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Investigan si hubo “negligencia culposa” de SW en el narcotráfico

A partir de la declaración de una supervisora de SW, el Tribunal que juzga un caso de tráfico de Tacna a Córdoba sugirió al fiscal que investigue a la empresa. Piden 7 años para los acusados.

El juicio oral contra los dos ciudadanos peruanos detenidos por la Justicia cordobesa podría tener un final abierto. En el día de hoy el Tribunal Oral Federal Nº 2 evaluará el pedido de la fiscalía que ayer exigió siete años de prisión para los detenidos. Pero además de evaluar el destino de los presos, la Cámara analiza una posible responsabilidad penal para Southern Winds. El Tribunal “le corrió vistas al fiscal para que estime si hay elementos para atribuirle negligencia culposa” por el tráfico de estupefacientes a la gerencia de la compañía.
Las derivaciones del caso SW en Buenos Aires introdujeron algunas variaciones en el juicio oral de la provincia de Córdoba. El Tribunal Oral Federal 2 lleva adelante allí el juicio contra José Luis Mori Regio, de 24 años de edad, y contra Harles Matías Ruiz, de 26. Los muchachos, de procedencia peruana, están acusados de portación de drogas e intento de contrabando. Ambos fueron detenidos el 31 de diciembre de 2003 en el aeropuerto de Córdoba con 15 kilos de cocaína.
Ayer, durante la última audiencia, el Tribunal escuchó los alegatos pero además el testimonio de la supervisora de SW en Córdoba, Laura Ferreyra, convocada especialmente por los magistrados para analizar los posibles contactos del caso de Ezeiza con la ruta Tacna-Córdoba, materia de investigación en esa provincia. En palabras de uno de los miembros del Tribunal consultado por este diario, se buscó saber si “a ella le había llamado la atención” la cantidad de clorhidrato de cocaína incautada en el aeropuerto por personal de la Aduana durante los ocho primeros meses del año pasado. Y al mismo tiempo, intentaban saber si “se lo había comunicado a la empresa”.
Durante su relato, Laura Ferreyra confirmó parte de las presunciones del Tribunal. En la audiencia, aseguró que “ella tenía conocimiento” de que se había secuestrado droga en “varios vuelos”. Y que las autoridades de SW “sabían, pero no tomaron ninguna medida tendiente a controlar el paso” de la droga. Cuando el Tribunal le pidió precisiones sobre la información con la que contaba SW, Ferreyra no dijo que ella se los había informado sino que “sabía que sabían”.
Esa información es la que tomó el Tribunal para que el fiscal evalúe si existen elementos de imputación por supuesta “negligencia culposa” de la compañía por no reforzar los controles de control de drogas en el aeropuerto peruano de Tacna, donde la Aduana detuvo en ocho meses a unas 9 personas con cerca de 60 kilos de cocaína.
La ruta explotada por SW hacia Tacna no fue materia de investigación de la Justicia de Córdoba, pero no se descarta que lo sea en Buenos Aires. Los jueces cordobeses parecen convencidos de que SW debe ser investigada al menos por negligencia. Según José María Pérez Villalobos, presidente de la Cámara, SW no operaba la ruta sino a través de una “charteadora”, una agencia de turismo llamada Caminos del Sol. Esa agencia es propiedad de un ciudadano peruano llamado Julio Vargas Peralta, hombre que, según la página web de la cancillería de aquel país, sería además presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana. Su papel en la aeronavegación parece estar reducido a la ruta Tacna-Córdoba: un vuelo semanal de 116 plazas en el avión arrendado a SW y pagado por anticipado a esa empresa. Ruta que, tal como anticipó Página/12 en su edición de ayer, quedó suspendida por decisión del Ejecutivo (ver recuadro).
Los investigadores porteños aún no saben qué peso darle a la conexión Tacna. Para la fiscalía, por el momento, no hay elementos directos que vinculen uno y otro caso, pero entre las hipótesis de trabajo sostienen que tampoco pueden descartarlo. El juzgado de Carlos Liporace comparó y contrastó la metodología del caso Ezeiza, conocido por las llamadas “valijas voladoras”, y el de Córdoba, donde los detenidos no fueron traficantes de valijas sino personas dedicadas al tráfico, conocidas como “mulas”. Como no puede descartar una conexión, el magistrado pidió muestras de cada una de los bultos secuestrados no sólo para compararlos con la cocaína incautada en España sino para cotejar las sustanciasprecursoras utilizadas en su elaboración. De ese modo, podrá determinar si los puntos de procedencia son coincidentes.

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La supervisora de SW en Córdoba, Laura Ferreyra, declaró en el juicio oral en Córdoba.
 
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