EL PAíS › CARMEN ARGIBAY, MINISTRA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

“El Congreso no anula, sólo deroga”

Dos miembros de la Corte Suprema explican la lógica jurídica con que se llegó al fallo de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y rechazan las acusaciones de haber politizado el tema. Cómo se tratará el siguiente tema, los indultos. Lo que debe hacer la Justicia y lo que le toca al Legislativo, los mecanismos internos del tribunal, la relación con el Gobierno.

 Por Irina Hauser

A Carmen Argibay se la ve contenta en su amplio despacho de la Corte Suprema. Hay sólo una cosa a la que le cuesta acostumbrarse: los custodios que la siguen a todas partes, hasta cuando quiere ir a comer con amigos a unos metros de Tribunales, del otro lado de la Plaza Lavalle. “Mis sombras”, los bautizó. La jueza todavía saborea como una victoria rotunda el momento en que estampó su firma en la sentencia que invalidó las leyes de punto final y obediencia debida. Pero si hubiera podido elegir, dice, habría fallado primero sobre los indultos para “empezar por los jefes” militares. Argibay advierte que el Gobierno “debería tener más cuidado” al proclamarse impulsor de la inconstitucionalidad dictada por los supremos. También le cuestiona que critique las decisiones judiciales “de acuerdo a cómo está de enfervorizada o no la opinión pública”. “Nosotros tenemos que resolver según lo que creemos que la ley nos indica”, sostiene. Preferiría, además, que Néstor Kirchner no haga más nombramientos y que la Corte tenga siete miembros.
“Siempre, desde que fueron sancionadas las leyes (de impunidad), creí que eran inconstitucionales, pero como no estaba en la Corte mi opinión no tenía influencia”, dice la jueza, que asumió en febrero de este año, después de haber integrado el tribunal internacional que juzgó los crímenes de la ex Yugoslavia. “Es un gran privilegio pertenecer a la Corte que declaró la inconstitucionalidad. Es una decisión que coloca a la Argentina en un plano de constitucionalidad y de derecho internacional sumamente importante. Este fallo va a dar la vuelta al mundo. Apenas salió recibí e-mails desde La Haya, de compañeros del tribunal internacional, incluso de mi ex secretaria, celebrando la noticia que habían visto en la CNN”, comenta.
–¿Por qué hubo ocho votos distintos si todos, excepto Carlos Fayt, estaban de acuerdo con la decisión de fondo?
–Por la trascendencia del fallo todos quisimos decir algo. Y en la forma de decirlo no coincidimos. Algunos tocaron temas que otros no y algunas fórmulas fueron distintas entre sí. (Antonio) Boggiano, por ejemplo, dijo que las leyes son inaplicables. Evidentemente la inconstitucionalidad tajante que sostuvimos otros no está en su estilo de argumentación. Por mi parte, soy escueta y ceñida a las cuestiones planteadas en la causa. No me gusta escribir de más, entonces no puedo coincidir con los que escriben mucho. Tampoco me agrada hacer citas que no haya leído y elegido personalmente. (Raúl) Zaffaroni quizá cita autores alemanes de los cuales yo pude haber leído algunos pero otros no.
–El de las leyes del olvido no es el único expediente donde aparecieron varios votos diferentes. Otro caso fue el de la pesificación, al punto que ahora hace falta un nuevo fallo sobre los ahorristas chicos. ¿Es bueno, malo o indiferente que aparezcan tantas posturas en una resolución?
–Es bueno que haya distintas opiniones y que dentro de una misma opinión haya variantes, para algo somos nueve. Es malo que todavía no podamos trabajar como un equipo. Pero eso va a llegar, lo que pasa es que varios somos todavía muy nuevos y otros nunca trabajaron así. Hasta que podamos trabajar juntos y consensuar ideas y estilos va a costar. Necesitamos tiempo.
–¿Qué es lo que traba el fallo pendiente sobre la pesificación?
–Precisamente, que no logramos ponernos de acuerdo (sobre su constitucionalidad) y formar una mayoría. Pero no voy a dar detalles.
–¿No lo consideran un tema prioritario?
–Estamos intentando firmarlo, pero las urgencias no tienen que ver con la resolución que podamos sacar. Cuando uno trata de resolver algo en función de acortar tiempos generalmente comete errores. Hay algo importante quedijo en una oportunidad el doctor Carlos Fayt: el tiempo se toma venganza de lo que se hace sin contar con él.
–¿Por qué usted, a diferencia de la mayoría de sus colegas, no convalidó la ley que dictó el Congreso en 2003 para anular las leyes de punto final y obediencia debida?
–Porque creo que el Congreso no tiene facultades para anular leyes, sólo las puede derogar. Pero, además, porque meterme con temas que no aparecen planteados en la causa me produce cierto resquemor. Cuando uno abre el paraguas antes de tiempo es porque alguna duda tiene sobre la cuestión.
–¿Qué implicancias tiene ahora la vigencia de los indultos?
–Para las Fuerzas Armadas involucradas significa una injusticia porque han quedado afuera los jefes que no estaban protegidos por las leyes y que fueron indultados. Yo pensaba que la Corte iba a fallar primero sobre los indultos, porque empezábamos de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Es simplemente una cuestión de equidad. Me sorprendió que la mayoría de las causas que estaban acá tenían que ver con las leyes y no con los indultos.
–¿La Corte se va a expedir, entonces, sobre los indultos?
–Si llega alguna causa sí, pero per saltum no habrá. En esta Corte nadie quiere per saltum. Si ya tenemos alguna causa en el tribunal yo no la conozco.
–El fallo sobre las leyes señala que son contrarias a los tratados internacionales sobre derechos humanos y que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables. Ese argumento ¿es aplicable a los indultos?
–No puedo adelantar opinión, si no me van a recusar.
–El Congreso o el Poder Ejecutivo, ¿pueden anular los indultos?
–Creo que no, es tarea del Poder Judicial. Para un lado o para elotro tiene que definirlo la Justicia en un expediente. Al Ejecutivo, además, se le plantearía la dificultad de tener que resolver distintas situaciones de indultados.
–¿Le pareció imprudente que el Gobierno opinara públicamente sobre la liberación de Omar Chabán y de María Julia Alsogaray?
–No me gustó. En este momento hay que tratar de fortalecer las instituciones. Una de las formas de hacerlo, si queremos vivir en un estado de derecho, es que se respeten las decisiones de los jueces. Al que no le gustan, tiene mecanismos para que sean revisadas en otra instancia superior. Se puede criticar, pero salir a decir que un fallo es una vergüenza es meterse en el terreno del Poder Judicial. Es decirles a los jueces que tienen que resolver de acuerdo a cómo está de enfervorizada o no la opinión pública. La opinión pública no existe, es lo que los periodistas dicen que es. Nada más. Tampoco puedo admitir que porque pongan cien tipos gritando en la puerta haya que pronunciarse de una manera u otra. Estamos para resolver de acuerdo a nuestros conocimientos, a nuestro leal saber y entender y a lo que tenemos en una causa. No podemos aceptar presiones de ninguna especie.
–Los jueces, por ejemplo, ¿no deben tener en cuenta la paz social? Este fue un argumento que se planteó ante la liberación de Chabán.
–No, es un argumento totalmente falaz. Nunca se sabe cuál es la paz social y menos en un proceso penal. Si bien hoy están todos los familiares de las víctimas en contra del fallo, con toda seguridad que la familia de él está a favor. Nosotros tenemos que resolver según lo que creemos que la ley nos indica.
–Apenas salió el fallo de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que el Gobierno había sido el “promotor de la idea”.
–Yo le diría que tenga más cuidado con lo que dice. El no es parte en el juicio, así que no lo impulsó. Todo el mundo sabe que el Gobierno debía coincidir con la declaración de inconstitucionalidad, por algo promovieron la nulidad en el Congreso. Pero el fallo no lo impulsaron ellos. Si no había una causa no podíamos haber hecho ningún fallo, le gustara o no al jefe de Gabinete.
–¿Qué le parecieron las excarcelaciones de Chabán y María Julia?
–No puedo opinar porque pueden llegar acá en cualquier momento.
–Pero sí puede opinar sobre cuándo es apropiado el uso de la prisión preventiva.
–Nosotros en la Corte habíamos firmado hacía muy poco tiempo un fallo en un amparo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) por la situación de los presos en la provincia de Buenos Aires y dijimos con todas las letras que la prisión preventiva está para determinados casos, no para todos. La regla no tiene que ser la prisión preventiva, como venía pasando en la provincia, donde la excarcelación era la excepción. Tiene que ser al revés, debido al principio de inocencia. La preventiva es aplicable sólo cuando hay peligro de que la persona se fugue y no llegue al juicio o de que pueda poner en riesgo la investigación, por ejemplo, haciendo desaparecer pruebas.
–¿Qué pasó con los presos bonaerenses después del fallo de la Corte?
–Entiendo que a muchos tuvieron que liberarlos.
–¿Por qué sigue pareciendo que hay una Justicia para ricos y otra para pobres?
–Las sensaciones son muy difíciles de evaluar. ¿Por qué ante una situación algunos tienen miedo y otros no? Cuando yo me estaba por volver a Buenos Aires la gente me decía “cómo vas a volver con la sensación de inseguridad que hay”. Es cierto que la gente en La Haya, aunque sabe que allí pasan un montón de cosas, no tiene sensación de inseguridad, pero yo acá tampoco la tengo.

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