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Tomada estudia otra suba de salarios por decreto

El ministro de Trabajo afirmó que, si el sector privado, a través de negociaciones colectivas, no acelera una mejora de los salarios, el Gobierno aplicaría en enero un ajuste por decreto de los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia.

 Por Raúl Dellatorre

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, no descartó la posibilidad de que el Gobierno dispusiera en enero un nuevo aumento por decreto para los salarios del sector privado. Lo dispondrá –aclaró en una entrevista dada a un canal de cable– si las negociaciones colectivas no prosperan hacia un ajuste masivo de ingresos de los trabajadores. “Estamos observando atentamente las negociaciones colectivas, que creemos que es el mecanismo más normal” para las mejoras salariales, explicó. De aquí a fin de año, agregó, “vamos a ver qué ocurre”.
En la cartera laboral entienden que los ajustes de suma fija por decreto pueden funcionar como inductor a las negociaciones colectivas. “Aumentar salarios por decreto no es el mejor mecanismo, pero si las negociaciones entre patrones y gremios se demoran, se hace necesario empujarlas”, expresó una fuente cercana al ministro de Trabajo.
La evaluación que hacen en la cartera laboral hasta ahora es que el mecanismo de negociaciones viene saliendo de un prolongado letargo, que dio como resultado que a lo largo del 2004 se dinamizaran los acuerdos y convenios con inclusión de mejoras salariales. En las 238 negociaciones (por empresa o actividad) homologadas entre enero y septiembre, se observa una creciente participación de las cláusulas de subas salariales. En el primer trimestre, 86 por ciento de las negociaciones incluyó subas salariales; en el segundo, 87 por ciento y en el tercer trimestre, 95.
En este último período, julio-septiembre, acordaron aumentos salariales los sectores del calzado, chacinados, cuero, lavaderos mecánicos, alfajores, industria plástica, maderera, floricultores, neumático y gastronómicos.
En el ámbito de las negociaciones por actividad, es mayor la propensión a otorgar incrementos de remuneraciones que en el ámbito de la empresa. El conjunto de las negociaciones colectivas por actividad firmadas a lo largo del año comprende a poco más de un millón de asalariados. Los convenios suscriptos a nivel de empresa abarcan a otros 100 mil. En conjunto, representan aproximadamente el 30 por ciento de los trabajadores del sector privado declarados (registrados) en el sistema previsional.
A esta altura, al Ministerio de Trabajo este número le suena a poco. Sobre todo, porque tras más de dos años de recuperación económica, entienden que la recomposición salarial por acuerdo entre partes debería haber alcanzado a más sectores. Pero todavía las resistencias en el sector empresario a sentarse a discutir salarios son muchas. Y, además, cuentan a su favor con un dato de la realidad contundente: un 13 por ciento de desocupados espera, a las puertas de las fábricas o establecimientos, su oportunidad para ocupar un puesto aunque sea a baja remuneración o “en negro”.
“Hay una política de salario mínimo, que la idea es seguir actualizando paulatinamente, y ésta debiera ser toda la participación activa del Estado en la definición de las remuneraciones en el sector privado”, sostuvo la fuente de Trabajo. “La idea es que, por encima de ese valor, los aumentos los paguen los que puedan, y eso sólo puede surgir de la negociación colectiva”, completó. Pero, por ahora, la actitud antinegociadora de las cámaras patronales ha impedido que esa regla se cumpla.
“Mientras las negociaciones por actividad se demoran, hay que ir presionando por abajo”, sostienen en la cartera laboral. Interpretan que la política de ajustes por decreto por suma fija ha dado resultados, reflejado en el aumento del número de convenios con cláusulas de mejora salarial. A la crítica de que las subas fijas “achatan” la escala –reducen la diferencia porcentual entre categorías–, responden que eso también es una forma de inducir a la negociación. “Las propias empresas buscan proteger a sus trabajadores más calificados, por lo que ante un achatamiento de la escala van a tener más interés en actualizarla”, señaló el funcionario consultado. También es una forma de evitar el automático traslado a precios del ajuste en las remuneraciones. “Un incremento porcentual para todos los trabajadores es mucho más sencillo de usar como justificación por el empresario para mover sus precios”, creen en la cartera laboral, más por experiencia práctica que basada en razonamientos científicos. “También es cierto que así, por suma fija, termina otorgándose un aumento mucho menor al potencialmente posible”, agregan.
Bajo estas condiciones, y previendo que de aquí a fin de año no se produciría una espectacular aceleración del ritmo de negociaciones colectivas, el Ministerio de Trabajo se prepara para un nuevo ajuste por decreto en enero, para todo el sector privado y por suma fija, previsiblemente pequeña. Tomada puso el tema en el escenario con tiempo, ya que tras la experiencia de las últimas tres semanas de discusiones –asignaciones familiares, jubilaciones y planes sociales– sabe que nada de esto se decide en un solo paso.

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