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En todos los documentos oficiales sobre la futura reforma previsional figura como propuesta levantar el corralito a los afiliados a las AFJP. Eso significa habilitar el libre traspaso entre el sistema de capitalización y el de reparto. El régimen actual lo impide. Quien eligió o cayó sin quererlo en una administradora privada no tiene chance de desafiliarse y volver al sistema estatal. Si la tranquera se abre, hay hasta un millón de personas interesadas en cruzarla, de acuerdo con una estimación preliminar de la Anses. Ese organismo, bajo la conducción de Sergio Massa, y la Secretaría de Seguridad Social, a cargo de Alfredo Conte Grand, están preparando borradores del proyecto. Hay varias ideas escritas y el convencimiento de que este año llegará una propuesta al Congreso, aunque los tiempos políticos dependen de Néstor Kirchner.

Aquellos funcionarios dieron la orden a sus equipos técnicos de ponerse a trabajar luego de una definición que llegó desde la cúpula del Poder Ejecutivo: la reforma se hará por ley. Antes de esa instrucción, se barajaba que saldría por decreto de necesidad y urgencia. Más allá del cambio de planes, que tiene que ver con la búsqueda de mayor consenso en un tema central para la vida de los argentinos, fue una señal que activó las usinas de elaboración.

Alberto Fernández tiene previsto convocar en los próximos días a dirigentes de la oposición para conformar una “comisión transversal” que aporte sugerencias. El jefe de Gabinete comentó que la ley debería ser aprobada este año, para despejar la cuestión antes de que el Congreso entre en clima de campaña electoral por las presidenciales de 2007.

La necesidad de introducir cambios en el sistema de jubilaciones tiene que ver con que no se cumplieron ninguna de las tres promesas principales que dieron lugar a la creación de las AFJP: que habría cada vez más personas en condiciones de jubilarse por el incentivo de aportar para la propia cuenta (en 2025, el 54 por ciento de los mayores de 65 años no reunirán los requisitos para conseguir el retiro), que todos cobrarían más que en el Estado (más del 50 por ciento de los afiliados a las AFJP percibirá la mínima, con aporte estatal) y que el sector público se liberaría de una pesada mochila de gastos en jubilaciones (se tiene que hacer cargo del inmenso ejército de abuelos excluidos).

Tampoco fue cierto que los afiliados encontrarían mejor resguardo para su dinero que si se lo entregaban al Estado (finalmente padecieron las consecuencias del default) ni que se generaría un mercado de capitales para financiar un desarrollo integral de la economía, y ni siquiera que las empresas serían más ágiles y eficientes en la atención al público (tramitar una jubilación en una AFJP suele llevar hasta un año, contra dos meses en la Anses).

Un punto que estará en el proyecto de ley que irá al Congreso es la libre opción entre capitalización y reparto. No es una idea nueva. Más bien es una respuesta tardía a una vieja demanda. En 2002, la Cámara de Diputados dio media sanción a esa iniciativa, pero en diciembre de 2004 perdió estado parlamentario porque el Senado se negó a votarla. El jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, no habilitó su tratamiento en el recinto –pese a que tenía dictamen de comisión– porque dijo que el Ejecutivo determinaría el momento para la reforma previsional. En ese momento, Roberto Lavagna tenía cerrado un acuerdo con las AFJP para que adhirieran al canje de deuda en default y siguieran comprando bonos del Estado.

Las administradoras siempre jugaron muy fuerte en contra del traspaso de afiliados entre los sistemas público y privado. Ahora su presión es menor, en parte porque tienen asumido que en algún momento ocurrirá y en parte porque confían en que los aportantes de mayores ingresos no se irán. LaAnses considera que hasta un millón de personas podría migrar al reparto, aunque todo dependerá de la intensidad de la campaña publicitaria del Gobierno y de la sencillez para realizar los trámites.

Jubilación móvil

Los sucesivos aumentos de la jubilación mínima decretados por la Casa Rosada tuvieron como efecto secundario un achatamiento de la pirámide salarial. En la actualidad, el 65 por ciento de los jubilados y pensionados gana el piso de 470 pesos. Una alternativa en estudio es introducir en la reforma algún mecanismo de movilidad de los haberes. Antes de Domingo Cavallo, se hacía por el Indice General de Remuneraciones. En despachos oficiales se analiza la creación de posibles nuevos índices que el Estado pueda afrontar, que hagan al sistema de reparto más justo, sin que el sector público se gane más juicios.

Otra posibilidad que alientan algunos funcionarios, aunque todavía de manera embrionaria, es que todas las personas al alcanzar la edad jubilatoria tengan derecho a una prestación, que afrontaría el Estado. La Anses, de hecho, tiene habilitadas distintas moratorias para que aquellos que no lograron reunir los años de aportes puedan jubilarse. La intención es profundizar esta línea de universalización de ingresos para la tercera edad. Para ello, una parte de los aportes previsionales serían derivados a la Anses, por más que el aportante sea afiliado de una AFJP. Las administradoras quedarían como una suerte de seguro de retiro, adicional al sistema universal. Pero esta propuesta está en un estado de análisis preliminar.

Las AFJP siguen

A pesar de las modificaciones, el Gobierno no pretende terminar con las AFJP. Lo que busca es que bajen las comisiones y corregir distorsiones estructurales, como es el caso del bloqueo a la libre opción. Respecto de esto último, una segunda medida con consenso entre los funcionarios es cambiar el mecanismo por el cual se anota en una AFJP a los trabajadores que recién se inician como aportantes previsionales. Es una vieja trampa creada por Domingo Cavallo, que al día de hoy sigue dando resultados. Cuando una persona empieza a trabajar en el circuito formal (comienza a aportar, ya sea como empleado en relación de dependencia, como monotributista o como autónomo) tiene 30 días para completar un formulario en el que declara su voluntad de permanecer en el sistema estatal. Si no lo hace –como ocurre con la inmensa mayoría, por desconocimiento– es anotado en una AFJP.

A ese grupo de desprevenidos se les asignó en la jerga de los especialistas el nombre de “indecisos”. Los indecisos son la columna vertebral de las AFJP. El 80 por ciento de los nuevos afiliados que consiguen las empresas llegan por esa vía. No por una decisión meditada, ni por elección. Estos últimos representan sólo el 20 por ciento En el último año, las AFJP ganaron 480.000 clientes “indecisos”, contra 138.000 voluntarios.

La medida en cuestión es que los “indecisos” vayan al régimen de reparto. Y si después quieren pasar a una AFJP, que lo hagan por voluntad propia y no como consecuencia de una jugada desleal que no supieron advertir a tiempo. Como se señaló más arriba, esto se combina con la libre opción entre sistemas.

En cuanto a las comisiones que cobran las empresas por administrar los fondos de sus afiliados, en la actualidad representan casi la mitad de lo que éstos ingresan mensualmente: 3,4 puntos porcentuales de un aporte de 7 puntos del salario. Es decir, por cada 100 pesos que gira el trabajador, las AFJP se quedan en promedio con 48,5 pesos en concepto de comisión. El Gobierno todavía tiene que definir si los aportes volverán al 11 porciento –se rebajaron a 7 en medio de la crisis para aumentar los ingresos de bolsillo de los trabajadores–, lo que depende del carácter global que tendrá finalmente la reforma previsional. Independientemente de ello, los equipos técnicos analizan una fórmula para que las administradoras bajen sus muy altas comisiones. Consiste en que el Estado se haga cargo de los seguros por fallecimiento e invalidez de los afiliados a las AFJP, a cambio de algún punto porcentual de su aporte salarial.

En este caso, las administradoras están de acuerdo porque los seguros les resultaron más costosos de lo previsto y no ven la hora de quitárselos de encima. Su comisión debería bajar por lo menos 1,4 punto porcentual, de 3,4 a 2 puntos.

Finalmente, una cuarta propuesta que circula entre quienes escriben la reforma es que los fondos que administran las AFJP sean utilizados para financiar actividades productivas. Es un reclamo recurrente de la Unión Industrial Argentina, que llegó incluso a oídos del Presidente. La plata que acumulan las empresas se canalizaría en una proporción a determinar al financiamiento de proyectos en la economía real, en particular de pymes. Sería un lubricante para la economía en su conjunto. Es un tema delicado, porque lo que está en juego son los ahorros de los futuros jubilados. Esto conlleva redoblar los controles sobre las administradoras, las mismas que están bajo la lupa y en proceso de revisión.