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Despunta el debate para cambiar la Ley Cafiero

Con el objetivo de avanzar en la autonomía porteña, las bancadas oficialistas y opositoras empezaron a definir el alcance de los cambios propuestos.

 Por Miguel Jorquera

Con más dudas que certezas, el Congreso se prepara para discutir la derogación parcial de la Ley Cafiero y avanzar en la autonomía porteña. El “borrador” del proyecto que impulsó el ex candidato oficialista Daniel Filmus y que consensuó puertas adentro de la bancada del Frente para la Victoria fue denostado por la oposición y no tiene el visto bueno del gobierno nacional. En tanto, el PRO discute en dos planos el traspaso a la ciudad de distintos organismos que van desde la policía hasta el puerto: Mauricio Macri instruyó a sus diputados para que se reúnan con Alberto y Aníbal Fernández en busca de consensos, mientras impulsan la integración de la comisión legislativa sobre la autonomía de la ciudad que no tiene designados sus miembros. El resto de la oposición respalda la “plena autonomía”, pero no quiere sólo “protocolizar un acuerdo cerrado” entre el Presidente y Macri, por fuera del Parlamento.

“El proyecto de resolución es todavía sólo un borrador”, afirmó a Página/12 la diputada kirchnerista Juliana Marino. Ella fue la encargada de lograr un difícil consenso entre los miembros de la bancada oficialista, cuando –todavía en campaña– Filmus acudió a la Cámara de Diputados para “impulsar” la autonomía porteña. El borrador fue girado a la Jefatura de Gabinete, que en medio del fragor del ballottage no se expidió sobre el proyecto. Marino volvió a insistir ayer con un pedido de entrevista con Alberto Fernández.

Entre sus siete modificaciones a la Ley Cafiero, el borrador establece que “el gobierno nacional ejercerá en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad” para “asegurar la efectiva vigencia de las normas federales”. Aunque le asigna a la ciudad “el ejercicio de las funciones y facultades de seguridad en materias no federales”.

También establece un plazo de 120 días para la celebración de un convenio para el traspaso a la ciudad de “aquellas estructuras de la Inspección General de Justicia que sean innecesarias para el Estado nacional y la ciudad estime útiles”. Luego asume el compromiso de transferir “las partidas correspondientes y servicios asumidos por la ciudad”. Pero la iniciativa oficialista no logró atravesar la muralla de críticas de las bancadas opositoras.

El jefe del bloque macrista, Federico Pinedo, se comunicó con el presidente de la Cámara baja, Alberto Balestrini, para avanzar en la discusión parlamentaria sobre la autonomía. Balestrini, que acompañó a Néstor Kirchner en Santiago del Estero y compartirá con él la cumbre del Mercosur en Paraguay, le contestó que le pedirá al Presidente “instrucciones” para encauzar las conversaciones.

Pinedo fue el hombre elegido por Macri para negociar con el jefe de Gabinete distintos aspectos sobre el tema, en una reunión que se concretará el lunes próximo, mientras el también diputado Eugenio Burzaco será el encargado de dialogar con el ministro de Interior por el traspaso de la policía; y un tercero se entrevistará con el titular de la cartera de Planificación, Julio De Vido, para discutir sobre obras públicas y el tema portuario.

Después de “valorar como muy buena y decidida la actitud del Presidente” en el diálogo que mantuvo con Macri en Casa de Gobierno, Pinedo afirmó a Página/12 que el PRO “reclamará el manejo de la policía, la Justicia, el transporte, incluido los subtes, y el puerto, porque así lo establece la Constitución de la ciudad”.

La mayoría de los bloques opositores respaldan que el debate por la autonomía pase por el Congreso. El jefe de los diputados radicales, Fernando Chironi, defendió ante este diario sus propios proyectos para derogar la Ley Cafiero y que el Parlamento sea “el ámbito de discusión y de consenso para lograr un solo proyecto común y no la imposición de un proyecto con el sello oficial”.

“Vamos a defender nuestra posición histórica a favor de la autonomía plena de la ciudad, como lo hicimos antes, durante y después de las elecciones”, aseguró el presidente del bloque arista en diputados, Eduardo Macaluse. Sin embargo, advirtió que “no vamos a hacer de muñequitos de metegol con los que otros mueven sus propios proyectos”. Macaluse insistió en la necesidad de un “debate amplio y franco”, pero que “el ARI no va a avalar que el Congreso sea la escribanía de los acuerdos que otros sellan por afuera del ámbito parlamentario”, en referencia a los posibles arreglos que sobre la autonomía puedan cerrar el Gobierno y el macrismo.

El lavagnista Jorge Sarghini opinó a título personal porque “todavía no discutimos el tema dentro del bloque”, pero no dudó en cargar contra Kirchner por la “mayor voluntad del Presidente a acordar con Macri y no con los bonaerenses”, en relación “al incumplimiento de las demandas provinciales”. Sarghini se mostró dispuesto a un debate en “un marco más amplio”, que incluya “también el traspaso de los recursos”, porque “el excesivo centralismo del gobierno nacional hace que la provincia tenga plena autonomía pero no los recursos para ejercerla”.

Mucho más crítico fue el diputado de la CTA y ex candidato a jefe de Gobierno en la ciudad Claudio Lozano. “Nuestra propuesta es de autonomía plena, pero acá sólo se habla del traspaso de la policía y el puerto. Con la policía, Macri tendrá capacidad represiva, pero no habrá justicia si no se traspasa también la Justicia”. Sobre el reclamo del control portuario dijo que “sólo tiene motivos inmobiliarios, tanto de Macri como de De Vido, para emprender Puerto Madero dos. El puerto es un sector estratégico de la economía y debe tener un control tripartito, donde participe la ciudad, pero también el Estado nacional y los trabajadores”, sostuvo.

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Antes del 15 de agosto, según el acuerdo de Kirchner y Macri, se sancionaría la nueva ley.
Imagen: DyN
 
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