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El Procurador General Nicolás Becerra confirmó que las leyes de punto final y de obediencia debida son nulas para proteger a los autores de crímenes contra la humanidad y dijo que declararlo así defendía el decoro de la sociedad. Su dictamen, que ingresó ayer a la Corte Suprema, es un valioso paso a favor del respeto por las reglas y la normalidad institucional de la Argentina, en un momento en el que se dan tantos pasos en el sentido contrario. “Velar por la legalidad implica necesariamente remediar los casos concretos de injusticia, tener en cuenta que en estos acontecimientos históricos siempre estuvieron presentes seres humanos que, como Antígona en su desesperación, claman resarcimiento conforme a la ley o conforme a los derechos implícitos que tutelan la vida, la seguridad y la integridad; y que la única solución civilizada a estos problemas ha querido llamarse Derecho”, dice el texto. También alude a los “momentos de desolación y fatiga” que atraviesa la República, en la que “se ha deteriorado todo, la funcionalidad de las instituciones, la calidad de la vida, el valor de la moneda, la confianza pública, la fe civil, la línea de pobreza, el deseo de renovar la apuesta cívica. Un Estado que apenas puede proveer Derecho, apenas seguridad, apenas garantías, poco tiene que predicar”, reflexiona.
A pedido del CELS, el ex juez federal Gabriel Cavallo había declarado en marzo de 2001 que ambas leyes eran nulas e inconstitucionales, en una causa que las Abuelas de Plaza de Mayo habían iniciado por la sustitución de identidad de Victoria Poblete. Su colega Claudio Bonadío dispuso lo mismo meses después en la causa iniciada por Federico Gómez, cuyo padre fue detenido en 1977 y sigue desaparecido. Los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de la Capital, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi, confirmaron esos fallos y la Sala I de la Cámara de Casación Penal, por el voto de los jueces Juan Fégoli y Liliana Catucci, con la disidencia de Alfredo Bisordi, rechazaron el recurso la apelación de Julio Simón, alias el Turco Julián, uno de los secuestradores del matrimonio Poblete y su hija. Los jueces de primera instancia, la Cámara Federal y ahora la Procuración General sostienen que los secuestros, torturas y desapariciones forzadas de personas cometidos durante la dictadura militar constituyen delitos contra la humanidad. Como tales, no están sujetos a amnistías ni hay plazo alguno cuyo transcurso implique el abandono de la persecución penal de sus responsables. Firmado en la misma semana en que el gobierno de los Estados Unidos envió a la Argentina cuatro cajas de documentación que ratifican el carácter sistemático y vertical que el terrorismo de Estado tuvo en aquellos años, el dictamen abre la puerta para que la nulidad sea confirmada por el más alto tribunal del país.
Una especulación generalizada en estos días indica que la Corte Suprema amenaza con confirmar la nulidad si el gobierno nacional no cierra el procedimiento del juicio político a sus integrantes. Esa versión interesada se originó en las Fuerzas Armadas y no refleja la realidad. Las presiones que se ejercieron sobre la Procuración sólo provinieron de los Estados Mayores del Ejército y de la Armada. El gobierno, por el contrario, hizo saber que no tenía interés alguno en el resultado de la causa. Los genocidas valen tan poco, que ni sirven de moneda de cambio entre los conflictuados poderes del Estado en crisis. La perspectiva de un fallo confirmatorio de la Corte sólo tiene que ver con los méritos del caso, ya establecidos por las instancias anteriores pero también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso del Perú, idéntico al argentino. En Lima los procesos interrumpidos por una ley de amnistía se reanudaron hace un año cuando el tribunal interamericano la declaró nula. Un sondeo de opinión publicado por “Clarín” cuando Cavallo firmó el primer fallo indicó que el 78 por ciento de la población estaba a favor de la declaración de nulidad y la reanudación de los juicios. Los juecessupremos argentinos ya saben qué les esperaría si decidieran ir en contra de esa corriente.
En su lobby sobre los funcionarios judiciales, el almirante Joaquín Stella y el general Ricardo Brinzoni afirman que están haciendo esfuerzos para contener a los oficiales jóvenes que se sienten agredidos. Eso tampoco es cierto. Quien está inquieto es el general Brinzoni, quien fue denunciado por el CELS a raíz de su participación en la masacre de Margarita Belén, cuando era secretario general de la intervención militar en el Chaco. Es una reacción comprensible que intente protegerse rodeándose por los oficiales jóvenes y que el jefe de la Marina lo acompañe, por solidaridad. El problema es que no hay un solo oficial joven que tenga nada que temer, ya que por razones generacionales no tuvieron intervención en aquellos episodios. El dictamen concluye con palabras de ostensible actualidad: “De alguna forma hay que salvar el decoro de una sociedad que debe sobrevivir con dignidad y cuyos intereses la Constitución nos manda defender. La planificación política jamás debiera asfixiar a la prudencia jurídica porque el jurista y el juez son la voz del Derecho que sirve a la Justicia. De otro modo mereceremos vivir horas imposibles”, concluye.