La causa judicial impulsada por el Gobierno contra una decena de ambientalistas por los más de tres años de bloqueo al paso fronterizo que comunica con el Uruguay sigue su curso. El fiscal Ricardo Alvarez apeló la resolución de la Cámara Federal de Paraná que había ordenado que no prospere la querella, y ahora el expediente será girado a la Cámara Nacional de Casación Penal, con sede en los Tribunales de Comodoro Py. Este revés se suma a las tres causas abiertas por los bloqueos parciales que realizaron durante el mes de septiembre, que involucran a 25 vecinos que están declarando, acusados del delito de corte de ruta. “La paradoja es que el fiscal Alvarez, a cargo de la Unidad Ambiental que creó el Poder Ejecutivo, no hizo ninguna actuación para impulsar la pesquisa contra los directivos de Botnia por el desecho de residuos peligrosos, pero sí hace una persecución a los asambleístas”, acusó Luis Leissa, abogado de la asamblea.