EL PAíS › LA CORTE SUPREMA INSTO A QUE SE ASEGURE LA INTEGRIDAD DE LOS TESTIGOS

“Hay que garantizar la protección”

Mientras continúa la búsqueda de Jorge Julio López y se incrementa la ola de amenazas a fiscales y jueces que instruyen causas por delitos de lesa humanidad, la Corte instó al Gobierno a que proteja a los testigos de esos juicios.

 Por Laura Vales

Ante las amenazas recibidas por jueces, fiscales y testigos de causas en las que son investigados represores, la Corte Suprema pidió al Gobierno que otorgue garantías de “la debida protección” a las personas que intervienen en los juicios. Los ministros se dijeron “profundamente preocupados” por la situación: señalaron que “la vigencia del Estado de derecho” y “la independencia del Poder Judicial” no toleran “este tipo de actitudes antidemocráticas”. El reclamo fue formulado en una jornada en la cual hubo una nueva ola de intimidaciones. Una de ellas contra Nilda Eloy, quien atestiguó, como Julio López, en el juicio oral que condenó a prisión perpetua al comisario Miguel Etchecolatz. Como se sabe, López está desaparecido desde hace trece días. Nilda fue a un canal de televisión para dar una entrevista sobre el tema; cuando volvía a su casa acompañada por su hija, sonó su celular. Atendió la hija, para escuchar el audio completo de la nota que Nilda acababa de dar.

El pedido de la Corte no fue la única reacción en el ámbito de la Justicia ante esta vuelta del pasado. Por la mañana, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, ordenó a los fiscales que elaboren un listado de las personas convocadas a declarar en los próximos juicios orales contra el terrorismo de Estado, con el objetivo de que se les aplique los programas especiales de protección de testigos.

En la Procuración no tienen todavía estimado qué cantidad de personas deberán declarar. Se sabe, sí, que tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se abrieron procesos en siete distritos: la Capital Federal, Córdoba, Resistencia, Posadas, La Plata, Mar del Plata y Tucumán.

Los programas de protección, que dependen del Ministerio de Justicia, se aplican solamente por pedido de un magistrado o de un fiscal. El caso más conocido es el de Mario Pontaquarto, el arrepentido del pago de las coimas en el Senado. Durante un plazo acotado en el tiempo, el testigo considerado en riesgo percibe un subsidio y, de acuerdo con el riesgo en que esté, puede acceder a la posibilidad de mudarse o incluso cambiar de identidad.

Las amenazas

El encargado de concentrar la información y mantener el listado de testigos al día será Félix Croux, fiscal general a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos.

Righi instruyó también a los fiscales para que presenten una denuncia formal cada vez que reciban amenazas o “tomen conocimiento de que otras personas las hayan recibido”. Por último, ordenó que la Unidad de asistencia del fiscal Croux intervenga “en carácter de coadyuvante, en forma conjunta o alternada”, en los expedientes que se abran como consecuencia de estas denuncias.

Ayer las hubo una detrás de la otra, hasta llegar a la decena:

- En Formosa, el juez federal Marcos Bruno Quinteros y el fiscal Nery López, quienes investigan la desaparición del abogado paraguayo Fausto Carrillo, recibieron cartas anónimas. Eran del mismo tipo que las que llegaron el miércoles y jueves por correo a otros juzgados.

- En Rosario recibió una carta el fiscal federal Francisco Sosa. El panfleto advierte: “Esta farsa tendrá su fin en cualquier momento y los que no hayan honrado su cargo de juez, fiscal o defensor deberán rendir cuentas ante un tribunal particularmente imparcial”.

- En Mendoza, el anónimo fue dirigido al juez federal Walter Ricardo Bento, quien investiga entre otras causas el asesinato de Francisco “Paco” Urondo, ocurrido en esa provincia en junio de 1976. En el texto se lo invita a renunciar porque el cargo le “queda grande”. Uno de los procesados por Bento es Luciano Benjamín Menéndez, ex titular del III Cuerpo de Ejército.

- En Salta, el juez Miguel Medina reveló que los fiscales Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba habían recibido también intimidaciones. La primera de las cartas les llegó el jueves al mediodía en un sobre oficio blanco, cerrado con sello y estampilla.

- En Catamarca, se sumaron a la lista el juez y el fiscal federal. Los autores de la intimidación, evidentemente desactualizados, enviaron el sobre a nombre del magistrado anterior, Pedro Armando Navarro, y no al juez hoy a cargo, Ricardo Moreno.

Las cartas fueron enviadas por Correo Argentino y despachadas desde sucursales porteñas ubicadas en la avenida Pueyrredón y Villa Urquiza.

Así, las intimidaciones se extendieron; inicialmente las habían recibido el juez Carlos Rozanski, titular del tribunal que condenó a Etchecolatz, y luego sus colegas de Tucumán, Bahía Blanca, Santa Fe, La Rioja y la Capital Federal.

El pedido de la Corte

Cuando los ministros de la Corte Suprema difundieron su reclamo todavía no se conocían las últimas amenazas. Es posible que en estas horas estén llegando más, ya que se mueven al ritmo de la distribución del correo. Quien las haya enviado no necesitó de grandes recursos: alcanza con la información publicada en los diarios y una guía judicial. Una inversión mínima, si se tiene en cuenta la gran repercusión conseguida. Pero su repercusión no hubiera existido sin la desaparición de Julio López.

Los ministros de la Corte redactaron su pedido en una reunión presidida por Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, en la que se conformó una comisión “de protección de la independencia judicial”.

“Requerimos a los poderes públicos que garanticen la debida protección y seguridad para los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal que tienen a su cargo la investigación de eventual acusación y decisión en estas causas”, consignaron en el comunicado. “Es necesario garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional, la debida protección de los testigos y bregar para que este tipo de hechos no se reiteren y tengan esclarecimiento y adecuada respuesta en el marco legalmente previsto”

En el texto, remarcaron “la profunda preocupación de los participantes por las amenazas recibidas por jueces y fiscales por su intervención en causas vinculadas a violación de los derechos humanos, pues la plena vigencia del Estado de derecho, con la consecuente independencia del Poder Judicial, no tolera este tipo de actitudes antidemocráticas”.

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La testigo Nilda Eloy, después de declarar en el juicio contra Miguel Etchecolatz.
 
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