“La apuesta más arriesgada sobre la necesidad de aplicar la jurisdicción universal en los crímenes de lesa humanidad es extender esta calificación jurídica a los crímenes económicos y medioambientales. Es una apuesta más arriesgada, pero también la más necesaria”, sostuvo ayer el juez Baltasar Garzón. La fundación que encabeza el jurista llevará a cabo mañana y el jueves en el Teatro Cervantes el Congreso sobre Nuevos Principios de Jurisdicción Universal con la idea de propiciar que los graves delitos económicos y ambientales que afectan a sociedades enteras puedan ser considerados como crímenes de lesa humanidad y se enmarquen dentro de la jurisdicción universal, es decir, puedan se juzgados por cualquier país.

Garzón estuvo acompañado ayer, en un almuerzo en el Museo Evita, de varios de los expositores que tendrá el encuentro que se realizará esta semana. Entre los invitados que darán su visión sobre el estado de la jurisdicción universal están Paulo Abrao, presidente del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, Joan Garcés, el abogado español que dirigió el proceso judicial contra Augusto Pinochet, Helen Duffy, directora de Human Rights in Practice, Fabricio Guariglia, director de la División de Enjuiciamiento y Apelaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Galo Alfredo Chiriboga Zambrano, fiscal general de Ecuador, Gina Guillen, responsable de Asuntos Jurídicos de la misión permanente de Costa Rica ante la ONU, Héctor Sejenovich, Premio Nobel de la Paz compartido con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en 2007, Manuel Ollé, doctor en derecho penal por la Universidad Complutense de Madrid, Raji Sourani, fundador del Centro Palestino para los Derechos Humanos, Frank LaRue, ex relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, William Bourdon, representante de víctimas en el caso de Hisse`n Habré Tashi, Tsering, Investigador asociado del York Centre for Asian Research de la Universidad de York en Toronto, Fernando Andreu, magistrado instructor de la Audiencia Nacional de España, Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional de España, Naomi Roht-Arriaza, de la Universidad de California Hastings College of Law, George Kegoro, director de la Comisión Internacional de Juristas de Kenya y la guatelamteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Algunas de estos especialistas comenzaron ayer a intercambiar opiniones y pudieron recorrer el Museo Evita antes de iniciar el debate previo al Congreso.