las sotanas del terrorismo de Estado

Un estudio sobre el vicariato castrense detalla la participación de los capellanes militares como apoyo de los represores e incluso como partícipes de torturas e interrogatorios. Las pruebas en los diarios del ex provicario Victorio Bonamín.

 Por Diego Martínez

Mientras el papa Francisco pide perdón en nombre de la Iglesia Católica “por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América”, los capellanes que participaron del terrorismo de Estado disfrutan impunes y en silencio sus últimos años de vida. A una década de la reapertura de causas por delitos de lesa humanidad, el único condenado es Christian von Wernich, ex capellán de la policía de Ramón Camps, quien no recibió ninguna sanción canónica pese a que la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia a prisión perpetua y ostenta su condición de sacerdote en el penal de Marcos Paz sin que a ningún obispo se le mueva un pelo. José Mijalchyk, denunciado por sobrevivientes del mayor centro clandestino de Tucumán, fue absuelto en un fallo dividido sobre el que ahora deberá pronunciarse la Cámara de Casación Penal. Los pocos capellanes que cayeron en la mira de algún juez, como el fallecido Aldo Vara o Franco Reverberi Boschi, gozan o gozaron de la protección de la Iglesia, que los cobija en parroquias en el exterior. El historiador Lucas Bilbao y el sociólogo Ariel Lede, autores del primer estudio sistemático sobre el vicariato castrense a partir de los diarios del provicario Victorio Bonamín, precisan en un informe entregado a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que “al menos 102 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares donde funcionaron centros clandestinos” y advierten sobre la “participación necesaria” en delitos de lesa humanidad de quienes a sueldo del Estado sedaban las conciencias de los torturadores y los ayudaban a obtener información de los secuestrados.

“La dimensión religiosa del terrorismo de Estado estuvo presente en las diversas fases y con diferentes intensidades: convenciendo de la peligrosidad ideológica y material del ‘enemigo subversivo’, intensificando las ideas de ‘crisis moral’ y ‘guerra justa’, excitando a las Fuerzas Armadas a la toma del poder, acompañando su accionar represivo, avalando teológicamente los métodos clandestinos o instando a los detenidos a la delación”, resumen los investigadores, que durante seis años analizaron 750 páginas de apuntes que Bonamín tomó entre 1975 y 1976, contrastaron los datos con boletines reservados del Ejército y del Vicariato Castrense, entre otras fuentes, y escribieron un libro que se publicará el próximo año.

La legitimación que la doctrina católica brindó a la dictadura, notoria “en el discurso público de los obispos y el silencio aquiescente de la institución”, reposó “centralmente en el trabajo del Vicariato Castrense al interior de las Fuerzas Armadas”, advierten. La “función de los capellanes” consistía en “dar criterios sobrenaturales al accionar de los militares”, apuntó en octubre de 1976 el propio Bonamín, desvelado por garantizar “asistencia espiritual” a quienes por esos días secuestraban, torturaban, ejecutaban clandestinamente y desaparecían a miles de personas.

Los jefes militares que adoctrinaban a sus subordinados en “técnicas antisubversivas” valoraban la influencia de los capellanes sobre la tropa y Bonamín tomaba nota de los halagos. Las “acampadas militares religiosas” que organizaba el Vicariato “conseguían en tres días lo que los oficiales en un año”, celebró en 1975 el entonces coronel Juan Bautista Sasiaiñ, director de la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” de Campo de Mayo. “Con estos muchachos yo hago ahora cualquier cosa”, se emocionó el jefe del GADA 601 de Mar del Plata, Carlos Jesús Cornejo. El ex capitán Adolfo Scilingo dio un ejemplo al confesar sus crímenes: los capellanes de la ESMA lo hacían “sentir mejor” al darle “una explicación cristiana” de los vuelos de la muerte.

Los “problemas de conciencia” figuran ya en los apuntes sobre el Operativo Independencia, antesala del terrorismo de Estado en Tucumán durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. “A fines de 1975 comienzan a aparecer la muerte y la tortura en las anotaciones de Bonamín”, explican los investigadores. El provicario dejó constancia de su exposición “sobre las torturas” a sacerdotes destinados en Tucumán. Cuando el capellán mayor del Ejército, José Menestrina, ofreció enviar más capellanes, “el Sr. Gral. Adel E. Vilas agradeció muy de corazón pero me indicó que por ahora no era necesario”, apuntó Joaquín Cucala Boix, capellán en “La Escuelita” de Famaillá y otros centros clandestinos. Después de una conferencia en el Colegio Militar de la Nación, Bonamín apuntó que cadetes de cuarto año le preguntaron “sobre ética de la guerrilla (trato de prisioneros... torturas para ‘hacer cantar’)”. “Quería quedarme con ellos cuanto fuera necesario, incluso hasta medianoche, pero el jefe del Escuadrón, Tte. Núñez, me pidió que lo acercara a Buenos Aires... y tuve que ceder”, lamentó.

Acrecentar la funcionalidad de los tormentos también fue tarea de los sacerdotes católicos. Lo acreditan las víctimas que recuerdan la voz de los capellanes después de las sesiones de picana para ofrecerles “un momento de charla”. “No fueron más que estrategias represivas disfrazadas de ‘acciones benévolas’ que buscaron obtener aquella información que con la tortura no habían logrado”, advierten Lede y Bilbao. “Un hombre de iglesia totalmente integrado a la tarea ilegal utiliza su condición de sacerdote para ingresar en un campo de la víctima al que no accede mediante instrumentos físicos de tormento: el campo de las creencias y las convicciones –citan al teólogo y filósofo Juan Pablo Martín–. Se conforma así la figura de la tortura perfecta. Junto a otros que torturan el cuerpo, se ejerce el poder religioso sobre el alma.”

Entre 1975 y 1983 fueron 400 los capellanes que poblaron cuarteles de todo el país, según contabilizaron los investigadores en base a documentación oficial. Los comandantes de cada fuerza trataban con los obispos castrenses y con los tres capellanes mayores. Los comandantes de zonas, como Luciano Menéndez en Córdoba o Carlos Suárez Mason en Buenos Aires, eran asistidos por dos capellanes cada uno. El 80 por ciento de los jefes de áreas contaron con acompañamiento religioso y al menos 102 sacerdotes cumplieron tareas en unidades donde funcionaron centros clandestinos, precisan. Por último, detallan información sobre 22 capellanes que están vivos y que, aún si no fueran imputados por fiscales o jueces, podrían por los destinos que ocuparon conservar información valiosa sobre víctimas, victimarios y apropiaciones de niños (ver recuadro aparte).

“La Iglesia y en particular el obispado castrense podría colaborar si quisieran. Nuestro objetivo es aportar información para que la Justicia empiece a mover las piezas y cite a declarar a estos capellanes”, explican los autores a Página/12. “Igual que muchos militares juzgados como autores mediatos en el área o unidad donde fueron responsables, les cabe a los capellanes una máxima equivalente, ya que eran funcionarios públicos, tuvieron un despliegue territorial enorme y adaptado a la estrategia militar y, más importante aún, ocuparon hacia el interior de cada unidad una posición de cierta ‘paridad’ con los jefes e influencia sobre el resto de los militares que les permitía ejercer una forma de poder”, argumentan. “Son razones suficientes para que la Justicia los indague sin que haga falta un testimonio previo de un sobreviviente”, concluyen.

Von Wernich es hasta ahora el único capellán entre casi los 600 condenados por delitos de lesa humanidad. El tribunal riojano que condenó a Menéndez y a Luis Fernando Estrella por el asesinato de Enrique Angelelli afirmó en los fundamentos del fallo que “los militares no podrían haber matado a un obispo sin complicidad civil y clerical”. Pero esos cómplices siguen impunes. El primer capellán militar que llegó a juicio fue Mijalchyk, imputado por su actuación en el centro clandestino que funcionó en el arsenal Miguel de Azcuénaga, en Tucumán. La sobreviviente María Angélica Mazzamuto de Romero contó que “se lo sentía pararse en algunos boxes, consolar a algunos (secuestrados) y exhortarlos a hablar con sinceridad con la gente del Ejército”. “Lo conocía muy bien porque había ido de misión evangélica a la escuela en la que yo era directora”, aclaró. Osvaldo Pérez contó que el “Padre Pepe”, como lo llamaban, iba al centro clandestino y “no a ocuparse de nuestras almas”. La única vez que pudo hablar le preguntó si podía rezar por los cautivos. “Para qué rezar si estos se van todos al infierno”, le contestó. Los jueces Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla consideraron que existían “dudas razonables” sobre la presencia de Mijalchyk en el centro de detención, sugirieron diferenciar “entre pecado y delito” y resolvieron “absolver(lo) por duda”. El juez Juan Carlos Reynaga, en disidencia, consideró acreditada su presencia, apuntó que “‘persuadía’ a los detenidos clandestinos en ese lugar para que confesaran”, explicó que agregaba a las torturas “un sufrimiento adicional al utilizar su calidad de religioso y los conocimientos propios de su oficio para lograr el quebrantamiento de su voluntad” y votó una condena a diez años de prisión. Los fiscales tucumanos apelaron la absolución, que podría revertir la Cámara de Casación Penal.

Eugenio Zitelli, capellán de la policía de Santa Fe, tiene procesamiento firme y será juzgado en Rosario junto a la patota que encabezaba Agustín Feced. Como capellán del Servicio de Informaciones y de la alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario participaba de interrogatorios vestido con sotana. Carlos Marozzi fue identificado por un sobreviviente del centro de detención que funcionó en el Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero, donde oficiaba como capellán auxiliar, como el hombre vestido de sacerdote, con camisa celeste y cuello blanco que le metía sus pulgares en los ojos y le decía que estaba poseído por el demonio. Luego de tres pedidos de la fiscal Indiana Garzón, prestó declaración indagatoria el mes pasado, imputado por tormentos a ese secuestrado. “En una sola oportunidad vio a un muchacho vendado pero presumió que se trataba de una persona castigada por faltas militares”, minimizó su abogado Julio Navarro. Su situación procesal está en manos del juez federal Guillermo Molinari.

En el caso de Emilio Graselli, el ex secretario del vicario general castrense Adolfo Tortolo que entrevistaba a los familiares de desaparecidos en la capilla Stella Maris, en Retiro, dos fiscales pidieron que se lo cite a indagatoria. Al formular el requerimiento al juez Julián Ercolini, el fiscal Federico Delgado destacó que el capellán “estaba en un ‘lugar clave’ que le brindaba ‘información cualificada’ en relación con la represión clandestina y que de alguna forma, que sería apresurado calificar, la ‘administró’”. Miguel Angel Blanco García Ordás y Hugo Bogetti le imputaron “captar” información de los familiares de desaparecidos para luego “desorientarlos dolosamente”. “No sólo no desconocía todo el aparato ilegal montado por las Fuerzas Armadas sino que formaba parte de él”, señalaron los fiscales de San Martín al pedirle la indagatoria a la jueza Alicia Vence, y apuntaron que entre sus más de 2 mil fichas en las que volcaba los datos que aportaban las familias figuraban 140 víctimas de la zona militar IV. “Recibía a los familiares simulando una total ajenidad a los casos narrados, obteniendo así información de ellos, sin perjuicio de que luego les daba como devolución a sus interrogantes que no tenía noticias oficiales sobre su destino”, señalaron. “Tortolo y Graselli poseían el mando de todos los capellanes del país, de quienes se abastecían de la información necesaria” sobre el destino de las víctimas “para luego informar a los familiares mendazmente a sabiendas de sus destinos finales”. Graselli “simulaba que realizaba averiguaciones relativas al tema” y “les informaba en la mayoría de los casos, salvo que las personas hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que no tenía noticia de su detención en lugar oficial”.

Aldo Vara murió luego de ocho meses prófugo en una parroquia de Ciudad del Este. En 2013 los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia lo definieron como un agente de inteligencia que sólo por su técnica se diferenciaba de los militares y pidieron su detención. El entonces juez subrogante Santiago Martínez no encontró “elementos suficientes” para ordenarla. Cuando la Cámara Federal de Bahía Blanca revirtió esa decisión, el ex capellán auxiliar del Cuerpo V de Ejército ya estaba escondido en Paraguay. “Vara se refugia porque no encuentra justicia en su país. Salió porque no era un proceso justo”, dijo el párroco Ecar Rolón para justificar el encubrimiento. “Esto era posible al no existir sanción canónica”, lo respaldó el obispo Rogelio Livieres Plano. El reo murió días después de que Interpol lo ubicara.

Franco Reverberi Boschi logró burlar a la Justicia argentina gracias a un fallo de la Corte de Casación de Italia que rechazó el pedido de extradición. El ex capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, imputado por participar de interrogatorios bajo tortura en el centro clandestino La Departamental, pasa sus días en una parroquia de la provincia de Parma, a sólo 463 kilómetros de la residencia del ex cardenal Jorge Bergoglio.

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El ex provicario Victorio Bonamín.
 
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