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Intentaron evadir a la Justicia, pero no pudieron. El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que se hicieran efectivos los embargos impuestos a los represores Alfredo Astiz y Jorge Acosta junto a otros militares procesados en la megacausa ESMA. La medida fue adoptada a raíz de un informe elaborado por la unidad de asistencia a los juicios reabiertos contra los represores de la Procuración General que contra la versión de los marinos, que negaron tener bienes cuando fueron procesados, reveló en un listado las propiedades, cuentas y acciones empresarias que los militares acumularon en los últimos viente años.
La unidad fiscal fue creada por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, para asistir a las causas abiertas en todo el país por violación a los derechos humanos. Su función es cooperar con la búsqueda de pruebas para “promover el juicio y castigo a los culpables”.
Con esta intención, hace unos meses comenzó la investigación sobre los bienes que hasta el momento los ex integrantes de la ESMA no quisieron reconocer. El trabajo preliminar resultó en una exhaustiva lista de propiedades y cuentas bancarias, entre cuyos titulares figuran los represores Juan Antonio Azic, Héctor Febres, Manuel García Tallada, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Oscar Montes y Raúl Scheller. La mayoría de ellos aparece con más de una propiedad, barcos y acciones en varias empresas. Algunos de los marinos además presidirían varias compañías, como el caso de Adolfo Miguel Donda –acusado de la desaparición de su hermano José María y su cuñada María Hilda Pérez–, quien, de acuerdo con los registros de la AFIP, tendría a su cargo tres firmas.
Por su parte, Jorge “Tigre” Acosta aparece vinculado a la firma Balear SA, de la cual no se conocen antecedentes. Además se le habrían detectado dos inmuebles en el barrio de Belgrano. Según informaron fuentes de la fiscalía, el Cuervo Astiz tendría a su nombre tres propiedades y dos barcos. Un dato curioso arrojado por el trabajo son las colecciones de armas que –según datos del Renar– conservan los represores.
La causa ESMA fue reabierta luego de que el Congreso dictó la anulación de los leyes de punto final y obediencia debida. Astiz y Acosta fueron procesados por su participación en los crímenes cometidos en el centro de detención más emblemático de la dictadura. Por esos delitos, el juez Sergio Torres ordenó la detención de 14 militares. Sobre Acosta además dispuso un embargo de 500 mil pesos por los delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión reiterada y asociación ilícita. Mientras que al Angel Rubio Astiz le correspondió un embargo de cinco millones de pesos. Como ambos represores negaron poseer bienes para ser embargados, el magistrado decidió inhibirlos y los embargos nunca se hicieron efectivos. Ante los avances realizados por la Unidad Fiscal, Taiano solicitó que se levantara la inhibición y se materializara la medida cautelar. Para ello, Torres primero deberá confirmar los datos proporcionados por la fiscalía. Sin embargo, el magistrado aclaró que aguardará la decisión de la Cámara de Casación, que todavía debe resolver los recursos interpuestos por la defensa de los imputados. Según evaluaban fuentes judiciales, no se descarta que la causa avance en los próximos días. Una investigación similar se está realizando sobre los bienes de los imputados en la causa del Primer Cuerpo de Ejército.