EL PAíS › EL NUEVO DESAFIO DE DUHALDE

Vértigo

El nuevo desafío de Duhalde a Kirchner coincide con las presiones del Comando Sur. Pero la referencia a las FARC aportada por Miguel Toma inquietó a otro integrante del gabinete en las sombras del ex senador. El caso fue investigado durante su gestión en el Poder Ejecutivo y se determinó que no había contactos políticos sino búsqueda de inversiones. Y el propio Duhalde había rechazado un proyecto de militarización de la seguridad en 2002. Los preparativos para la batalla electoral bonaerense de 2005.

 Por Horacio Verbitsky

El ex senador Eduardo Duhalde volvió a desafiar al presidente Néstor Kirchner con su reclamo de que las Fuerzas Armadas participen en tareas policiales y su hipótesis de que las FARC de Colombia pueden haber “perforado algunos estamentos gremiales y políticos en la Argentina”. Como para que no quedaran dudas sobre su propósito insidioso de interferir en la planificación oficial sobre las cuestiones de seguridad y orden público, que se han instalado en un lugar destacado de la agenda política, la misma letanía fue entonada de inmediato por Aladino Benassi, un dirigente patronal bonaerense a quien Duhalde había apoyado en 1998 en su fallido intento por llegar a la conducción de la CGE y que ahora forma parte de la fuerza política que está tratando de organizar el gobernador neuquino Jorge Sobisch. Y como una cascada, lo siguieron el presidente de la Federación Empresaria de Buenos Aires, Raúl Lamacchia, y los titulares de otras cámaras patronales bonaerenses, quienes exigieron que los militares se dediquen a perseguir secuestradores, algo para lo que no tienen ni capacitación ni recursos.
Sombras
Duhalde tiene un gabinete en las sombras que le suministra elementos para estas periódicas descargas. Lo integran los diputados Alfredo Atanasof, Daniel Basile y Oscar Rodríguez; su ex ministra de Trabajo, Graciela Camaño de Barrionuevo; su ex vocero, Eduardo Amadeo y su ex jefe de inteligencia, Miguel Angel Toma. Los tres primeros son íntimos amigos de Duhalde. Los otros tres pasaron sin dificultad de la obsecuencia menemista a la obediencia duhaldista. Rara vez se coordinan entre ellos y suelen producir cortocircuitos interesantes. En este caso, Duhalde repitió un informe que le hizo llegar Toma y que inquietó a Rodríguez, quien era el segundo jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado. En 2002, durante la gestión interina de Duhalde al frente del Poder Ejecutivo, ese organismo detectó la presencia en el país de cuatro integrantes de las FARC, quienes habrían pasado de Chile a Mendoza y de allí a Córdoba. A raíz de ello se dispuso realizar un seguimiento de inteligencia para determinar si habían entrado en contacto con organizaciones argentinas. La conclusión fue negativa: la misión había llegado al país en busca de inversiones financieras e inmobiliarias, aprovechando las ganancias rápidas que la crisis ofrecía a quien manejara dólares. También se analizaron entonces los vínculos establecidos en la Argentina por la viuda del ex capo de la droga en Colombia, Pablo Escobar, y las operaciones de lavado de dinero que incluían al ex secretario de Hacienda Aldo Ducler. La investigación se detuvo cuando llegó a un asociado de los corredores inmobiliarios Nicolás y Domingo Di Tullio, que resultó ser consuegro de uno de los más asiduos compañeros de mesa de póker del senador Duhalde, por lo cual su actual referencia a las FARC, produjo más perturbación en su propia gente que en el gobierno, cuya reacción fue seca e inmediata.
Contradicciones
La cuestión del uso policial de las Fuerzas Armadas ya había llegado al escritorio de Duhalde en junio de 2002, cuando su ministro de Defensa Horacio Jaunarena y su jefe del Ejército Ricardo Brinzoni plantearon ante un auditorio de militares y empresarios, reunidos por Eduardo Menem y Roberto Dromi, la militarización de la seguridad interior y la intervención castrense en el conflicto social, con la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Brinzoni lo describió como una pirámide, en cuya base estaría la lucha contra el delito callejero, expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas y vaticinó que volverían a producirse saqueos y desórdenes en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que viven diez millones de pobres. Jaunarena consideró anacrónica la distinción entre defensa y seguridad, establecida por las respectivas leyes. El entonces secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, no estaba de acuerdo con ese enfoque y reclamó una definición. Jaunarena y Brinzoni fueron desautorizados y Duhalde declaró que mientras él hiciera las veces de presidente los militares no modificarían sus competencias. La contradicción entre sus actitudes de ahora y de entonces es llamativa. Tanto como el argumento que invocó para justificar la cancelación de su presentación en la Conferencia de las Américas, realizada hace dos semanas en Miami, en la que estaba previsto que expusiera sobre la marcha del Mercosur. Duhalde informó que no podía viajar porque padecía de síndrome de Menière, un desorden provocado por una acumulación excesiva de líquido en el oído interno, que provoca transitorios ataques de vértigo, ruidos y sordera. De diverso origen, en su caso podría deberse a variaciones bruscas de la presión.
Contexto
Luego de escuchar la grabación del reportaje, el ministro de Defensa José Pampuro llamó a su ex jefe político y le anunció que lo refutaría en público. Duhalde acudió a la más remanida de las explicaciones. Sus opiniones habían sido pronunciadas luego de un encuentro con el presidente del Brasil, en el que habló con Lula sobre el empleo de las Fuerzas Armadas del país vecino en operaciones contra el comercio de sustancias narcóticas de venta prohibida y habían sido sacadas de contexto, dijo. Pampuro le explicó que la situación brasileña es diferente de la Argentina y que en su visita del mes pasado a Buenos Aires el ministro de Defensa de Lula, José Viegas le había pedido la documentación necesaria para conocer la historia y el funcionamiento de la Gendarmería Nacional, creada en la Argentina hace siete décadas, ya que Brasil está planeando la creación de una fuerza militarizada que se encargue del control de disturbios y de megaoperativos de seguridad, para no recurrir a las Fuerzas Armadas.
En su declaración pública, Pampuro reiteró la negativa oficial a la militarización de la seguridad interior y negó que hubiera alguna actuación política o militar de las FARC en la Argentina. Agregó que al menos eso era lo que indicaba la inteligencia militar y que en otro terreno podría informar la SIDE, una directa llamada de atención a Duhalde sobre la inconveniencia para sus propios intereses de entrar en detalles. Como ya es de rutina, Duhalde minimizó su propia intervención, que redujo al nivel de “una opinión sin ninguna trascendencia” y dijo que no estaba proponiendo modificar la ley.
Estadios
Duhalde está en campaña de acumulación de fuerzas con vistas a las elecciones de octubre del año próximo. Sus pronunciamientos en favor de la militarización de la seguridad se suman a los anteriores acerca de la securitización del orden público e intentan convertirlo en el referente de todas las derechas, un rol que aprendió durante los años de luna de miel con su compañero de fórmula de 1989. Carlos Menem ya no está en condiciones de representar ese papel, por el aislamiento y el descrédito en que se ha sumido, y quienes lo intentan desde fuera del justicialismo, como Ricardo López Murphy y los ingenieros Juan Blumberg y Mauricio Macri, carecen de la mínima densidad política imprescindible. Como ellos, Duhalde lo hace sin dificultad porque expresa convicciones personales, estimuladas por su entorno más íntimo. Pero además, es consciente de su potencial proselitista. Ese discurso fue uno de los ejes de su campaña de 1999, cuando fracasó en el intento de llegar a la presidencia por el voto popular. Al mismo tiempo, decidió asumir la presidencia del Partido Justicialista bonaerense y encabezar el acto sindical del Día de la Lealtad en la cancha de Atlanta, donde se deshizo en loas a Kirchner y su gobierno y hasta llegó a reivindicar la comunidad de sangre que dan “los perseguidos, los encarcelados y los desaparecidos”. La escenografía estaba montada para rodear a Kirchner con una demostración de poder del aparato duhaldista. El presidente rehusó el abrazo y envió en su representación a tres ministros de antigua militancia duhaldista, testigos de la paradoja bonaerense, que declama lealtad a un ausente que no se deja entornar. Para colmo, la asistencia fue de una asombrosa escualidez que no comunicaba poder sino dispersión, pero bastante ruidosa como para incomodar a Duhalde, fastidioso por su trastorno en el oído. Las comparaciones son odiosas: pocos días antes se habían reunido en el Luna Park las agrupaciones del kirchnerismo no pejotista y su número duplicó al de los cegetistas de Atlanta. La gran novedad fue la presencia en el Luna Park del secretario general de la CTA, Víctor De Gennaro, cuya reticencia disminuyó a medida que porciones significativas de sus propias filas se reportaban en ese nuevo polo de acumulación, desprolijo pero más concreto que las abstracciones del Movimiento Político y Social que la CTA intentó y no pudo crear y que dio como resultado la presentación de candidaturas de ese origen en cuatro boletas partidarias distintas.
Batallas
Por cierto, aun cuando las cifras de ambos actos hubieran sido inversas, lo más importante seguiría siendo la capacidad electoral. Estos desplazamientos de masas sólo implican posicionamientos para esa batalla. Tales preparativos son más refinados que la tosca oratoria de las tribunas montadas para expresarlos. Kirchner ama presentarse durante sus visitas a las provincias más distantes como un pingüino que avanza con paso torpe pero infatigable. La metáfora contrasta con la precisión que exige el desplazamiento por el minado territorio bonaerense. Kirchner necesita de la fuerza institucional del PJ para asegurar la gobernabilidad, en un momento de confrontación muy dura con poderosos intereses económicos, locales y externos, y no puede darse el lujo de mantener un estrépito permanente en la relación con el duhaldismo. Pero una proximidad excesiva sería contaminante y podría afectar sus principales bases de apoyo, que son la percepción popular sobre sus diferencias con aquella cofradía y la inexistencia de una oposición creíble. El terreno de la decisión será el armado de las listas para los próximos comicios legislativos, que se celebrarán en un sólo día en todo el país. El casi 40 por ciento del padrón nacional que vota en la provincia de Buenos Aires es para Kirchner como la porción de la deuda pública en default. En la discusión con los tenedores de bonos, Kirchner descansa sobre la otra mitad de los compromisos, que nunca se declararon en mora. En la composición del cuadro electoral cuenta con la inclusión de sus hombres en las listas justicialistas de las demás provincias, con lo cual su problema se reduce a Buenos Aires. La conformación como partido nacional de las agrupaciones kirchneristas mantiene abiertas todas las opciones: Cristina Fernández de Kirchner podría encabezar la lista del justicialismo, con la mitad menos uno de los cargos restantes ocupados por el duhaldismo, como insinúa la tácita negociación entre Kirchner y Duhalde; o la del Frente de la Victoria en oposición al duhaldismo, como ella misma preferiría; o ambas, si tal cosa fuera posible. Kirchner enfrenta así el desafío inverso al que Perón resolvió al segundo año de su presidencia. Entonces se trataba de unificar en un solo partido a las distintas vertientes que habían confluido en la victoria de 1946. Ahora, de institucionalizar las líneas divergentes que se unieron en forma transitoria para los comicios presidenciales de 2003, para que estén juntas pero no mezcladas.
South of the border
La apelación de Duhalde a nuevos roles militares coincide con la intención que el gobierno de los Estados Unidos ha expresado en su propuesta de “modernización” de la Junta Interamericana de Defensa. La VI Conferencia de ministros de Defensa de la región la debatirá el mes próximo en Quito, Ecuador, cuando ya se conozca si el presidente George W. Bush pasará los próximos cuatro años en la Casa Blanca o en su rancho de Crawford, Texas. Si John F. Kerry lograra batirlo, habría un cambio de énfasis, porque el candidato demócrata se propone reconstruir una relación más horizontal con los vecinos americanos, pero no de sustancia. De hecho, la reformulación del rol que Estados Unidos desearía para las Fuerzas Armadas de los países de la región comenzó durante la presidencia de Bill Clinton. El mes pasado, los ministros de Defensa de la Argentina, Brasil y Chile (el reconstruido ABC, al que ahora se sumaron Paraguay, Bolivia, Uruguay y Ecuador) sesionaron en Buenos Aires con el objetivo de unificar una posición. Su vocero fue el ministro argentino Pampuro, quien declaró que Estados Unidos y Canadá pretendían que las Fuerzas Armadas (no las propias, le faltó aclarar) se volcaran a la “acción policial o de control interno ligada a la seguridad, el terrorismo y el narcotráfico. Nuestra visión es diametralmente opuesta. Tenemos una idea más tradicional de las fuerzas armadas, de defensa del territorio. Los países que estamos aquí queremos mantener a las fuerzas armadas lejos de los problemas de seguridad interna”. Esta explicitación de las diferencias causó escozor en Estados Unidos. El Pentágono hizo saber su disgusto al agregado militar argentino y el embajador Lino Gutiérrez a la cancillería. Esas chispas no se convertirán en fuego. La masa crítica que implica el ABC (y la satisfacción estadounidense por la inminente ratificación por el Congreso argentino de las convenciones interamericana sobre lucha contra el terrorismo e internacional contra su financiamiento) hace más probable una segmentación de la política militar estadounidense en tres áreas (el Caribe, la Cuenca Andina y el Cono Sur) en las que la proximidad geográfica sea directamente proporcional a la coincidencia con los preceptos elaborados por el Comando Sur. Esto reflejaría, además, las valoraciones sobre la política de Estados Unidos que manifestó cada grupo de países en la última encuesta de Latinobarómetro y reproduciría el esquema aplicado a las negociaciones por el ALCA. La única pieza que no encaja en esta descripción es Venezuela, cuyo gobierno es cada vez más definido como adversario por el de Estados Unidos.
El Comando Sur ha expresado con extraordinaria sinceridad lo que está en juego. El 10 de setiembre del año pasado, ante el Center for Strategic & International Studies, el general James T. Hill (quien el mes próximo dejará esa jefatura y pasará a retiro) explicó la importancia estratégica, económica y cultural que tiene para su país el futuro de Colombia, Latinoamérica y el Caribe. Según Hill, “Latinoamérica provee más del 31 por ciento del petróleo que importamos, más que todos los países de Medio Oriente juntos. El comercio anual de Estados Unidos con Latinoamérica y el Caribe supera los 360.000 millones de dólares anuales, casi tanto como con toda la Comunidad Económica Europea (sic). Hacia el año 2010, se espera que el comercio con los países de la región supere el de la Comunidad Económica Europea y Japón sumados. Este intercambio se traduce en millones de puestos de trabajo estadounidenses en empresas vinculadas con las Américas”.
La OEA
Cada uno por sus propias razones, Washington y Caracas están poniendo en tensión el sistema interamericano. Las propuestas estadounidenses de “modernización” de la Junta Interamericana de Defensa pasan por alto el constante reclamo de la Argentina y otros países por la institucionalización de esa JID y su sujeción a las decisiones políticas del organismo regional. Por el contrario, Estados Unidos intenta mantenerla como un punto de encuentro entre los militares de todos los países miembros, al margen de esa instancia y del control de los propios gobiernos, lo cual contradice toda la retórica sobre democratización y subordinación al poder civil. El presidente venezolano Hugo Chávez, por su parte, estuvo entre los inspiradores del proyecto de reforma estructural de la OEA que durante sus dos semanas de mandato como secretario general impulsó Miguel Breve Rodríguez. Fue muy significativa la intervención de la embajadora venezolana en la sesión del Consejo Permanente que recibió la renuncia de Rodríguez, hace nueve días. La representante de Chávez dijo allí que su país esperaba que las reformas no se detuvieran. El objetivo de ese gobierno es limar la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, porque ambas han producido informes críticos sobre lo
que ocurre en esos campos en la República Bolivariana (quien desee
conocerlos los encontrará en http:
//www.cidh.org/countryrep/Venezuela2003sp/indice.htm y en http:
//www.cidh.oas.org/relatoria/listDocuments.asp?categoryID=10).
Para la Argentina esta situación constituye una invitación a la sutileza y la flexibilidad: contra Bush y su tentativa de policializar a las Fuerzas Armadas de la región, pero sin apoyar a Chávez en su desdén por los mejores instrumentos que los ciudadanos americanos tienen a su disposición para protegerse del autoritarismo y la discrecionalidad del poder, cualquiera sea su racionalización discursiva, como lo demostró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al condenar el golpe del 12 de abril de 2002 y en centenares de visitas a países en los que se violaban derechos fundamentales, como la Argentina dictatorial de 1979.

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