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Romero, en la cuerda floja

Esta semana el caso del defensor general de la Nación figurará en el primer lugar de los temas a tratar por la Comisión de Juicio Político. Ya hay un centenar de pruebas en su contra. Lo acusan por falta de idoneidad, abuso de poder, irregularidades en la administración y en la designación de personal.

Por A. F.

Contra el defensor general Miguel Angel Romero se acumulan más de cien pruebas en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Si hasta ahora, viene esquivando el momento de enfrentarlas, no se debe tanto a sus dotes de equilibrista como a que otros casos lo postergaron. Pero la suerte del riojano que llegó al cargo de defensor general de la mano de Carlos Menem parece estarse apagando: según aseguró a Página/12 el diputado José Ricardo Falú, presidente de la Comisión de Juicio Político, esta semana el tema Romero estará “primero en el orden del día”. Deberá enfrentar entonces, entre otras, acusaciones por falta de idoneidad, abuso de poder, actitudes antidemocráticas, malversación de caudales públicos, irregularidades en la designación del personal y en la administración del presupuesto del organismo que encabeza. A su expediente se sumó recientemente un dossier con las múltiples irregularidades aparecidas en las Curadurías Oficiales.
Amigo personal del ex secretario presidencial Ramón Hernández, Romero cuenta entre sus antecedentes haber sido asesor de la policía riojana en la dictadura militar. En 1985, durante la gestión de Menem al frente de la provincia, fue nombrado juez y nueve años después ascendió a la Cámara Federal de La Rioja Designado luego para la Defensoría General de la Nación, obtuvo el acuerdo del Senado en 1998, gracias a que el voto peronista se encolumnó tras su jefe.
Su horizonte ahora no parece muy auspicioso. “Considero su situación comprometida”, sostiene Falú, quien la semana próxima pondrá a consideración de la comisión las pruebas. Si la mayoría de la comisión vota, como parece probable, por aprobar el juicio entonces se le correrá vista a Romero para permitir su defensa. Estas son algunas de las múltiples acusaciones en su contra:

- Falta de idoneidad:
En 1997, el Defensor Público ante los Tribunales Orales Hilario Lagos se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Congreso para discutir la ideoneidad de Romero para el cargo de Defensor General. Allí relató que en una reunión con los defensores en la que se trataba las difíciles condiciones de trabajo por el excesivo número de causas en las que debía intervenir cada uno, Romero les indicó que hicieran “a los testigos cuatro preguntas tontas y en los alegatos cuatro pavadas, para cumplir, pues los imputados vienen todos condenados”. “Creo que eso define la filosofía de Romero –sostiene Lagos–. Otras veces dijo que las causas no vale la pena estudiarlas, uno se hace una idea en el juicio y pregunta a los testigos en base a eso.” También se le imputa a Romero desconocer el rol asignado a la Defensoría General de la Nación, al ordenar a los magistrados a su cargo la asunción simultánea del patrocinio de la querella y de la asistencia técnica del imputado.

- Abuso de autoridad:
El defensor Gustavo Iglesias lo acusó de abuso de poder por haberle ordenado al defensor Hilario Lagos, quien había presentado denuncias en su contra, a presentarse a un examen psiquiátrico para conocer si sus facultades mentales estaban alteradas. También se lo cuestiona por otorgar mediante resolución un alto puntaje a su propia “impresión personal” para definir la incorporación de personal.

- Excusaciones:
Romero rechazó varias excusaciones presentadas por los defensores oficiales. En el caso de Mario Landaburu, sucedió cuando le llegó una causa en la que debía defender al sacerdote Von Wernich, acusado por violaciones a los derechos humanos. Landaburu se excusó por violencia moral ya que tiene familiares desaparecidos. Romero lo rechazó argumentando que Landaburu demostraba parcialidad ya que “participó en la defensa de los derechos de integrantes del Movimiento Todos por la Patria”. Luego 42 magistrados firmaron una nota de apoyo a Landaburu.

- Designaciones irregulares:
Se lo acusa a Romero de haber dictado resoluciones contra las leyes para incorporar a determinados funcionarios, al punto de crear cargos no previstos, como el de Defensor Público ante la Cámara de la Seguridad Social. También se le cuestionó la designación como secretaria de la Defensoría General de Stella Vigo de Cubría, nuera de la jueza María Romilda Servini de Cubría. Según el defensor Hilario Lagos, esta designación fue firmada por Romero exactamente en el mismo día y hora –según figura en la cédula– en que recibió la notificación de que Servini lo había sobreseído en una causa iniciada contra él por el ex defensor Hugo Rodríguez Sañudo.

- Actitudes antidemocráticas:
En la época en que Menem buscaba la rereelección, Romero le confió al senador Jorge Yoma su propuesta: disolver el Congreso tal como había hecho Alberto Fujimori.

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