EL PAíS › OPINION

Una bomba, dos víctimas

 Por Martín Granovsky

La reunión entre el secretario general de la Presidencia y los piqueteros duros puso las cosas en el único lugar sensato: ambas partes asumieron que ni el Gobierno colocó la bomba del sábado ni la colocaron los piqueteros.
El disparate anterior al encuentro entre Oscar Parrilli y los dirigentes sociales había alcanzado niveles inéditos.
El Gobierno calló pero se mantuvo demasiado inmóvil. Su mérito, en las marchas del último sábado, fue no haber reprimido. Su gran error, de la bomba hasta la reunión de ayer, fue la indiferencia. No hubo ningún funcionario con los heridos por las esquirlas. Tampoco hubo funcionarios que se solidarizaran con ellos.
Es verdad que el Gobierno no lanzó la tesis del autoatentado. Pero, por un lado, tuvo la desgracia de que la versión corriera por cuenta de Luis D’Elía, el dirigente piquetero más afín al presidente Néstor Kirchner. Y, por otro lado, el Gobierno no discutió públicamente la tesis de D’Elía.
Esa mezcla de indiferencia ante los heridos y tolerancia hacia los dichos del dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda sirvieron para que los directivos del Bloque Piquetero Nacional de Néstor Pitrola y Raúl Castells pudieran regodearse hablando de una presunta autoría intelectual por parte del gobierno en la bomba.
Había un doble equívoco evidente desde el principio.
Se equivocaba el Gobierno si pensaba en privado en que los propios piqueteros se autocolocaron la bomba. También erraba si concedía que D’Elía hablase en público como vocero oficioso y mencionase el autoatentado o, como lo dijo a Página/12 el domingo, “una especie de autoatentado”. Los miembros del Gobierno tienen entre 45 y 55 años. Cualquiera de ellos podría contestar esta pregunta: en su militancia política, ¿cuántos autoatentados conocieron? No maniobras suicidas, ni delirios ni locuras. Autoatentados. Con una mano en el corazón deberán reconocer que ninguno. Así como los grupos de izquierda jamás se mataron entre ellos en medio de una manifestación –teoría absurda que el Gobierno de Eduardo Duhalde lanzó en junio del 2002 para justificar en un primer momento la muerte de dos piqueteros como guerra interna– tampoco se pusieron bombas a sí mismos.
D’Elía, en el reportaje de este diario, comparó la política de Pitrola con el copamiento del cuartel de Azul que hizo el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1973, cuando aún la izquierda peronista gobernaba Buenos Aires. Pero no hay comparación posible. A Pitrola, un trotskista tradicional, se le puede reprochar el intento permanente de agudizar las contradicciones. Sin embargo, lo hace discursivamente. A lo sumo corta calles. No copa cuarteles encabezando una acción guerrillera.
No importa en este caso si Pitrola está equivocado. Presentando una acción política dentro del sistema democrático como un desafío a la democracia, cuando no lo es, solo se logra incitar a que otros escapen de la democracia cuando ni siquiera se lo están planteando. No se entiende el negocio político de que parezca violento lo que es pacífico. ¿Es irritación ante la existencia de una izquierda dura? El Gobierno no puede irritarse ante un dato del paisaje. ¿Es torpeza? Si es torpeza, la bomba de verdad ha llegado para corregirla.
Hasta la pericia de ayer, las hipótesis más probables eran dos. O una manipulación irresponsable de una bomba de estruendo por parte de un grupo piquetero, o la colocación de una bomba de estruendo en un sitio donde cualquier basura podía convertirse en esquirla. En el segundo caso, sin duda no se trató de los piqueteros, que no tienen historia de autoatentados. Y tampoco fue el Gobierno, al que sin duda, y más allá de lo que opine un piquetero en trance infantil, no le conviene una escalada violenta.
La bomba es una operación psicológica de manual: poner violencia en medio de una relación política conflictiva para que uno culpe al otro. Pero también es una advertencia. Si alguien pudo concebir esta operación, todavía suave, significa que es capaz de formular un plan, y entoncestambién podría programar una escalada. Ahora es responsabilidad del Gobierno desarticular las bandas que pueden estar interesadas en provocar un clima enrarecido. Es mejor que lo haga en beneficio de la sociedad y de sí mismo: los piqueteros y el Gobierno tienen en común que ambos son víctimas políticas de la misma bomba.

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