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Armas, la secretaria de López Rega y una redacción

La causa de la Triple A no prescribe y Romeo figura prominentemente en ella, como director de su órgano oficial. De hecho, fue denunciado en 1975 por un militar que vio un arsenal en lo que se suponía era su redacción.

 Por Irina Hauser

El relato de Juan Segura, un teniente del Regimiento de Granaderos, fue una de las primeras pruebas que tuvo la investigación judicial sobre los crímenes de la Triple A, abierta a mediados de 1975. Un mediodía, venía manejando una camioneta del Ejército cuando, en Palermo Chico, sufrió un desperfecto que lo obligó a parar. Un policía le señaló un edificio blanco, en Figueroa Alcorta 3297, y le sugirió que era el lugar indicado para hablar por teléfono y pedir ayuda. Allí le dijeron que funcionaba la revista Puntal, poco antes llamada El Caudillo, bajo la dirección de Felipe Romeo. Había armas a la vista y apareció una mujer a quien todos aludían como la secretaria “del ministro José López Rega”. El oficial se fue con cinco revistas de regalo bajo el brazo. Horas más tarde denunciaba ante su jefe, el coronel Jorge Sosa Molina, que se trataba de una sede disfrazada de las “Tres A”.

Sosa Molina, que encabezaba la custodia de Granaderos de la Casa de Gobierno y la quinta de Olivos, elevó la denuncia de Segura al Estado Mayor del Ejército, a cargo del represor Jorge Rafael Videla. En los meses previos al golpe de Estado la revelación del granadero fue utilizada y difundida por la cúpula de las fuerzas armadas para instalar un discurso de supuesta preocupación por las acciones de la ultraderecha, cuando en realidad tenía injerencia en ella.

Cuando el diario La Opinión publicó que el Ministerio de Defensa tenía una carpeta con todos los datos sobre la Triple A, un abogado hizo una denuncia ante el juez federal Teófilo Lafuente. Señalaba como sus líderes a López Rega y a los policías encargados de la seguridad oficial, Rodolfo Eduardo Almirón y su suegro Juan Ramón Morales. Entre los 40 cuerpos que hoy tiene la causa hay recortes de las revistas Puntal y El Caudillo, a las que se describe claramente como los órganos de difusión de la organización terrorista que dirigía El Brujo desde el Ministerio de Bienestar Social.

El granadero Segura no pudo contar ante la Justicia lo que vio. El expediente judicial explica que Videla “nunca lo relevó del secreto profesional”. Ni siquiera pudo hablar cuando, en democracia, fue reflotada la causa: había muerto el 28 de noviembre del 1979 “en un accidente que guardó relación con actos de servicio”, según reportó el Ejército. Sólo se pudo incorporar lo que dijo en el sumario militar. Quien declaró fue su jefe: relató que López Rega lo citó en su despacho en la Casa de Gobierno para pedirle explicaciones por la denuncia que lo involucraba. “Yo le contesté que me extrañaba que una denuncia reservada, por vía militar, fuera de su conocimiento”, dijo Sosa Molina.

En aquella época, no era ningún secreto que Felipe Romeo dirigía El Caudillo. Los editoriales siempre llevaban su firma y algunas veces también su foto. La revista tuvo varias sedes distintas (ver nota central). Pero el edificio de Figueroa Alcorta, si alguna vez había sido la redacción, el día que entró Segura era otra cosa. “Era el cuartel general de Morales y Almirón”, afirma Ignacio González Janzen en su libro La Triple A. También cuenta que López Rega ordenó desalojarlo apenas se enteró de la investigación abierta.

Romeo también tiene algunas páginas dedicadas en el expediente. Allí declaró el dueño del inmueble de Palermo Chico, Luis Carlos Mariscotti, y dijo que se lo había alquilado al propio Romeo para que “funcionaran oficinas de redacción”. Sólo iba a cobrar el alquiler, pero le aseguró al juez que los vecinos le habían comentado que allí circulaban “personas armadas en forma regular y que se efectuaban actividades sospechosas”.

Otro de los testimonios que nutrió la pesquisa al comienzo fue el de un teniente del Ejército, Salvador Paino. Era una especie de arrepentido que había estado a cargo de las relaciones públicas de Bienestar Social. Según su versión, cuando lo quisieron reclutar para cometer atentados se abrió, fue amenazado y luego detenido, acusado de quedarse con plata. Paino le entregó a la Justicia un croquis con el organigrama que mostraba cómo funcionaba la Triple A y quiénes eran sus protagonistas. El dibujo incluía a El Caudillo y decía que su personal “estaba preparado para cumplir órdenes tendientes a que llevara a cabo actos de terrorismo”.

Toda esta historia había quedado olvidada hasta que hace tres semanas el juez Norberto Oyarbide se dio cuenta de que estaba en una estantería de su juzgado. Fue a raíz del hallazgo de Almirón en España, cerca de Valencia, por una investigación periodística. El ex subcomisario estuvo acusado desde un principio por los mismos asesinatos que López Rega, entre ellos el del diputado Rodolfo Ortega Peña, el del ex subjefe de la policía bonaerense Julio Troxler, y el de Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi. Pese a que su captura estaba pedida desde 1984, recién ahora se concretó la detención.

López Rega fue extraditado en 1986. El entonces fiscal Aníbal Ibarra pidió su prisión perpetua por asociación ilícita y al menos seis homicidios. Pero no se llegó a dictar sentencia, ya que El Brujo murió antes, en junio de 1989.

En su dictamen Ibarra dedicó varias páginas a la revista El Caudillo. “Era financiada por el ministro de Bienestar Social, José López Rega. Es más, en ninguna otra publicación de la época dicho ministerio realizaba semejante publicidad y con tanta exclusividad. Y esto no se hace con un periódico ideológicamente ajeno sino con uno propio”, señalaba Ibarra. Luego agregaba dos páginas con citas para explicar por qué era “delictivo mantener una publicación” así. Una de sus consignas habituales era, ponía como ejemplo, “el mejor enemigo es el enemigo muerto”.

Nunca hubo condenas por los asesinatos de las “Tres A”. Almirón llevaba hasta ahora una vida normal y apacible. Igual que otros personajes que fueron del círculo íntimo de López Rega, como Miguel Angel Rovira, que en 2001 era jefe de seguridad de Metrovías. Igual que Romeo, que restaura cúpulas y edificios antiguos.

Pero hace unos días el juez Oyarbide declaró que aquellos crímenes cometidos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón son delitos de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. Toda una novedad que llevó a que el equipo del juzgado esté en estos días, pese a la feria judicial, abocado a rastrear a los candidatos al banquillo.

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