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El proyecto de publicidad de las declaraciones juradas que encomendó la Corte a un grupo de organizaciones no gubernamentales lleva la firma de representantes de la Fundación Bicentenario (que intentó frenar la designación de Raúl Zaffaroni en la Corte) y del Colegio de Abogados de Buenos Aires (que responde a Roberto Durrieu, subsecretario de Justicia de la dictadura y asesor de Juan Carlos Blumberg). Además, por la asociación Conciencia se suma Amalia Mattio, que fue la segunda de la oficina de Etica de Carlos Menem, un área que en su momento salió en defensa de ex funcionarios acusados de enriquecimiento ilícito como María Julia Alsogaray. También están el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), Unidos por la Justicia, dos funcionarios de la Corte y el camarista penal económico Roberto Hornos. El modelo propuesto prevé avisarle al juez requerido, se reserva un margen importante para rechazar el acceso a la información y no estipula mecanismos de control.