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Como si no alcanzara con las denuncias del delegado de la Anses o las vinculaciones con el doble crimen de La Dársena, un nuevo testimonio compromete a Nina Aragonés de Juárez. El policía retirado César Osvaldo Valdivia aseguró ayer ante la Justicia que la actual gobernadora fue quien en julio del 2002 dio instrucciones a un grupo de militantes peronistas para atacar la casa del ex funcionario y diputado menemista José Figueroa, en aquel momento enfrentado a los Juárez. Según dijo, Nina no sólo había dado orden de saquear la casa del legislador sino también de asesinarlo.
El 18 de julio del 2002, unos 400 militantes de la Juventud Peronista de Santiago del Estero llegaron en camiones a la casa de Figueroa, en Entre Ríos 272. Al grito de “Nina o muerte”, los seguidores de la gobernadora rompieron vidrios, puertas y ventanas e ingresaron a la vivienda. Según comentó más tarde Figueroa, logró salvarse ocultándose en un placard en el altillo.
Figueroa vinculó el episodio con la interna del peronismo santiagueño. Con el apoyo de Menem, el ex secretario de Desarrollo Social había decidido enfrentar a los Juárez, en aquel entonces alineados con Eduardo Duhalde, por la candidatura a gobernador. El ataque se produjo un día antes de la visita del riojano, que tenía previsto llegar a Santiago para respaldar a su ex funcionario.
Ayer, Valdivia declaró ante la fiscal federal Cecilia Indiana Garzón que fue testigo de cómo el ex secretario de Seguridad provincial, Jorge Alberto D’Amico, el diputado nacional Juan Domingo Pinto Bruchamn, el presidente de la Legislatura, Carlos Salido, y el entonces titular de la JP, Carlos “Pololo” Anahuate, “manejaban con sus teléfonos celulares a los manifestantes para producir el saqueo en la casa de Figueroa”. “Sin duda este hecho fue planificado con instrucciones directas emanadas por la propia Nina Aragonés y con la aceptación de Carlos Juárez y el entonces gobernador, Carlos Díaz”, aseguró el policía.
Valdivia sostuvo que las adyacencias a la casa de Figueroa habrían sido declaradas “zona liberada” por los ex jefes de seguridad Tomás Lescano y D’Amico y Musa Azar. Hombre de confianza del matrimonio Juárez, de quienes fue jefe de seguridad, Musa Azar figura como represor en los archivos de la Conadep. Personaje oscuro de la política santiagueña, su nombre se hizo conocido a fines del año pasado, cuando las jóvenes Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba aparecieron descuartizadas en su zoológico privado.
En su declaración de ayer, el policía contó que –una vez liberada la zona– la idea era aprovechar el pasado menemista de Figueroa, armar un “escrache” e intimidarlo. Valdivia aseguró que luego “la señora Nina impartió nuevas instrucciones con el objeto de destruir la casa, saquear y matar al diputado”.
Valdivia acusó al policía Juan Bautista Albarracín, detenido por su participación en el doble crimen de La Dársena, como el supuesto encargado de asesinar al ex funcionario menemista. “Tenía precisas instrucciones de asesinar a Figueroa si lo encontraba”, aseguró.
Ayer, Figueroa recordó que había denunciado el intento de asesinato el mismo día del ataque, y agregó que fue planeado para impedir su candidatura a gobernador. El ex funcionario acusó a los Juárez de asumir el poder de forma “inconstitucional” por haber adelantado las elecciones y agregó que “basta y sobra” con los testimonios aportados en la causa para castigar a los culpables. “Está filmado y los responsables identificados”, sostuvo Figueroa, y aseguró que la declaración de Valdivia se produjo recién ahora porque “esperaba a que le saliera su jubilación” y temía ser castigado por el gobierno provincial.
Fuentes judiciales aseguraron ayer que a partir de mañana comenzarán a prestar declaración indagatoria las veinte personas que fueron mencionadas por Valdivia. Musa Azar podría ser convocado como acusado y no para dar su testimonio, como sucedió el año pasado, cuando había negado todas las acusaciones. En cuanto a Nina Juárez, respondió por escrito ante el juez de la causa, Angel Jesús Toledo, negando totalmente la denuncia. Más allá de su declaración, se trata de una nueva acusación sobre la gobernadora. Justamente esta semana el titular de la Anses de Santiago del Estero, Juan Manuel Baracat, amplió su denuncia contra Juárez, a la que había acusado de amenazarlo de muerte por sus investigaciones sobre el cobro de una jubilación que no le correspondía, con un perjuicio para el Estado de 500 mil pesos.