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Muchas veces parece que así como se lapidó a las policías heredadas de la dictadura, así también podría hablarse de una “maldita Justicia”.

Mientras la Corte Suprema se esmera en complacer al macri-radicalismo que suponen los nuevos cortesanos que será gobierno, primero anulando subrogancias como quería la corporación judicial y ahora rechazando una apelación de la Afsca contra una cautelar en favor del Grupo Clarín, y mientras en el Chaco es atacado brutalmente por presuntos policías el Dr. Mario Bosch, presidente del Comité de Prevención de la Tortura, esta columna regresa para ocuparse otra vez del catastrófico estado de los otrora maravillosos bosques de El Impenetrable. El cuestionado sistema judicial argentino, federal y de provincias, tiene que ver en el asunto.

Y es que muy posiblemente coludidos con abogados que fungen como propietarios de hecho de un Parque Nacional que el Estado Argentino a través de la Administración de Parques Nacionales se empeña en no ocupar ni mucho menos cuidar, las Señorías de la chaqueña ciudad de Castelli parecen proteger de hecho a quienes están en posesión de 130 mil hectáreas que se degradan hora a hora por la devastación y el descuido ambiental de un territorio único que, en lugar de centro turístico y de desarrollo social de miles de habitantes de la región, hoy funciona como vulgar coto de caza de furtivos especialistas en matar especies animales y arbóreas en extinción.

Esta semana se conoció una “sentencia” de supuesto amparo, por la que se autoriza a ingresar al PNEI sola y exclusivamente a personas autorizadas por las direcciones de fauna, bosques o recursos naturales, quienes deben comunicar “previamente” sus visitas e “individualizando los vehículos” a ser utilizados, todo lo cual deberá ser “presentado ante el juzgado previo al libramiento del permiso”. O sea, nada. Y queda excluido expresamente el reingreso de la veintena de instituciones ambientalistas que custodiaron este Parque hasta hace un año y consiguieron una ley nacional para que entraran guardaparques profesionales de la APN. Los cuales nunca entraron de lleno y no garantizan el patrullaje de estos bosques milenarios.

El “fallo” es escandalosamente ambiguo cuando es urgente que el Estado tome posesión de una vez de este territorio, independientemente del pago expropiatorio, que está en proceso y listo para completarse. Mientras tanto, hay decenas de organizaciones listas para los estudios y cuidados necesarios. Lo cual es impedido por quienes dizque “protegen” a los aún no probados herederos.

En el fragor electoral las Cortes, de la Nación y del Chaco, tornan imposible no pensar que hacen silencio o avalan chicanas jurídicas por ignorancia, porque no les importa la naturaleza o directamente por corrupción. Como lugareño y conocedor de El Impenetrable, tengo derecho a sospechar de jueces que mantienen al PNEI en estado de total indefensión, además de que incumplen una ley de la nación en un territorio que es federal, porque fue cedido a la APN, organismo público hoy igualmente sospechable.

Está claro que todos esperan que el 22 gane la derecha dura para que entonces nosotros, los ambientalistas defensores del aire puro, dejemos de fastidiarlos.

Recorrí la región todo este fin de semana, visité pueblos aborígenes y estuve con docentes que son mis amigos, y vi que la degradación ambiental es cada vez mayor. Camiones cargados con algarrobos y quebrachos cortados sin permiso van uno tras otro, cada día y en cualquier ruta chaqueña. En la 5, por ejemplo, que une Castelli con Pampa del Infierno, la devastación es brutal y hoy impera el olor intenso y asqueroso del glifosato que arrojan avionetas fumigadoras sobre escuelitas de monte en las que resisten, silenciosas y adoloridas, las mejores personas de este país. Los inexistentes controles favorecen la tala clandestina que acaba ahora con algarrobos y palosantos, como ya liquidaron los quebrachos colorados. Y tan animales son que, además y para colmo, se llevan los troncos sin siquiera dejar que los lugareños aprovechen los ramajes para leña casera. Incendian todo y a la vista, y luego a la vera de los caminos se suceden plantíos clandestinos de soja y girasol sobre banquinas públicas. ¿Ningún juez habrá pasado por ahí?

La ausencia del Estado es evidente y grosera, y duele. Sobre todo si se escucha en la radio a patanes dizque “del campo” exhortando a que la sociedad argentina se suicide, nomás, en acuerdo con el votoblanquismo y la izquierda incurablemente estúpida que tenemos. Y encima hay que soportar que quienes se postulan para que dizque “cambiemos” son los mismos que jamás han dicho una palabra sobre este gigantesco crimen de lesa ecología.

El gobierno chaqueño, que impulsó la defensa de estos territorios y la sanción de la ley de PNEI, ahora está de salida y aunque aquí el FpV ganó las últimas elecciones por paliza nadie se atreve a predecir el futuro. Y lo cierto es que más de un año después de la creación del Parque, todavía ningún guardaparque cuida la vieja estancia La Fidelidad.

Y encima la presión de los agronegocios para modificar los Ordenamientos Territoriales es implacable y prenuncia la destrucción final del ecosistema chaqueño porque nada, ningún experimento genético nos va a devolver los bosques milenarios del Chaco. Y el desarraigo de miles de familias que lo habitan –cabe recordar que la característica peculiar de esta floresta es que son bosques con gente– será como echar alcohol sobre el fuego de la tragedia social que se avecina si ganan el 22.

En ese contexto, esta “sentencia” judicial chaqueña es, por lo menos, inadmisible. Y después hay algunos que se molestan cuando uno escribe que casi toda la justicia de este país da vergüenza.