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Para el Gobierno, la bomba “es el límite de la democracia”

 Por Fernando Cibeira

Después de hacer una protesta en la puerta misma de la Casa Rosada, los dirigentes piqueteros duros fueron recibidos por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien les prometió poner todo el peso del Gobierno para la investigación de lo ocurrido el sábado en la Plaza de Mayo, cuando explotó una bomba que hirió a 23 manifestantes. “Este es el límite de la democracia”, puntualizó Parrilli.
La declaración sirvió para apaciguar a los dirigentes piqueteros, que se dieron el lujo de hacer un casting de funcionarios hasta que encontraron uno que consideraron lo suficientemente importante como para aceptarlo. Desde las dudas iniciales que mostraron los hombres del Gobierno, la pericia técnica determinó que luego, por la noche, aceptaran que se había tratado de un atentado.
La postura que el Gobierno mostró al fin del día no fue la misma que algunos de sus funcionarios esgrimieron a lo largo de la jornada. Los hombres más cercanos al presidente Néstor Kirchner se levantaron enojados luego de leer los diarios y enterarse de que los dirigentes piqueteros le adjudicaron a la Rosada la responsabilidad política por la explosión.
Lo que hicieron los piqueteros duros fue unir aquellas declaraciones del subsecretario general de la Presidencia, Carlos Kunkel, hablando de una infiltración de la Policía Bonaerense en las organizaciones sociales, y las más recientes de Kirchner, atacando a los movimientos piqueteros que responden a los partidos de izquierda, para sostener que el Gobierno había generado el clima propicio para que alguien pusiera una bomba en la plaza.
Como el Gobierno había extremado las precauciones para que en la marcha no se produjeran incidentes –de hecho, no hubo ningún enfrentamiento entre manifestantes y la policía–, mayor fue el enojo oficial.
“Me parece una ignominia que acusen al Gobierno de esto”, sostuvo ayer temprano el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El funcionario, al hablar por Radio Show, mostró su fastidio por las acusaciones de los sectores duros y tiró un manto de sospecha sobre el origen de la bomba. No llegó al extremo de hablar de un autoatentado como lo había hecho el piquetero oficial, Luis D’Elía, pero apuntó en esa dirección.
“Esos son los sectores que están buscando confrontar con el Gobierno, son los sectores que definitivamente necesitan de heridos o de muertos para poder tener una situación de confrontación permanente con el Estado y con el Gobierno, son los sectores de siempre”, argumentó el jefe de Gabinete. Además, consideró que se hablaba poco del incendio que habían provocado los manifestantes en una sucursal del HSBC.
Luego vinieron las revelaciones de la pericia de los técnicos de la Policía Federal que confirmaron que se trataba de un artefacto explosivo equipado con mecanismo de relojería. También dijeron que habían intervenido expertos en su armado.
A partir de ahí, en la Rosada revieron su posición. Los piqueteros no se habían sentido lo suficientemente atendidos cuando en Gobierno los recibieron el subsecretario de Seguridad, José María Campagnoli, y el coordinador de la secretaría general de la Presidencia, Rafael Follonier. Los visitantes exigían un ministro, así que se fueron. Cuando hacían declaraciones en la puerta los llamaron para avisarles que Parrilli estaba dispuesto a escucharlos.
“Esto no fue casual”, era la conclusión del informe que había llegado a la mesa del presidente Kirchner y provocó el cambio de la postura oficial, que varió a comprensión cuando aparecieron los reclamos de los piqueteros. Por ejemplo, el Presidente encomendó al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, la conformación de una comisión para investigar lo sucedido el sábado, y aceptaron que las organizaciones piqueteras y familiares de las víctimas formaran parte de ella.
“Más allá de las diferencias hay que estar unidos”, resumía anoche un vocero del Gobierno. La conclusión oficial era que, dadas lascircunstancias, no era el momento para reavivar el conflicto con los piqueteros opositores sino que resultaba más conveniente estrechar filas. Hasta más allá del atentado mismo. Porque también hablaban de retomar el diálogo en otros rubros como el de los microemprendimientos productivos, una iniciativa que al Gobierno le gusta apoyar.
“Reconocemos que existe un grave problema en materia laboral. Por eso estamos abiertos al diálogo”, insistía el vocero. “Lo que decimos es que están utilizando un método equivocado y que los microemprendimientos son la salida adecuada”, agregaba.

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