La reforma previsional del macrismo avanza en el desfinanciamiento del sistema jubilatorio, en el deterioro de su solvencia, en la licuación del fondo de garantía de los haberes, beneficia a sólo una minoría del total de los jubilados, no frena la litigiosidad y con la pensión universal a la vejez transforma un derecho en una cobertura asistencial. Convoca además a una comisión para la revisión global del régimen en un lapso de tres años que, de consolidarse la estrategia del oficialismo de desmantelamiento del sistema de reparto y solidaridad intergeneracional, tiene el objetivo aún no explicitado de la privatización parcial o total de las jubilaciones.

A mayo de 2015 quedaban pendientes 268.355 causas por reajustes de haberes. Hoy no superarían los 250 mil. En 2015 se cancelaron unos 40 mil juicios con un desembolso de 12.500 millones de pesos. Cada uno sumó en promedio unos 375 mil pesos en retroactivo. Para este año en el Presupuesto Nacional está asignado un monto similar que alcanzaría para saldar otros 35 mil casos. La cancelación de los juicios y la extensión del reajuste al resto de los jubilados por encima de la mínima alcanzan a sólo una minoría del total del sistema. La reparación no es a todos los jubilados, sino a la cúpula de la pirámide de ingresos del régimen previsional.

En 2003 el porcentaje de jubilados que cobraba la mínima era del 30 por ciento, el haber medio lo percibía el 55 por ciento del total y la cobertura previsional alcanzaba al 70 por ciento de las personas con edad de jubilarse. Luego de las dos moratorias, el 75 por ciento pasó a cobrar la jubilación mínima, el haber medio alcanzó a poco más del 7 por ciento y la cobertura superó el 95 por ciento. De ese modo el sistema de protección social pasó de ser un instrumento de “contención social focalizado” de los noventa orientado por las políticas del Banco Mundial, a un esquema integrado por políticas de inclusión y ampliación de derechos sociales y económicos. Las transformaciones en la protección social implicaron un cambio de paradigma respecto del criterio privatista (de los fondos previsionales) y asistencial de los noventa. El avance en materia de protección de los sectores postergados significó la mudanza de un esquema de privilegios a uno de derechos garantizados y de una sociedad de beneficencia a una de derechos sociales.

La pensión universal para la vejez sería una continuación de la ampliación de esos derechos, pero el macrismo influido por el sentido construido en la sociedad respecto a que “la moratoria entregó jubilaciones a quienes no hicieron aportes”, la ha convertido en una dádiva, que es como piensa el neoliberalismo la protección social, al fijar el monto de la pensión en el 80 por ciento de la jubilación mínima. Esas personas ya no son sujetos de derecho a la jubilación, sino beneficiarios de una medida de “contención social focalizada” por no contar con los aportes suficientes para jubilarse.

Es un castigo doble para los trabajadores que durante la etapa activa fueron informales o desempleados. Ellos no fueron culpables de no haber realizado los aportes porque esa responsabilidad era del empleador, y si estuvieron desocupados fueron víctimas de políticas económicas que no impulsaron la creación de empleo. Ahora reciben un segundo castigo cuando el oficialismo propone como pensión universal el equivalente al 80 por ciento del haber mínimo. Las mujeres en esas mismas condiciones reciben un tercer castigo: le elevan la edad de 60 a 65 años para alcanzarla.

El desfinanciamiento del sistema previsional comenzó con el fallo de la Corte impulsado por su presidente Ricardo Lorenzetti, en los últimos días del anterior gobierno, que dispuso la devolución del dinero de la coparticipación (el 15 por ciento del total) afectado al pago de las jubilaciones a las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Fue la primera parada del tren para debilitar el régimen previsional de reparto y de solidaridad intergeneracional. La extensión de esa misma medida al resto de las jurisdicciones en los próximos tres años, sin definir cómo se cubrirá ese faltante de recursos, debilitará las finanzas del régimen jubilatorio. La segunda parada en ese tránsito es el proyecto de ley de pago de juicios a jubilados y reajuste de haberes con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

Ambas medidas orienta hacia la insolvencia del sistema en los próximos años en coincidencia con los tres que se impone como plazo la comisión encargada de proponer un nuevo régimen previsional. La conclusión es previsible: privatización parcial o total de las jubilaciones. Oportunidad para que el ministro Alfonso Prat Gay también le pida perdón a las AFJP.