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Cuando Carlos Menem privatizó los servicios ferroviarios de carga, el Gobierno bajó una orden: “En los primeros años, ni controlen”. No se trataba de controlar poco, o mal. Era, directamente, el visto bueno para la acumulación privada con participación de funcionarios públicos.
Esa Argentina colapsó. Ya no es cuestión de discutir si el control es necesario o impide las inversiones. Está claro que sin control hay crisis. Y que toda crisis de servicios públicos puede convertirse en crisis política.
El Gobierno tenía cerca una situación riesgosa. Por un lado, la crisis de la seguridad. Por otro, la ola de mano dura. Una ola en dirección contraria del camino que el propio Gobierno había iniciado con la limpieza de la Corte y el reemplazo de los jueces de Menem por Raúl Zaffaroni, defensor de las garantías individuales y viejo enemigo del facilismo penal.
Néstor Kirchner no podía permitirse el riesgo de llegar al invierno con la ola de mano dura y la ola de frío. Y, sobre todo, debía evitar una convergencia de las dos.
Cuando Brasil sufrió los cortes de luz durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, circuló un chiste de humor negro: “¿Cuál es la diferencia entre el Titanic y el gobierno de Cardoso? Que el Titanic se hundió con las luces prendidas”.
Es impactante observar la reacción de los funcionarios argentinos cuando escuchan el cuento. No hay sonrisas. Es que el fantasma no es solo una crisis de energía. El cuco es la crisis energética sumada a una caída de credibilidad y a la crisis económica.
Kirchner, a diferencia de Cardoso, no sufre ni la segunda ni la tercera. Pero la garantía de no caer en alguna de esas pendientes es desactivar los cruces, y para eso necesitaba desmontar la bomba energética.
El tema merece una discusión más a fondo. ¿Se pudo haber articulado antes una política común con Chile? ¿La Argentina no avisó a tiempo o Chile no quiso confrontar con las empresas? ¿Manda el convenio internacional o manda la ley interna? ¿La Argentina tiene herramientas para discutir el precio del gas? ¿Debe revisar la política de ser un exportador de gas cuando es un país con gas y no un país gasífero? ¿Sirven los organismos de control o están colonizados por las firmas a controlar?
El futuro inmediato irá despejando estas incógnitas. Por ahora queda la decisión de subir la cota de Yacyretá y ampliar su potencia, la racionalización anunciada el miércoles (y recibida hasta ahora sin efecto Cardoso) y la confirmación del adelanto exclusivo de Página/12 sobre la creación de una empresa testigo. Más allá de cuánto habrá que esperar hasta que tenga peso (¿cinco años?) la medida sirve como un indicio de que el Estado tiene ganas de meterse en el mercado. A esta altura, esa decisión no es ideológica sino una clave de supervivencia.