ECONOMIA › OPINION

El cambio y las dudas

 Por Alfredo Zaiat

La irrupción de Felisa Miceli en el Ministerio de Economía implicó un sustancial cambio en la lógica de la designación del encargado de ocupar ese estratégico cargo. Esos funcionarios han tenido, históricamente, un lugar relevante en los gabinetes nacionales. Las crisis periódicas los colocaban por encima de sus colegas de la administración, hasta llegar a niveles de compartir espacios de poder con el mismísimo presidente de la Nación. Esta distorsión ha sido una manifestación más de los profundos desequilibrios que se expresaban en las variables de la economía. Con Miceli esa dinámica cambió, para mejor. La agenda de temas que ella incorporó al debate de las medidas económicas recorre un carril diferente al elegido por sus antecesores. El ministerio no fue alquilado al establishment. No está en manos de un delegado de la Fundación Mediterránea (Cavallo), de uno de la ultraortodoxa Universidad Cema (Roque Fernández), de uno de la liberal Fiel (López Murphy), de un Grupo Económico (Roig y Rapanelli, de Bunge & Born) y ni de un conspicuo miembro de la Sociedad Rural (Martínez de Hoz). Así, la existencia de un poder paralelo en Economía ha significado uno de los principales disciplinadores del área política de los gobiernos. Como se ve, en diferentes momentos y diversos grupos de presión tuvieron su delegado en el ministerio en las últimas tres décadas. Esto no significa que ahora diversos lobbies no busquen tener influencia ni que no haya grupos de empresarios cortesanos del poder siempre bien posicionados para conseguir oportunidades de negocios.

Por todo esto resulta imprescindible que Miceli despeje todas las dudas sobre el dinero encontrado en su despacho. La discusión sobre el monto, si eran 241.000 dólares en distintas monedas o si la suma era 31.670 dólares y 100.000 pesos, no agota la cuestión. Las sospechas, en una sociedad hipersensible por la sucesión de hechos de corrupción en las últimas décadas, no se saldan informando que ese dinero estaba destinado a una operación inmobiliaria o afirmando que la ministra es descuidada con sus pertenencias. En realidad, Miceli no debería esperar a que la Justicia le reclame todo tipo de precisiones (el movimiento del dinero, la evolución de sus declaraciones patrimoniales, las características de la operación que no pudo realizar) para otorgarlas a la opinión pública.

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