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La Cámara Federal de Resistencia ordenó investigar a dos fiscales de esa ciudad que están acusados de haber participado de torturas durante la última dictadura militar. Se trata de Carlos Flores Leyes y Roberto Mazzoni, quienes también están involucrados en la causa por la masacre de Margarita Belén. En la misma resolución, el tribunal chaqueño ordenó que regresaran a prisión ocho represores.
El fallo fue firmado por Juan Carlos Saife, María Fernández y el conjuez Jorge Larrea. En él, dispusieron que el ex jefe de la policía del Chaco Wenceslao Ceniquel, el ex jefe de la Brigada de Investigaciones de Resistencia Carlos Alcides Thomas, el suboficial Gabino Manader, el oficial José María Cardozo, el ex oficial Ramón Gandola, el ex cabo José Francisco Valiente, el ex segundo jefe de la Brigada Lucio Caballero y el oficial de la SIDE Horacio Valussi volvieran a prisión.
Los represores deberán regresar a la cárcel porque la Cámara anuló una resolución en la que se les había dictado el procesamiento pero sin prisión preventiva. Antes, habían estado detenidos por orden del juez Carlos Skidelsky, pero luego de que el magistrado fuera recusado quedaron en libertad. Todos están siendo investigados por la aplicación de torturas a once ex detenidos políticos desde antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Flores Leyes y Mazzoni están involucrados en la causa porque varios sobrevivientes denunciaron que ellos estuvieron presentes en los centros clandestinos de detención que funcionaban en el Chaco. Algunas personas los vieron personalmente y otros reconocieron sus voces. Si bien no se los acusa de haber torturado con sus propias manos, los funcionarios habrían asistido a sesiones de tormentos y a operativos de secuestros. Durante la dictadura Flores Leyes fue secretario del juzgado federal de Resistencia y Mazzoni, fiscal.
Otras acusaciones que pesan contra ambos son las referidas a no investigar las denuncias de los presos que estaban a disposición del Poder Ejecutivo –o sus familiares– y eran sometidos a torturas. Cuando la Cámara Federal pidió explicaciones respecto de uno de estos casos –el de Néstor Sala– que había sido abandonado a pesar de la decisión del tribunal superior, Flores Leyes argumentó que no se había podido cumplir con las medidas por “falta de presupuesto para la extracción de fotocopias”.
Además de las imputaciones penales, Flores Leyes y Mazzoni están siendo sometidos a juicio político en la Procuración General de la Nación por su participación en violaciones a los derechos humanos. La semana pasada, el procurador Esteban Righi exoneró a la secretaria de la fiscalía general de Resistencia, Ana María Torres, por considerar que “colaboró directamente con la estrategia de la defensa” de los represores imputados en la masacre de Margarita Belén, caso en el que también están involucrados ambos fiscales.
“Es vergonzoso que fiscales federales que debían ser custodios de la legalidad se encuentren involucrados en los más aberrantes delitos imaginables mientras continúan en sus cargos”, señaló Mario Bosch, abogado de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y querellante en la causa.