[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Entre el 8 y el 10 de octubre el Ejército organizará un simposio internacional sobre “El uso de la fuerza por razones humanitarias, en el marco de las nuevas amenazas a la seguridad internacional”. La Secretaría General ha conseguido el auspicio del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), en cuyas sedes se realizará el encuentro, con el alegado propósito de “promover y desarrollar el diálogo entre expertos de defensa y derecho internacional humanitario”. Los moderadores serán el asesor del ministro de Defensa Angel Tello y los coroneles Jorge Horacio Cella, Carlos Del Torchio y Osvaldo Lamas. Por el Ejército los coordinadores ejecutivos serán los coroneles Adrián Armando Dale y Juan José Gatti. La Secretaria Académica del CARI que formula las invitaciones es, como corresponde al tema, la licenciada Solange Coronel.
En apariencia, planteos pertinentes para estos tiempos, encarados en un ámbito académico por personas inobjetables. Hasta que se revisa la lista de conferencistas. Entre ellos hay diplomáticos, académicos y militares de la Argentina, España, Chile, Italia y el Uruguay. Pero también figura, en séptimo lugar por discreto orden alfabético, el denominado general de justicia Carlos Horacio Cerdá, a quien sus camaradas llaman cariñosamente
El Bimbo
La dictadura militar formó en la Secretaría General de la Presidencia un equipo de especialistas civiles y militares, para encubrir lo que ocurría y atenuar las reacciones políticas. Uno de sus integrantes principales era Cerdá. Mientras los jefes de la dependencia rotaban, Cerdá permaneció como el intelectual de esa fuerza de tareas con Jorge Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri. Luego fue subsecretario de Interior bajo el último dictador, Benito Bignone. Repárese que todos ellos, salvo Viola que murió, están bajo arresto por crímenes contra la humanidad.
La de Cerdá fue una de las miles de puertas que los familiares de las personas secuestradas tocaron. Según Emilio Mignone, Cerdá respondió durante una audiencia con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que para las Fuerzas Armadas los desaparecidos constituían un caso cerrado y que sus hijos habían sido entregados en adopción a familias que los educarían sin odio ni resentimiento. En un reportaje al diario ABC de Madrid, Cerdá dijo que los desaparecidos no le importaban a la mayoría de los argentinos porque “el pueblo sabe que sobre ese dolor se construyó la paz y la seguridad que hoy gozamos”. Se burló de los organismos de derechos humanos y dijo que lo que demandaban era una lista de asesinos. También fue el autor intelectual de la ley de autoamnistía, que el Congreso y la Justicia declararon nula.
Reciclado en el Estado Mayor Conjunto, después de 1983 insistió en reivindicar los crímenes del la dictadura. Durante el juicio a los ex Comandantes envió a la Cámara Federal una colección de documentos y un escrito en el que justificó la abrogación de toda norma de derecho ante situaciones de guerra que comprometieran la seguridad nacional. La Cámara Federal devolvió la carpeta a Defensa, por donde Cerdá no se había molestado en hacerla pasar.
Aun así, en 2001 el ministro de Defensa Horacio Jaunarena lo propuso a la Cancillería y ésta al mundo como “experto independiente” para la comisión de encuesta del artículo 92 del protocolo adicional 1 a las convenciones de Ginebra, cuyos quince miembros tienen la misión de supervisar la aplicación del derecho humanitario en conflictos armados. Esto provocó un escándalo en varias de las embajadas argentinas que objetaron la directiva de hacer lobby por su candidatura. Como correspondea un individuo de su catadura, ninguno de los antecedentes que aquí se mencionan acompañaron el curriculum vitae que respaldaba su nominación, lleno en cambio de hojarasca burocrática sobre cargos en organismos y conferencias que lo admitieron ignorando quien era. Cuando el malestar llegó también al Congreso, donde legisladores de oficialismo y oposición reclamaron a la Cancillería, el entonces ministro Adalberto Rodríguez Giavarini quitó el apoyo a la candidatura.
Antes de eso, el ex ministro de Defensa Ricardo López Murphy, el jefe del Ejército Ricardo Brinzoni, y el del Estado Mayor Conjunto, Juan Mugnolo habían discurseado sobre las “nuevas amenazas” que se cernirían sobre la sociedad. Entre ellas, López Murphy mencionó “el terrorismo internacional”, pero también “la pobreza extrema, la superpoblación y migraciones masivas, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales”. Esto habría “revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles y compromisos en el orden nacional”, agregó. El Congreso, que en las décadas de 1980 y 1990 había establecido la rígida separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, donde no les corresponde actuar a las Fuerzas Armadas, ratificó ese criterio en 2001, al sancionar la Ley de Inteligencia Nacional. Pero el Ejército no se rinde, al menos ante la sociedad y sus autoridades civiles. Inmune a la experiencia, con este simposio vuelve a la carga, en demanda de recuperar el anhelado rol policial. El discurso de López Murphy en 2000 sigue constituyendo su inquietante programa de acción, escrito en el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Peores aún son los intérpretes aborígenes: del neonazi Juan Torres Bande como abogado de confianza al ideólogo de la dictadura Cerdá como experto en derecho humanitario, el artillero Brinzoni no mejora la puntería en la elección de sus instrumentos. La detención en Resistencia de media docena de policías torturadores, ordenada por el juez federal Carlos Skidelsky, preanuncia nuevas dificultades para Brinzoni. Las torturas fueron cometidas hace 27 años y la acción penal no prescribió porque constituían crímenes contra la humanidad, igual que aquellos que la ley de obediencia debida pretendió proteger. Skidelsky es también el juez a cargo de la causa por la masacre de Margarita Belén, cometida en diciembre de 1976, mientras Brinzoni era Secretario General de la intervención militar en El Chaco.