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Aunque nadie nombró a la soga en la casa del ahorcado, a ninguno de los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ayer debatieron sobre el reglamento que debe regir a la designación de los jueces de la Corte Suprema mocionados por el Ejecutivo, se le escapó que lo que estaba detrás eran los cambios que se avecinan en el máximo tribunal.
Tres proyectos proponen modificaciones reglamentarias para incorporar la figura de las audiencias públicas y la participación de Organismos No Gubernamentales en ellas. Uno presentado por la santacruceña, Cristina Fernández de Kirchner, otro por la porteña Vilma Ibarra y un tercero del riojano Jorge Yoma y del rionegrino Miguel Angel Pichetto. Los proyectos de Kirchner y de Ibarra coinciden en incorporar al reglamento del cuerpo la figura de las audiencias públicas en el caso de los jueces del máximo tribunal. Las audiencias no son vinculantes para que los senadores otorguen su acuerdo pero serían un antecedente difícil de obviar.
La iniciativa defendida por Yoma en la reunión de comisión extiende las audiencias públicas a todos los casos en los que el Senado debe prestar acuerdos. Esto es incluir en este régimen a los integrantes del ministerio público, ya sea fiscales o defensores públicos; a los jueces federales, a los representantes diplomáticos y a los cargos militares.