Hasta 1974 fue sólo Carlos Villafuerte. Ese año, según se cuenta en una nota de La Nación, se agregó el apellido materno, Ruzo, tras enterarse de que tenía un tocayo guerrillero “al que buscaba la policía”. Villafuerte estaba entonces iniciando su carrera judicial y se preocupó incluso por que el cambio de nombre quedara registrado en su documento.

El dato es lo suficientemente viejo –y personal– para que pocos lo conozcan. Para la mayoría de la gente, Villafuerte Ruzo es recordado como el juez que investigó la muerte de Carlos Menem (h). Y el que actuó en la masacre de Ramallo.

Católico marianista –de los devotos de la virgen María–, Villafuerte es padre de cinco hijos y poco amigo de los reportajes. Estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires. Entró al Poder Judicial por un tío camarista, a principios de los ’70, y permaneció allí hasta llegar a la fiscalía federal de San Isidro.

Fue fiscal federal de ese distrito en la época en que fueron jueces Alberto Piotti y Roberto Marquevich. Con el último participó en investigaciones contra el narcotráfico que lo dejaron en buena relación con la DEA, la agencia antidrogas norteamericana.

En 1996 asumió como juez federal de San Nicolás. Allí le tocaron los casos de mayor exposición. Carlos Menem (h) había muerto el año anterior y Zulema Yoma estaba convencida de que la caída del helicóptero en el que su hijo viajaba junto al piloto Silvio Oltra había sido un atentado. Zulema siempre postuló una venganza contra su ex marido por supuestos negocios.

En 1998, después de cuatro años de investigación, el juez desechó la hipótesis del atentado y archivó el expediente. Ella intentó llevarlo a juicio político, pero la denuncia no prosperó.

El caso de la masacre de Ramallo tuvo un impacto tal vez mayor. Villafuerte era titular del juzgado cuando ocurrió la toma de rehenes en un asalto al Banco Nación, y ante los desastrosos resultados del operativo policial en el que terminaron muertos el gerente y el contador de la sucursal y uno de los ladrones, fue denunciado por su presunta responsabilidad en la decisión de un procedimiento de mano dura. Sin embargo, varios años más tarde, el Consejo de la Magistratura no dio lugar a esta acusación y sostuvo que el operativo había sido de total responsabilidad de la policía.

Fue uno de los jueces que acumularon gradualmente quejas y denuncias por poner trabas a la investigación de violaciones a los derechos humanos (ver nota central). Vale citar el caso de Luis Abelardo Patti: él argumentó que “no había elementos tan siquiera como para indagar” al ex comisario por el secuestro, tortura y homicidio de Roberto Gastón Gonçalvez y Diego Muniz Barreto, por los que Patti sería luego condenado a prisión perpetua.