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“Vienen nuevos desafíos. Vienen nuevas discusiones. Allá están, ya nos están mirando. Nosotros nos estamos preparando.” Néstor Kirchner le dedicó las últimas palabras de su discurso al Fondo Monetario Internacional. No le hizo falta nombrarlo, todos sabían de quién hablaba. Una vez resuelta la complicada reestructuración de la deuda, el Gobierno reorientó rápido sus energías al próximo objetivo: llegar a un acuerdo conveniente con el FMI. No será fácil. El organismo exige una solución para quienes no entraron al canje, con el argumento de que técnicamente el país no salió del default. Roberto Lavagna viajará el próximo sábado a Washington para reunirse al día siguiente con el director gerente, Rodrigo Rato. Será el inicio de una nueva saga de discusiones agotadoras, que podrían extenderse un par de meses.
La posición oficial combinará dos elementos. Por un lado, defenderá con dureza la decisión de no reabrir el canje. Es el punto de mayor conflicto, en el que Kirchner y Lavagna no están dispuestos a ceder. Pero, junto con esto, hay una cuestión en la que el Gobierno y el Fondo coinciden: la Argentina debe reducir su deuda con los organismos multilaterales. Los motivos de cada parte son distintos, pero el resultado es el mismo. La negociación, en tal caso, será cuánto se pagará cada año.
“La consigna es: hay que bajar la deuda. Hay que desendeudarse, como dice el Presidente, para ganar márgenes políticos y grados de libertad en el manejo de la política económica”, explicó ayer Lavagna, y luego destacó que en los últimos años Argentina hizo pagos netos a los organismos de crédito por 10.000 millones de dólares. Kirchner, a su turno, repitió el dato, pero para expresar que los países centrales deben tomar “nuevos parámetros para juzgar las reestructuraciones de deuda”. “No es lo mismo hacerlo con apoyo de fondos frescos o, como en este caso, sin ese apoyo”, agregó, defendiendo el 76 por ciento de adhesión al canje. Finalmente, dijo que “pretender usar el mismo criterio en ambos casos no tiene sentido económico”.
Un aspecto que está bastante claro que el nuevo programa no sería más que a un año. A lo sumo dos, si es que el FMI accede a mantener por ese período el marco de condiciones que impondría por uno. El inicio de la negociación blanqueará una situación que de hecho viene ocurriendo desde mediados del año pasado: el acuerdo anterior se cayó. Eso implica que el Fondo no reintegrará los 3000 millones de dólares que el Gobierno le giró desde entonces, a pesar de que por algún tiempo Lavagna sostuvo que el convenio estaba suspendido y que la plata regresaría.
El nuevo acuerdo será un stand by que, a diferencia del anterior –de Facilidades Extendidas–, contempla menores exigencias. Se basa centralmente en metas cuantitativas. Es decir, en el resultado fiscal, en los niveles de emisión, en la evolución de las cuentas externas. El Gobierno tiene todas esas variables bajo control, con una expansión de la economía que clausura casi cualquier discusión. El acuerdo corto libera al Ejecutivo de las metas cualitativas, que son medidas de fondo sobre política económica, como la laboral, la tributaria, la previsional y la bancaria. Lo que el Gobierno busca con el acuerdo es la refinanciación de una porción importante de vencimientos con los organismos de crédito, aceptando mantener la línea de una reducción de la deuda con ellos.
Hay un reclamo que el FMI mantiene en alto: el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Kirch-
ner se anticipó a este tema la semana pasada, cuando embistió contra las privatizadas y los sectores de presión que las defienden. De todos modos, el Gobierno fue haciendo concesiones a distintas empresas, que lograron el tipo de mejoras que viene pidiendo el Fondo. La mayor diferencia, entonces, son de plazos.
“Van a tomar un café”, ironizó Kirchner ayer cuando le preguntaron sobre el próximo encuentro entre Lavagna y Rato. Desde Washington también pretendieron bajarle el tono. El portavoz del Fondo, Thomas Dawson, dijo que “las conversaciones no deben ser consideradas como una reanudación de las negociaciones”. En verdad, el encuentro marcará el inicio de la discusión por un tema clave: cómo se interpretará el resultado del canje.
Fuentes del organismo señalaron a Página/12 que para el Fondo “el hecho de que la aceptación haya sido importante no significa que la Argentina haya salido del default”. De acuerdo a su estatuto, “el FMI no puede conceder financiamiento a países que tienen ‘atrasos’ con sus acreedores”. En concreto, el FMI pide una solución para el 24 por ciento de los títulos que no entraron a la reestructuración de deuda. “En la carta de intención de un nuevo programa no puede faltar la explicación de cómo hará Argentina para superar este problema. Es un tema que tiene que estar indefectiblemente. Para el Fondo no es admisible otra cosa”, remarcó el informante. El Gobierno lo descarta de plano.