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La fiscal federal Graciela López de Filoñuk promoverá acción penal contra el juez federal Nº 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro. Según una investigación realizada por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, el juez federal Nº 1 de Córdoba estaría implicado en la comisión de severas irregularidades cometidas en los casos relacionados al “corralito financiero”, entre ellas la violación del régimen de turnos para recibir carátulas, el no registro en el libro del ingreso e incontrolada la salida de las causas del tribunal.
El espectáculo en la Justicia federal cordobesa fue, en su momento, digno de verse. Centenares de abogados o empleados haciendo cola desde las dos de la mañana en pleno invierno en la puerta de los Tribunales, peleándose para presentar sus expedientes en el juzgado de Bustos Fierro. Sabían lo que hacían. La presentación de causas por el corralito financiero en las oficinas del juez electoral derivaba en un cobro seguro y rápido, a diferencia de los juzgados 2 y 3, que analizaban más detenidamente las causas. Un dato contundente: el de Bustos Fierro tuvo 9559 causas, más que los otros dos juzgados juntos, que sumaron 4567 y 4202 respectivamente.
La acusación dice que, sin ningún tipo de control administrativo ni respeto de la metodología vigente, el juez dictaba una medida cautelar y los letrados pasaban por el banco, acompañados de un oficial de la Policía Federal, y retiraban el depósito. Esta simple operación convirtió al corralito en un millonario negocio para muchos abogados cordobeses, sobre todo para aquellos estudios poderosos. Muchos conocen desde hace mucho al juez en cuestión, el mismo que en 1999 habilitó a Carlos Menem a presentarse en la interna justicialista, avalando contra la Constitución su tercera reelección.
Aunque esto era un secreto a voces en el ámbito judicial, saltó a la opinión pública cuando un camarista, Luis Rueda, dijo por televisión que había “jueces coimeros”. A partir de allí la investigación se puso en marcha y Bustos Fierro quedó bajo sospecha de abuso de autoridad y de omisión de deberes de funcionario público. “Dos delitos dolosos, suficientemente graves para destituir a un juez federal”, opinó una calificada fuente de la Justicia federal.
Cuando la causa recayó en el juzgado federal Nº 3, a cargo de Cristina Garzón de Lascano, ésta se inhibió invocando razones de amistad. La Cámara Federal rechazó la inhibición y le ordenó a la jueza investigar.
Las irregularidades de las que se acusa al secretario fiscal Héctor Martínez y a la prosecretaria administrativa María Inés Riccobene son varias. Entre ellas, ingreso de causas del “corralito” en abierta violación al régimen de turnos, inobservancia de registrar el ingreso de causas en el Libro de Entradas Reglamentario, retiro de expedientes del tribunal por parte de los abogados sin confeccionar el recibo correspondiente, fianzas prestadas por letrados con motivo de medidas cautelares sin consignar el monto. También demoras tremendas en apelaciones de otros pleitos.
Según la investigación, hubo estudios que recibieron trato preferencial en el juzgado. Entre ellos, el de Gustavo Viramonte Otero, amigo del juez y hombre vinculado al angelocismo en tiempos de reinado radical en Córdoba. La lista de amigos no se agota: Euclides Bugliotti, poderoso empresario menemista, fue otro beneficiado con las medidas cautelares del juez. Lo mismo que el socio del hijo de Bustos Fierro, Tristán, que trabaja como secretario penal en la Cámara Federal.
La Policía Federal también está bajo sospecha. “De doce oficiales que hay en Córdoba, ocho estaban apostados al tema del corralito, en lugar de ocuparse de problemas más serios, como el tráfico de drogas y armas o el contrabando de autos. En lugar de eso, acompañaban a los abogados a los bancos con una orden del juez, en una clara actitud intimidatoria, y retiraban el dinero. El gerente que se negara iba preso por desobediencia a la autoridad, así de simple”, contó a Página/12 una alta fuente judicial.
A la espera del dictamen de la fiscal Filoñuk, que promovería acción penal contra el magistrado en los próximos días y comunicará su decisión al Consejo de la Magistratura, Bustos Fierro deberá ser investigado por uno de los dos jueces federales que quedan. Si éstos se excusan, un conjuez federal deberá hacerlo en su lugar.