EL PAíS › PANORAMA POLÍTICO

JUSTICIA

 Por J. M. Pasquini Durán

Desde aquel fatídico 24 de marzo de 1976, la fecha es un recordatorio ineludible. Mantener la memoria viva y renovar el compromiso con la búsqueda de verdad y justicia fueron en cada aniversario un voluntario deber de los organismos de derechos humanos, asociaciones libres de mujeres y hombres que se hicieron cargo de impedir que la impunidad clausure el pasado. Aunque las dos décadas de democracia tuvieron un comienzo promisorio con el Juicio a las Juntas Militares, o sea a los jefes del terrorismo de Estado en el período 1976-83, a poco andar ese arranque se convirtió en marcha atrás. Dos gobernantes elegidos por el voto popular, alegando razones diversas, pretendieron que la democracia era compatible con el olvido. Raúl Alfonsín creyó que salvaba el sistema republicano y después Carlos Menem presumió que la reconciliación nacional exigía la libertad de aquellos terroristas condenados por tribunales competentes, con todas las garantías de la defensa en juicio.
Ninguno de los dos logró probar el acierto de sus decisiones y, en cambio, debilitaron la calidad de la democracia, ya que la libertad y aun el orden institucional requieren de principios de justicia y de ética, que ambos violaron. Hoy las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida están anuladas por decisión del Congreso nacional, y el indulto comenzó en tribunales la trayectoria que debería terminar en la supresión del beneficio para los autores de crímenes de lesa humanidad. Fernando de la Rúa, tercer presidente surgido de las urnas, ni siquiera se ocupó del tema, como de tantos otros asuntos de la agenda popular, tal vez absorbido por las ocurrencias de Marcelo Tinelli.
Por fin, el presidente Néstor Kirchner eligió el camino legal y legítimo, el único compatible con los principios de la democracia, para terminar con la impunidad y para instalar hasta donde sea posible la justicia debida y final. Así, este año, habrá una primera reconciliación entre el impulso del movimiento de derechos humanos y los actos del Estado. Instalar en la antigua sede de la ESMA, bastión de los campos de exterminio clandestino, un museo de la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado es un acto simbólico de reparación pero, al revés de sus antecesores, eleva la calidad democrática y oxigena la convivencia en pluralidad. Ayer, en un primer acto de posesión emblemática, sin testigos mediáticos, el Presidente, familiares de las víctimas y delegados de los organismos visitaron lo que fue el infierno terminal para cinco mil compatriotas.
A propósito de esto y por otros gestos y dichos presidenciales, se han escuchado voces, incluso desde el Congreso, que intentan reponer la teoría de los dos demonios, exigiendo que las condenas abarquen también a los sobrevivientes de las organizaciones guerrilleras de aquellos años. ¿Cuántas evidencias, testimonios, documentos y pruebas de todo tipo habrá que sumar para que la teoría de los dos demonios sea comprendida como una perversa falsificación de los hechos históricos? Que la sociedad tiene el derecho, incluso el deber, de revisar la conducta de aquellos que eligieron el atajo de la insurrección armada, nadie lo puede negar. El punto de partida, sin embargo, no puede ser esa equiparación desorbitada que justifica, en realidad, la criminalización de la insurgencia política para excusar los secuestros, los tormentos, los saqueos y los asesinatos cometidos por la dictadura de las Fuerzas Armadas.
En estos años, la maldita teoría del dualismo fue el prólogo para las inflexiones y concesiones en beneficio de los terroristas de Estado. España acaba de demostrar que la democracia, aunque esté desafiada por el fanatismo criminal, nunca puede aceptar la mentira para justificar políticas de Estado. Ni siquiera la “guerra preventiva” puede ser aceptada hoy como una razón de Estado, porque después de la invasión de Irak, alegando información fraudulenta, el mundo ya sabe que ahora está más inseguro que antes. Si alguna vez los conservadores garantizaban el orden, esa relación de seguridad no existe más.
La intolerancia, hay que decirlo también, no es patrimonio exclusivo de las derechas. En estos días se han escuchado entre los que deberían celebrar el acto de reparación alegando razones intolerantes, del tipo “si asiste fulano o mengano yo no voy”, como si el aniversario fuera patrimonio privado de un grupo de personas, más puras que el resto de la sociedad, ya sea por las pérdidas que han sufrido o por la antigüedad en la defensa de los derechos humanos. Es indudable que a medida que el tema de los derechos humanos figura en la agenda oficial, habrá quienes se sumen por mero oportunismo o por seguidismo oficialista. Esas presencias no pueden desmerecer la decisión presidencial ni deberían estar ausentes los que han consagrado hasta sus vidas a la causa que se enarbola. La mezquindad en las consideraciones no fue, por cierto, una razón predominante entre los muchos que fueron sacrificados por soñar alto y lejos con el futuro de la sociedad. A veces, la intolerancia entre los partisanos de la libertad son una consecuencia no buscada, que se deriva de la práctica histórica en la cual tuvieron que abroquelarse frente a los enemigos o a las conciliaciones de los que se creían amigos o aliados. Con esa comprensión, en esta hora particular, el movimiento deberá abrirse hacia la sociedad, hasta que las mayorías asuman sus banderas como propias.
Esa adhesión multitudinaria es necesaria para encontrar la verdad y la justicia sobre el pasado, pero también para reparar otras consecuencias que oscurecen el presente y el futuro. La dictadura, hay que recordarlo, aplicó el terror para imponer una reorganización económica, capitaneada por Martínez de Hoz, que sentó las bases de lo que vendría en las décadas subsiguientes, con sus secuelas de pobreza, desempleo y marginación. Por lo mismo, el compromiso del Gobierno tampoco queda limitado a actos tan importantes como el de ESMA, sino que se amplía hacia la práctica de políticas públicas que atiendan a esas tragedias cotidianas y masivas, que le ponga fin a este tipo de genocidio por vías económicas. Al fin y al cabo, todo gobierno recibe el juicio popular por su gestión total, con los méritos y deméritos parciales que acumula a medida que gasta el tiempo de su mandato.
De ahí que, sin forzar la realidad, es posible pensar en la realidad con visiones globales, que incluyen desde este nuevo aniversario hasta la marcha de la economía. El acuerdo argentino-brasileño sobre las bases para la renegociación de la deuda externa debe ser incluido, asimismo, en esa visión totalizadora, único modo de aproximarse a un mundo que entrelaza destinos por rutas complejas o inexploradas. A medida que el planeta parece achicarse, la múltiple fragmentación ocurre al mismo tiempo, dejando a las naciones y a los pueblos con la sensación de estar aislados en la multitud. De esa soledad sacan fuerza los poderosos para doblegar a los débiles, de manera que cuando éstos acercan posiciones y consienten en seguir vías paralelas siempre es mejor que cortarse solo. ¿Será posible que la economía incorpore los derechos humanos a sus razonamientos y, a la inversa, que los defensores de los derechos humanos saquen conclusiones para sus propias conductas de los requisitos de la economía? Hay un concepto que, en definitiva, abarca a todos los demás: justicia.

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