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El primer jueves de cada mes, el presidente del Jockey Club, Bruno Quintana, preside una mesa de sesenta comensales, en la que se pasa revista a los temas políticos de interés para los socios, a partir de la exposición de algún invitado especial. En la última, la introducción corrió a cargo del empresario de medios y seguridad Vicente Massot. Dijo que se vivía una situación de profunda inestabilidad política, con un director de orquesta excluyente. El ex líder de la Falange Restauradora Nacionalista sostuvo que Néstor Kirchner ejercía una autoridad dictatorial alarmante, que sólo sabía dar órdenes y por eso ni siquiera celebraba reuniones de gabinete. Para el ex viceministro de Defensa de Carlos Menem, quien le pidió la renuncia luego de que Massot hiciera la defensa pública de la tortura, el Presidente se comporta como un déspota, sin pedir consejo a personas o instituciones que podrían orientarlo. Con la levedad de ánimo de aquellos que saben que dictaduras eran las de antes, los comensales lo ovacionaron. A todos ellos les consta que Massot es una de las personas más indicadas para opinar acerca de autoritarios, déspotas y dictadores. La forma en que estos conceptos permean hacia otros estratos de la sociedad y terminan repetidos hasta por algunos enanos de los cuadros de Velázquez, sería una investigación recomendable para estudiantes de las tantas escuelas de comunicación que cubren la geografía patria.

Pactos corporativos

Lo único que cambia, según quién sea el emisor, es la nómina de personas o instituciones bien dispuestas a aconsejar y orientar al déspota que se encapricha en ignorarlas. En el caso de Massot, el reclamo se refiere, ante todo, a las Fuerzas Armadas, a cuyo cortejo el ex discípulo de Jordán Bruno Genta ha dedicado los mejores años de su vida, que no son éstos. Pocos días antes había expresado y oído conceptos similares en el locro del 20 de mayo en el Regimiento de Patricios. Si se escucha a otro de los comensales de aquella noche, el ex ministro radical Enrique Nosiglia, lo incomprensible es la falta de consulta con las dirigencias políticas, reproche del que participa su jefe, el ex presidente Raúl Alfonsín, quien se cansó de acusar de corporativos a todos los demás y no puede entender que después del Pacto de Olivos y de su entendimiento con Duhalde para dejar atrás la anomalía delarruista, el sayo también le quepa a él. Quejas similares surgen desde aquellos empresarios y gurúes económicos que han visto restringido su acceso a la toma de decisiones, desde la dirigencia sindical cuyo rol no cesa de desdibujarse y desde la Iglesia, que debe consolarse con sermonear de tanto en tanto desde el púlpito en las anacrónicas ceremonias a las que los presidentes se someten, como si éstos aún fueran los tiempos de Gregorio VII, el Papa del siglo XI que hizo aguardar tres días en penitencia al emperador Enrique IV, descalzo sobre la nieve y el hielo de Canosa. Buena parte de los sectores que la Iglesia reunió en su denominado Diálogo Argentino sienten que fueron efectivos en la remoción del gobierno de la Alianza pero que, luego del interregno duhaldista, no han logrado consolidar posiciones, más allá de las superganancias producidas por la devaluación.
Para todos ellos las módicas novedades que desde hace un año se observan en el estilo nacional de gobernar resultan intolerables.
Lo que a Kirchner le quitó el sueño en estos días, en cambio, fue la tragedia de la mina de Río Turbio, donde pocos días antes había anunciado un plan de inversiones y a la que volvió para acompañar a los familiares y compañeros de las víctimas. Cuando concluyan las tareas de rescate el gobierno estará atento también a los peritajes que reconstruyan las causas de lo sucedido. La explosión de dos gasoductos en Córdoba y el incendio intencional del comando electrónico del movimiento de trenes en Constitución desaconsejan cualquier ingenuidad. No hace tantos años que en este país se voló un polvorín sembrando desolación y muerte en una ciudad mediana para borrar pruebas de un delito menor.

Tácticas de desgaste

El principal aspirante a unificar a todos esos quejosos es el ex senador por Buenos Aires Eduardo Duhalde. Desde que regresó de Canadá diversos emisarios ofrecieron a la Casa Rosada concertar un encuentro. Kirchner lo rehusó aduciendo que la tarea de gobernar le resta tiempo para esos floreos sociales. Tanto el Presidente como el jefe de gabinete Alberto Fernández conocen las tácticas de desgaste que Duhalde aplicó a los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa e incluso al ex gobernador de Buenos Aires Carlos Rückauf, y que pueden describirse como una larga sucesión de insidias y sonrisas. Esta vez la foto con los dos protagonistas sonrientes deberá esperar mejor oportunidad, que además no tendrá que ver con la política local sino con las tareas para las que Kirchner designó a Duhalde en el Mercosur.
Cierta forma del sentido común, que por lo común encuentra la forma de acceder a las páginas de los grandes medios, postula que se trata de rencillas por el poder, que debilitan la gobernabilidad, cansan a la gente y perturban la marcha de la economía. En algunos casos por ingenuidad, en otros por deliberación, se omite que no está en juego un liderazgo personal o de grupo, sino un intento de modificación de aquellos hábitos de la política que, al cabo de dos décadas de gobiernos civiles, condujeron a un colapso institucional (del que apenas ha comenzado la recuperación), a niveles de pauperización sin precedentes y a una gravísima brecha entre la sociedad y el sistema representativo que debería representarla. Demasiadas cosas han cambiado en el país como para justificar aquella trivialización de las diferencias. No son temas menores:

- la anulación de las leyes de impunidad y el decreto que impedía las extradiciones, la reanudación de los juicios y el deslinde más tajante con la práctica y los valores de la dictadura;
- la remoción de la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia por el procedimiento constitucional del juicio político, no para reemplazarla por adictos al nuevo gobierno sino por personas cuya independencia y capacidad no ponen en duda ni siquiera aquellos que los aborrecen, y que por primera vez reconoce la pluralidad de géneros y opciones existentes en la sociedad;
- el procedimiento transparente para designarlos, con meses de escrutinio de todos sus antecedentes y la realización de audiencias públicas en las que deben responder centenares de preguntas y cuestionamientos;
- el descabezamiento de cúpulas militares empeñadas en la reivindicación del estado terrorista y su reemplazo por otras que ante formaciones castrenses llaman abominables a los crímenes de entonces, retiran de los institutos de formación los símbolos de aquellos años, alejan de sus cargos y remiten a la Justicia a los autores de graves crímenes;
- la separación de altas jerarquías policiales sospechosas de connivencia con los delitos que deben combatir;
- los nuevos términos de negociación con las empresas privatizadas y los acreedores externos y la anulación de contratos y renegociaciones celebrados por Menem, Duhalde y De la Rúa;
- la negativa de conceder inmunidad penal a las tropas estadounidenses aunque ello implique perder ejercitaciones conjuntas de interés;
- la recuperación de una política exterior independiente, en acuerdo y consulta con Brasil y Chile y en oposición al unilateralismo norteamericano;
- la remisión al Congreso para que debata en tiempo y forma la propuesta de envío de tropas a Haití aprobada por los organismos multilaterales que la Argentina integra. Con independencia de lo que cada uno piense de esa decisión específica, su discusión legislativa mejora la calidad institucional, en contraste con la práctica de los gobiernos anteriores y muestra que los partidos políticos pueden tener un rol más noble que la componenda entre compadres que añora Alfonsín. El mismo debate en el Congreso cuestiona una de las objeciones principales, acerca del precedente que luego podría ser usado en situaciones menos claras. Ello no ocurrirá sin consulta al Poder Legislativo, donde es improbable que la mayoría confunda Haití con Cuba o Venezuela.

Soñar despierto

Duhalde no ignora estas diferencias y de ahí la irritación con que reacciona cada vez que alguien recuerda sus propias palabras acerca de la vieja política que él encarna. No sólo retrocedió a su verdadero nivel de jefe de un aparato bonaerense que defiende más negocios que ideales, desde el transitorio liderazgo nacional que parecía haber conquistado durante su interinato a cargo del Poder Ejecutivo. En cuanto notificó que haría valer su poder legislativo, Kirchner le replicó con la conformación de un bloque que casi duplica al que le responde. Es improbable que los encuentros presidenciales con el gobernador de Buenos Aires y con un grupo de intendentes del conurbano edifiquen lo nuevo, tratándose de quienes se trata. Apenas indican que el manejo de los resortes institucionales no requiere de la aprobación previa del cacicazgo duhaldista, cuya capacidad de obstrucción es bastante menor de lo que le gustaría.
Una vez más el gobierno nacional se ha autoconvencido de que Felipe Solá, ahora sí, por fin, esta vez en serio, ya sin vueltas ni histeriquismos, ha terminado de comprender que con Duhalde no tiene futuro, por lo cual sólo le queda alinearse con la Casa Rosada. Esto revela un superficial conocimiento del inconstante personaje, cuya capacidad de soñar despierto le da hasta para imaginarse con la banda presidencial. El ejemplo que demostraría su nueva actitud asombra por lo ingenuo. El gobernador dice haber rechazado los pedidos de Duhalde para designar como Procurador General bonaerense a Joaquín Da Rocha y elegido en cambio a María del Carmen Falbo, a quien antes le habría hecho prometer lealtad personal en caso de conflicto. Lo que no cabría poner en duda es la sinceridad del agradecimiento de Fernández por la ayuda de Duhalde en un tema crítico como la coparticipación de impuestos. “Nunca pensé que me resultaría tan fácil llegar a un acuerdo con las provincias”, dice el jefe de la administración pública.

Indicadores

Los indicadores conocidos esta semana fueron leídos como un techo a la reducción del desempleo por vía del crecimiento macroeconómico, a partir del cual se requerirían políticas más activas que remedien la devastación debida a la convertibilidad menemista y la devaluación duhaldista. El gobierno no lo reconoce así y objeta que se compare el crecimiento interanual del Producto Interno Bruto (del 11,2 por ciento), con el de un trimestre del empleo (0,1 por ciento. Las mediciones que antes se hacían en mayo y octubre de cada año ahora son trimestrales. El cotejo del primer trimestre de este año con el último de 2003 es el peor posible, añade, ya que entre octubre y diciembre siempre hay más actividad y se crean más puestos de trabajo que en los tres meses del receso veraniego. Sostiene que el cotejo correcto es entre el primer trimestre de 2003 y el primer trimestre de 2004: el descenso del desempleo fue del 6 por ciento. Cree que en la medición de mitad de año el índice de desocupación estará por debajo del 14 por ciento y que en diciembre no llegará al 13 por ciento. Tampoco admite que el crecimiento macroeconómico se haya detenido y dice manejar datos por ahora extraoficiales que exhibirían un crecimiento superior al 10,5 por ciento en los primeros cinco meses de este año.
Algunas de estas cifras son engañosas, ya que incluyen entre los ocupados a quienes reciben los magros subsidios de desempleo concedidos en el momento más crítico y que luego se tornaron crónicos. Es decir que aun cuando las previsiones más optimistas se realizaran, 2005 se iniciaría con el 18 por ciento real de la población activa de brazos caídos, sin contar el porcentaje también muy elevado de aquellos que sobreviven con changas esporádicas. Sin un incremento de la capacidad instalada de las empresas y de la obra pública, no es posible obtener las mejoras imprescindibles. Es posible que en julio, al regreso del viaje presidencial a China, el gobierno inicie programas de construcción de viviendas. Su carácter reactivador y creador de empleo (de baja calidad) es conocido. Por cada casa que se construye se generan cuatro puestos de trabajo directos y siete u ocho indirectos. Proyectado a cifras de centenares de miles de unidades, el impacto que podría tener sobre el empleo no sería desdeñable. El financiamiento, por cierto, debería provenir del Estado.