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Sin intervención, pero con delegado investigador

Interior descartó intervenir La Rioja, pero envió al diputado Dovena a estudiar el conflicto. Maza perdió un amparo.

“Los problemas de las provincias se deben resolver con sus propias herramientas dentro de la provincia”, aseguró ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández, desestimando la posible intervención federal a la provincia de La Rioja, que estuvo sonando estos últimos días. Igualmente, arribó ayer una delegación enviada por el Ejecutivo nacional para monitorear la situación. A su vez, el Partido Justicialista local convocó a la dirigencia para evaluar si se movilizará el martes, cuando la Legislatura trate la suspensión del gobernador Angel Maza.

Enredada en un enfrentamiento entre Maza y su vice, Luis Beder Herrera, La Rioja está inmersa en una disputa interna que llegó hasta la Casa Rosada. Si bien se había dejado trascender que el gobierno nacional podía llegar a intervenir la provincia, finalmente el titular de la cartera política lo descartó, aunque no definitivamente. “En La Rioja hay un conflicto severo de avasallamiento entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo que tiene que resolverse y nosotros aspiramos a que se resuelva con las propias herramientas de la provincia y que no tenga que actuar el Gobierno”, afirmó Fernández.

Con el objeto de palpar de cerca el desarrollo del conflicto, el gobierno nacional tomó la decisión de enviar una delegación encabezada por el diputado oficialista Dante Dovena, quien ya desembarcó en la provincia. La idea era que el legislador recaude la mayor cantidad de información sobre la situación, para evaluar todas las contingencias que puedan suceder.

Hasta el momento las noticias no fueron favorables para Maza. El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, dio por tierra con otro intento de la gobernación riojana por “federalizar” la disputa y rechazó el amparo contra la Ley de Presupuesto 2007 que había presentado el secretario de Hacienda, Alejandro Caridad, al declararse incompetente por entender que el tema involucrado era “la asignación y designación de fondos correspondientes a la provincia para atender necesidades esenciales de sus habitantes”, por lo cual es competencia “exclusiva y excluyente” de la Justicia local.

La Comisión Investigadora de la Legislatura ratificó tener pruebas en contra de Maza, pero será la Sala Acusadora la que finalmente decidirá si debe iniciarse el procesamiento para el juicio político. Como respuesta a que esta situación se concrete, el PJ provincial que controla el mandatario riojano se mostró en alerta y convocó a una reunión para este lunes a todos sus dirigentes, donde evaluarán la convocatoria a una movilización para el martes, día en el que se realizará la sesión en la que los legisladores de mayoría bederista tratarán la suspensión del gobernador.

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Maza y Beder Herrera, gobernador y vice, en tiempos mejores.
 
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