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La opinión de los expertos

- MARÍA ELENA NADDEO*

Existe la judicialización entre los menores, una situación que persiste por la confusa y contradictoria legislación vigente: aún no se terminó de incorporar la Convención de los Derechos del Niño, aprobada en los años ‘90 pero que muchas provincias aún no la pusieron en práctica porque no modificaron la legislación local. Muchos jueces usan la concepción tutelar de la vieja ley de Patronato, el viejo principio que dispone la internación de los menores ante situaciones de riesgo moral o material. Una disposición arbitraria y subjetiva: sin plazos, sin términos y a su criterio. La Convención y las nuevas reformas plantean medidas de protección integral que se basan en la inclusión de políticas sociales a cargo del Poder Ejecutivo. Intentan asegurarles a los niños el ejercicio de su derecho en un contexto distinto, donde la Justicia no debe tener injerencia o intervención.
Este tipo de situaciones provocan desarraigo familiar. Este es el primer efecto, pero el segundo son los peligros que representa la judicialización para la víctima, ya que le es traumático convivir en una institución donde puede repetir más situaciones traumáticas. El problema en la Ciudad de Buenos Aires es que la Justicia todavía es nacional y en algunos casos no está totalmente consolidada la aplicación de la ley que ratifica la Convención.
* Presidenta del Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes Ciudad de Buenos Aires.


- GUSTAVO GALLO*

El caso de Tandil nos muestra un caso más de judicialización de la pobreza. La realidad es que la Justicia en vez de poder implementar políticas públicas integrales, revictimiza a los pibes. Las medidas de protección de personas, implementando la ideología del patronato, no tienen en cuenta la Convención y violan los derechos de los chicos. En este contexto, la Justicia más que ejercer una política de protección resulta una imposición que carece de las garantías jurídicas básicas y hace que el proceso sea inconstitucional, porque viola en letra y en espíritu la Convención por doble vía: está violando un tratado internacional pero además es un tratado que la Argentina ratificó en el ‘90 y en el ‘94. Frente a esto, debería solicitarse la implementación de juicio político para los jueces. Hasta ahora no ha habido juicios políticos sobre estas situaciones, siempre se trata de solucionar el problema por la vía apelatoria pero llegó el momento, después de diez años de vigencia de la Convención, de dejar de judicializar a la pobreza de una vez por todas y plantear que los jueces tomen otras medidas.
Al que hay que poner en mora no es a la víctima sino al Estado y al Poder Judicial. El primero porque no cumple, viola la Convención y el pacto de los derechos sociales, económicos y culturales de los chicos. Al Poder Judicial porque aplica un viejo paquete de normativas cuando debe aplicar la Convención.
* Presidente de la Comisión de los Derechos del Niño de la Asociación de Abogados de Bs. As.


- ALEJANDRO MOLINA*

No se puede decir que exista una política indiscriminada de judicialización; por el contrario, los jueces son los primeros que advierten, a veces con espanto, situaciones muy complejas. Es cierto que si tenemos un diagnóstico improvisado o incompleto de la situación, tampoco podemos correr el riesgo de separarlos nada más que porque la familia es pobre. Desde lo macro, hacen falta campañas de concientización donde la familia, la sociedad y el Estado ejerzan su responsabilidad en la protección de la infancia. El problema es determinar cuándo se trata de pobreza o cuando es incapacidad de los padres para cuidar: ésta es una cuestión bastante difícil de determinar.
El diagnóstico de Unicef está mostrando problemas conocidos que pueden haberse agudizado por el incremento de la pobreza. Pero a pesar de los altos niveles de pobreza, hay familias que tienen suficientes recursos de otro tipo para poder atenderlos y otros que tienen problemas que se agudizan por la intensificación de la pobreza. Hay padres con patologías encubiertas que han cuidado a sus hijos cuando tienen recursos, pero en situaciones de total indigencia se evalúa qué posibilidades les quedan. Por más que les den un Plan Jefas y Jefes están en riesgo, y los jueces, en algunos casos, optan por lugares alternativos.
* Defensor de Menores ante la Cámara Civil de Capital, ex titular del Consejo del Menor de la Nación.

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