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El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, ratificó ayer en Suiza ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que la defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno. El funcionario, primero de su rango que visita ese organismo en los últimos veinte años, destacó que en virtud de esa decisión política la administración de Néstor Kirchner se plantea dar un “combate sin tregua contra la impunidad” y adoptar las medidas necesarias para afrontar el “genocidio social” que provoca la pobreza en que se encuentran sumidos millones de argentinos.
Beliz trazó los lineamientos de la política de derechos humanos del gobierno de Kirchner en el discurso que ofreció en el marco de las deliberaciones de la comisión de la ONU dedicada a esa temática que se están desarrollando en Ginebra. Esa comisión está integrada por 53 países de los 192 enrolados en las Naciones Unidas y anualmente se reúne en esa ciudad de Suiza. El encuentro de este año comenzó el lunes pasado y concluirá dentro de seis semanas. Durante ese tiempo se repasará, como es habitual, la situación de los derechos humanos en el mundo.
“La Argentina está saliendo de una crisis económica y social sin precedentes, buscando el respeto al ser humano en su diversidad y pluralidad de ideas”, precisó Beliz en su presentación y no desaprovechó la oportunidad de formular un planteo para reforzar la posición de la Argentina en la pulseada que mantiene con los organismos internacionales de crédito por la renegociación de la deuda: exhortó a la ONU a ocuparse de los países en desarrollo, que padecen los sufrimientos de la deuda externa y la extrema pobreza, para que se generen condiciones “que permitan atender las necesidades más urgentes de aquellos que más necesitan y sentar las bases de un desarrollo humano sustentable, con equidad y justicia social”.
El discurso de Beliz ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU es el primero que ofrece un ministro argentino en las últimas dos décadas. En 1984 habló ante ese foro el entonces canciller Dante Caputo y desde entonces ningún otro funcionario de la misma jerarquía volvió a hacerlo.
Beliz subrayó que son “principios irrenunciables de nuestro país” la lucha contra las violaciones pasadas y presentes de “los derechos civiles, políticos, económicos y culturales, incluyendo el derecho al desarrollo”. Entre las acciones encaradas por la Argentina en ese sentido, destacó el decreto que promulgó Kirchner para que la Justicia pudiera tramitar libremente solicitudes de extradición que pesan sobre presuntos implicados en las violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.
Otro hecho destacado por Beliz fue la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que establecían “una amnistía amplia e irrestricta ante crímenes de lesa humanidad, algo contrario al derecho interno, al derecho internacional y a la misma doctrina de las Naciones Unidas”. El actual funcionario y ex ministro menemista agregó que esas leyes y los indultos de Carlos Menem que beneficiaron a los represores de la última dictadura militar son “inconstitucionales” porque restringen la investigaciones sobre las atrocidades perpetradas por las Fuerzas Armadas, en particular “los delitos contra la propiedad y la apropiación de niños”.